A las mayorías parlamentarias, multinacionales y Gobierno Duque, les incomoda este mecanismo constitucional de participación ciudadana
Redacción política
El pasado martes 11 de septiembre, el jefe del partido Cambio Radical anunció por los medios de comunicación la presentación de un proyecto de ley que regula la consulta previa. Germán Vargas Lleras, es el vocero de la iniciativa que pretende dejar sin poder de decisión a las comunidades sobre sus territorios.
La iniciativa cuenta con el visto bueno del Gobierno nacional, y pretende cercenar la consulta previa que realizan las comunidades cuando un proyecto de infraestructura o de explotación minera, se pretende realizar en sus territorios cuente como con el beneplácito de las comunidades que habitan allí, pues son las primeras en recibir los impactos negativos de tales proyectos.
Desde cuando era Vicepresidente y antes como Ministro del Interior, Germán Vargas, ha querido erradicar dicha consulta del ordenamiento jurídico y dejar a merced de los gobernantes la adjudicación de territorios para la minería o megaproyectos privados. Hasta ahora la consulta es la única herramienta con que cuentan las comunidades para detener la llegada de multinacionales que buscan acabar con los recursos naturales a cambio de extraer las riquezas mineras del subsuelo.
La primera consulta previa que se gano fue en Piedras, Tolima en donde el 90 por ciento de los habitantes habilitados para acudir a las urnas y decidir sobre su territorio rechazaron la presencia de las multinacionales minera y lograron detener los proyectos de explotación. Desde ese momento las comunidades en todo el país apelaron a ese mecanismo constitucional y lograron detener proyectos nocivos contra la naturaleza y el agua en Cajamarca, Tolima, y otras regiones.
“Son obstáculo para el desarrollo de la nación”, dice el excandidato a la presidencia Germán Vargas. En efecto, Vargas, se ha referido en distintas oportunidades a la consulta previa como una “barrera” para la pronta ejecución de proyectos económicos y de infraestructura, e incluso, se ha atrevido a culpar a los pueblos y comunidades que defienden el territorio y de “abusar” del derecho a la consulta previa, en detrimento de un supuesto interés general.
Feliciano Valencia, el senador de MAIS por la circunscripción indígena señaló que una reglamentación de la consulta previa debe partir de un interés genuino por garantizar la participación de las comunidades étnicas de forma compatible con los proyectos de nación que redundan en el beneficio del pueblo colombiano, y no basarse en el afán de seguir abriendo las puertas a un modelo de desarrollo depredador que beneficia a unos pocos.
“Esto desconoce el trabajo que durante años han realizado organizaciones de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas, las cuales han elaborado propuestas para la reglamentación de la consulta previa, con el ánimo de que no sea un trámite inocuo o desgastante, sino que logre su cometido de conciliar los proyectos de vida de los pueblos y comunidades afectados con las políticas de Estado”, señaló Feliciano Valencia.
El proyecto de ley hace parte de una estrategia política y legal para adecuar las condiciones necesarias para la explotación minera que le de cabida al fracking, práctica extractiva de petróleo cuya materia prima son millones de litros de agua a cambio de un barril de crudo.
“Mirando en contexto, nos encontramos en un panorama en el que se está abriendo paso a la reactivación de las aspersiones con glifosato, a la destrucción de las fuentes hídricas con el fracking, seguramente también se querrán limitar las consultas populares, el acceso a la tierra para todas las comunidades rurales con un proyecto de ley que acaba con la Reforma Agraria y se está tramitando en este Congreso. Este modelo que nos imponen no sólo amenaza los derechos de los pueblos étnicos, es también una amenaza a la Madre Tierra en su conjunto”, sentenció el senador por la circunscripción indígena.
