Excombatientes, dirigentes indígenas, afrodescendientes, activistas comunitarios, líderes agrarios comprometidos con la implementación de la paz, están bajo amenaza de muerte y están siendo asesinados sin ninguna protección efectiva del Estado.
En lugar de “paz con legalidad” hay asesinatos con impunidad. El Fiscal encargado especulaba cínicamente el 20 de enero, al afirmar que solo había un caso de líder social asesinado, cuando en ese momento se calculaba más de uno por día. El papel de la Fiscalía sería eficaz si asumiera un enfoque coherente, que retome la experiencia vivida en la guerra sucia contra la Unión Patriótica, cuyos horrores se están reproduciendo a la vista de todo el mundo. La Procuraduría debe sancionar la negligencia o probable complicidad de los funcionarios del orden público. El gobierno debe demostrar con hechos que defiende las garantías, las libertades y los derechos ciudadanos.
El descomunal y super costoso aparato militar y policial que viene de la guerra contrainsurgente, debería concentrar sus esfuerzos en ayudar a implementar el Acuerdo Final según las normas constitucionales y legales, por tanto, no se entiende cómo es posible que los paramilitares actúen libremente en zonas claves del territorio. Estructuras del Ejército mantienen centros de espionaje contra las altas cortes y los críticos del gobierno. La inoperancia de los mecanismos instalados por el gobierno para proteger la vida de líderes sociales y excombatientes (PAO, Política de seguridad y convivencia) al margen del Acuerdo Final de Paz (Punto 3.4), lucen desconectados de los programas de desarrollo territoriales, de la sustitución de cultivos, de las medidas de reforma agraria y rural integral y del Plan de implementación que son el soporte material de la seguridad ciudadana.
Las explicaciones del presidente y los funcionarios señalan al ente abstracto del narcotráfico como responsable. Al especificar, ubican al ELN, al Clan del golfo y a las disidencias, de todos estos crímenes. Sin investigaciones, sin pruebas concretas, sin una estrategia que oriente y ayude a entender la sistematicidad de los asesinatos, no hay una explicación del Estado que identifique el porqué de los asesinatos, además quién financia las muertes por encargo, por qué se ejecuta a quienes apoyan la paz, la sustitución de cultivos, a los campesinos que están voluntariamente sustituyendo los cultivos y que a su vez son reclamantes de tierras y orientan a sus comunidades, sus organizaciones sociales, sindicales, casi todos comprometidos con la lucha popular y militantes progresistas.
El humillante compromiso de cogobierno con Pompeo, Guaidó, Craig Faller, jefe del Comando Sur, inventa amenazas, señala al gobierno de Venezuela de “proteger el terrorismo” y lo califica como un riesgo en la región, mientras atiza la guerra con ejercicios militares del Comando Sur en Colombia. El tema de la vida y la paz con soberanía y la autodeterminación son un componente ineludible de la lucha de los sectores progresistas y revolucionarios.
Justamente por ello, las fuerzas conscientes del país que reclaman el derecho a la vida, a las libertades plenas, a la solución de los justos reclamos que se expresan en el paro nacional, los cacerolazos, la protesta del pueblo y la exigencia de que se cumplan los Acuerdos de paz y todos aquellos surgidos de la lucha cívica y popular, no pasa por alto esta realidad que tratan de imponer la ultra derecha y el imperialismo. Llamamos a trabajar, unitaria y colectivamente por una gran movilización nacional sostenida y un Frente por la vida, la dignidad y la paz para el desmonte de la maquinaria de muerte que pretende ahogar los justos anhelos de las mayorías populares colombianas y para construir un proyecto de país con libertades, justicia social, democracia y autodeterminación.
