En el año 2017 el Congreso de la República hundió las 16 curules para las víctimas del conflicto armado contempladas en el Acuerdo de Paz. Hoy, después de un fallo de la Corte Constitucional y una acción de nulidad por parte del Gobierno nacional, quedan en pie
Redacción DD.HH.
El pasado viernes 16 de mayo, por orden de la Corte Constitucional, se revivieron las 16 curules para las víctimas en la Cámara de Representantes que habían sido hundidas en el año 2017, después de tramitarse la conciliación en el Congreso de la República por las modificaciones hechas al texto del Acuerdo de Paz y, supuestamente, por no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.
Según la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras contra la Mesa Directiva del Senado y que busca garantizar los derechos constitucionales de las víctimas a la representación política, la votación del Acto Legislativo 05 de 2017 es válida, pues de los 102 senadores que votaron, cuatro de estos estaban siendo investigados o procesados judicialmente por corrupción, por lo que sólo 98 parlamentarios estaría habilitados para votar y, por lo tanto, 50 votos serían la mayoría absoluta.
El fallo de la Corte Constitucional, garantiza que, en el año 2022 con ocasión de las elecciones parlamentarias, se voten las curules de las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, y que, pese a todos los obstáculos interpuestos por la bancada del Centro Democrático y el desinterés por el cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno de Iván Duque, deberán ser celebradas el próximo 13 de marzo.
Son alrededor de nueve millones de víctimas las que ha dejado el conflicto armado interno en el país, y el acto legislativo que revive el fallo de la Corte, garantiza la participación política de regiones fuertemente golpeadas por la violencia y donde jamás ha existido representación política. Las 16 curules debieron ser una realidad desde el 20 de julio de 2018.
La violencia política y el abandono estatal
El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado en 2016, definió como parte de sus puntos centrales la apertura democrática y, por tanto, la participación política. Uno de los mecanismos para garantizar dicha apertura fueron las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, CTEP, para la Cámara de Representantes.
La justificación de la creación de la reforma política para garantizar las 16 CTEP, se fundamenta en el reconocimiento de un conflicto armado interno que ha tenido como característica la violencia política y, por tanto, la falta de garantías de los derechos políticos para lideresas y líderes de las regiones más olvidadas por el Estado colombiano, de sectores alternativos y de oposición al Establecimiento y donde la agudización del conflicto ha dejado miles de víctimas.
De lo que se trata es que, para los 167 municipios más pobres de Colombia ubicados en los departamentos de Cauca, Arauca, Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Chocó, Meta, Guaviare, Bolívar, Sucre, Nariño, Putumayo, Cesar, Magdalena, Córdoba, Tolima, las 16 circunscripciones especiales junto con los PDTS, garanticen no solo la representatividad, sino también que sean un impulso para la verdad, la justica, la reparación colectiva y las garantías de no repetición.
Las dificultades
Después del empujón de la Corte Constitucional que deja en firme las curules para la paz, y que deben ser ocupadas por víctimas y no por excombatientes, deben superarse otro tipo de dificultades. La elección de los nombres de las candidaturas debe coincidir con el registro de víctimas en el RUV, así como haber nacido en territorio colombiano y ser mayores de 25 años. De igual forma, las listas deberán ser escogidas por las organizaciones sociales de base.
Por otro lado, el desarrollo de las campañas se hará con total transparencia e igualdad de condiciones. Finalmente, otro de los obstáculos serán las garantías para asegurar una buena votación, pues si bien ya se tiene una fecha estimada, muchas de las regiones no cuentan con condiciones mínimas para ejercer el derecho al voto.
