En las ciudades más importantes del país, miles de colombianos volvieron a las calles para exigir que Duque detenga las masacres, negocie con el movimiento social y que el Congreso apruebe los proyectos de ley presentados por el Comité Nacional de Paro
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
Cuando el Comité Nacional de Paro convocó nuevamente a las calles para este 26 de agosto, argumentó que lo hacía porque el gobierno Nacional no hacía nada ante las 67 masacres, la reiteración del asesinato de líderes y lideresas sociales y el exterminio de 283 excombatientes firmantes de la paz en los cinco años de búsqueda de la solución política al conflicto social y armado.
Pero uno de los puntos de mayor importancia era presionar al Congreso de la República para que dé trámite y apruebe los 10 proyectos de Ley presentados por el CNP, como lo dijeron varios de los manifestantes en Bogotá.
Gerardo Neita, profesor de Sociales en el colegio Sierra Morena, comentó que estaba en la calle porque hay que darle continuidad al Paro. “Hoy estamos presionando al Congreso de la República para que se aprueben los 10 proyectos de ley que hemos pasado como Comité Nacional de Paro. El Gobierno creyó que como no habíamos vuelto a las calles esto había parado. ¡No señor! Ahora nuestras propuestas están en el Congreso y vamos a luchar para que los puntos que exigimos se hagan realidad. Todo es por la educación pública, todo es por el bienestar de las familias de Colombia”.
Explicó que los manifestantes en todo el país habían retomado fuerzas para regresar, “y si el Gobierno sigue con su política de no diálogo, de represión y agresión estaremos en las calles hasta que entiendan que el pueblo es más que sus gobernantes”.
Empleados bancarios y jóvenes
También marcharon los trabajadores bancarios. Ricardo Gutiérrez, de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, Uneb, se movilizó porque el Gobierno no ha negociado con el Comité Nacional de Paro y para que se aprueben los proyectos presentados al Congreso, para que mejoren las condiciones laborales como el estatuto del trabajo y un auxilio económico para los menos favorecidos.
“Nos oponemos a las políticas de este Gobierno corrupto y asesino. Creemos que si el pueblo se mantiene en las calles tendrá que cambiar este Gobierno, a pesar de las amenazas y asesinatos de líderes sociales, sindicales y políticos”, concluyó.
Por otra parte, según el CNP hay una abierta persecución a los jóvenes, quienes con contundencia y decisión se expresaron en Paro Nacional, “encontrando la acción represiva y la actuación de la Fiscalía General con capturados a partir de montajes judiciales y acusados de terrorismo, criminalizando el derecho a la protesta”.
No obstante, otros motivos hicieron que jóvenes se manifestaran. Natalia Herrera, trabajadora de la Dian y afiliada a Sinedian, se manifiestó por el futuro del trabajo para los jóvenes en la Dian: “Necesitamos oportunidades y este Gobierno nos está cerrando las puertas. La idea es que los jóvenes nos hagamos partícipes, nos hagamos presentes, nos empoderemos para que hagamos valer nuestros derechos. La juventud debe visibilizarse”.
Explicó que en esa entidad la carga laboral es muy alta para y las importunidades para los ascensos son muy malas, a pesar de tener estudios de posgrado. Sobre la reforma tributaria comentó que es absurdo que quienes menos tienen les exigen tributar más y a quienes más tienen, les dan beneficios: “No se garantiza el principio de equidad, de eficiencia y de efectividad en la presentación y la exigencia de la tributación en Colombia”.
Reforma tributaria
Sobre la reforma tributaria, el CNP había dicho que esta sigue teniendo un profundo carácter neoliberal y regresivo, pues mientras mantiene incólume las gabelas a las grandes empresas y al capital financiero, descarga sobre los hombros de los trabajadores del Estado medidas regresivas.
En ese sentido, uno de los voceros nacionales del CNP, Francisco Maltés, expresó que también exigen al Gobierno nacional cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y rechazan la reforma tributaria que pretende congelar por 10 años los salarios de un millón 300 mil empleados públicos y darle facultades al Gobierno para suprimir y fusionar entidades, lo que redundará en masacres laborales.
Sobre la continuidad de las movilizaciones para este año, señaló: “Vamos a evaluar la coyuntura política, pero sin duda vendrán nuevas movilizaciones en Colombia, el estallido social continúa”.
