Vandalismo: infiltración policial

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Las mentiras de la prensa ocultan la represión de la fuerza pública, los muertos y heridos, calificándolos de “presuntos”, para dejar la sensación de que tales hechos están en duda. Foto Sophie Martínez

Los actos de “vandalismo y violencia” son propiciados por agentes del Estado contra quienes ejercen su derecho a la protesta. La orden del expresidente Uribe de disparar contra la movilización social, reedita la vieja consigna de restablecer el orden a “sangre y fuego” y así debilitar la protesta social

Luis Jairo Ramírez
@JairoRamirezH

Bajo la doctrina oficial de la “seguridad nacional” y el “enemigo interno” direccionada por la Escuela de las Américas, academia militar dirigida por el ejército estadounidense, que ve en los movimientos sociales, estudiantiles y de trabajadores un potencial enemigo que hay que eliminar; durante décadas se han puesto en práctica “manuales de entrenamiento” con perversas y sanguinarias estrategias de terrorismo de Estado para debilitar o destruir la organización y lucha de los pueblos por la libertad.

Muchos de quienes “desfilan” hoy por los tribunales de justicia en Colombia, requeridos por su participación en violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, son precisamente “graduados” de la Escuela de las Américas.

Propiciado por el Estado

Pero simultáneamente, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la misma Escuela de las Américas, se han seguido sofisticando formas de contener y golpear no solo la protesta social sino posibles gobiernos alternativos.

Hemos venido conociendo que en Colombia operan “convenios de cooperación” con organismos de inteligencia como la Agencia Central de Inteligencia, CIA, que recopila información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones e individuos; la analiza y proporciona inteligencia para “la seguridad nacional”; el Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, Mossad, de Israel, especialistas en acciones encubiertas, espionaje, terrorismo y contraterrorismo; y otras agencias de inteligencia.

Los actos de “vandalismo y violencia” son propiciados por agentes del Estado contra quienes ejercen su libre derecho a la protesta, para desarticular sus luchas. La orden a la Policía del expresidente Uribe de disparar contra la movilización social, reedita la vieja consigna conservadora de a “sangre y fuego” en la época de la violencia, que dejó cientos de muertos.

Desde hace muchos años infiltrados del Estado son llevados a generar desorden, destrozos y provocaciones con el fin de desorientar y sabotear las movilizaciones. Cientos de videos, fotos y testigos han mostrado cómo estos infiltrados se preparan para sus fechorías y son transportados hacia zonas cercanas a las movilizaciones, acompañados por miembros de la Policía; llegan, se infiltran, provocan el caos y siempre logran salir ilesos y anónimos. Esta práctica ha venido siendo cada vez más “perfeccionada”. Obviamente los “vándalos” nunca son atrapados ni judicializados por parte de las autoridades.

Violencia institucional

No bastando con esas deplorables y violentas prácticas, ahora los vándalos encubiertos arremeten contra los bienes públicos, van dañando las pequeñas tiendas y comercios aledaños, golpeando a los vendedores ambulantes, destruyendo pequeños vehículos con los cuales la gente sobrevive, para ensombrecer la protesta pacífica y permitir que así la policía justifique la represión salvaje contra la población civil.

Lo que sigue es la Policía disparando indiscriminadamente contra la población civil inerme. Asesinan a menores de edad, a adolescentes y jóvenes: son cientos las mujeres y hombres heridos, contusos y lesionados, varios de ellos incapacitados de por vida por lesiones dirigidas a su integridad.

En ocasiones y provechando su ímpetu juvenil, pequeños grupos anarquistas, son arrastrados ingenuamente a estas acciones de los vándalos policiales, que les hacen el juego a estas prácticas, creyendo equivocadamente que son “métodos revolucionarios”.

En medio de esa violencia institucional muchas mujeres jóvenes han sido detenidas, conducidas a estaciones de policía y sufrido abusos sexuales, dentro de los propios vehículos policiales; violencias psicológicas y físicas por el hecho de ser mujeres. Arrastradas por el cabello, apretados sus senos, amenazadas de violación, llamadas “perras” y “putas” por una institución policial que pagamos con nuestros impuestos para defender la vida. Particularmente en las ciudades se está masacrando a la población civil, con especial ensañamiento hacía los cuerpos de las jóvenes.

Esta estrategia incluye intentos de la fuerza pública o las autoridades civiles de “enseñarle” a un movimiento popular curtido en la lucha social “la manera de protestar” o convencerlo que no se deben tomar las calles, plazas y carreteras para expresarse, incluso autoridades judiciales han incurrido en la estupidez de decretar la prohibición de protestar (¡?) y taponar las vías para manifestarse.

La estigmatización financiada

La otra cara de este tipo de prácticas es la estigmatización. Generalmente estos hechos de “vandalismo policial” están calculados para realizarse en el último tramo de las movilizaciones, y cuando arriban a una plaza principal.

El operativo está montado, los monumentos y agencias bancarias seleccionadas, todas las cámaras dispuestas para hacer el registro de los disturbios provocados por este tipo de sicarios policiales y previsto el tipo de información que los noticieros entregarán al público.

De esta manera se omite informar a la opinión pública la dimensión real de la movilización, su importancia, sus objetivos y/o recoger las opiniones de los asistentes. Los directores de los medios saben lo que hacen, conocen el origen de los “vándalos”, no son ingenuos, sirven a los intereses de las corporaciones que los financian con pauta publicitaria, o que son sus dueños. El objetivo es estigmatizar y deslegitimar la movilización social.

Estas, que pueden ser catalogadas como operaciones que combinan todas las formas de acción militar, psicológica, social, represiva y mediática, cuentan con una multimillonaria financiación. Los “fondos reservados”, blindados del control fiscal por parte de los órganos de control, prevén recursos para que las escuelas de formación en los batallones de Policía y/o del Ejército recluten, entrenen y paguen a jóvenes dispuestos a poner en práctica diversas técnicas de saboteo y caos, dirigidas hacia las luchas sociales.

Simultáneamente el carácter desinformador de la prensa oculta la represión de la fuerza pública, los muertos y heridos, calificándolos de “presuntos”, para dejar la sensación de que tales hechos están en duda.

¡Desmilitarización ya!

En la actual movilización, que tiene características de un estallido social de protesta contra la violencia institucional, el asesinato de líderes y los innumerables abusos del poder, nos encontramos con un poder neo-fascista que cada día pretende apagar el incendio lanzándole un tanque de gasolina.

El país debe abrir el ojo, ensayan una nueva forma de operar, el incidente del furgón en Cali no es un hecho aislado; a los barrios están llegando camiones con “civiles”, escoltados por la Policía, los descargan y abren fuego contra la muchedumbre, para generar terror y provocar asesinatos y heridos.

La urgencia de la hora es llegar a la gente que se está movilizando, acompañar, acercarla a las formas de organización social. Hay que exigir la desmilitarización y el desmantelamiento del paramilitarismo, el cese de los asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz. El mundo comienza a mirar a Colombia, la solidaridad nos ayudará a avanzar.