El proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno, sigue abierto de acuerdo a lo dictaminado por la jueza Laura Barrera. A pesar que la Fiscalía salió otra vez derrotada en su intención de precluir la responsabilidad del imputado, el futuro del expediente queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá
Redacción Política
Concluyó el segundo round del mediático caso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá. Según lo dictaminó la jueza Laura Barrera, el proceso que tiene imputado al también exsenador de la República, sigue abierto.
Por segunda vez, la Fiscalía General de la Nación buscó la preclusión del caso por considerar que no existían pruebas en contra del expresidente imputado. En esta oportunidad, el fiscal Javier Cárdenas siguió la derrotada línea jurídica de su homologo Gabriel Jaimes, quien el año pasado también había buscado el cierre de la investigación por argumentos muy similares a los que se presentaron recientemente.
De acuerdo a la exposición hecha por el fiscal Cárdenas, no existían pruebas para vincular a Uribe Vélez con los delitos imputados. El argumento del ente acusador, organizados en siete hechos diferentes, es que el expediente carecía de material probatorio, que testigos claves como Juan Guillermo Monsalve no tenían credibilidad y que lo preciso sería cerrar el caso.
Sin embargo, para la jueza Laura Barrera, la Fiscalía vuelve a equivocarse porque sí existen pruebas, evidencia física e información legalmente obtenida que “permite afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta de soborno si ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.
Además, para Barrera el segundo intento de preclusión fue un desgaste para el expediente y que la Fiscalía “nunca investigó a profundidad los hechos denunciados por los testigos en el proceso”.
Si bien, en opinión de la jueza, las contradicciones entre los testigos sobre el rol desempeñado por expresidente Uribe debe ser resuelto en un juicio, la Fiscalía opina lo contrario. Una vez conocida la decisión, el ente acusador comunicó su decisión de apelar, lo que significa que será el Tribunal Superior de Bogotá la instancia que definirá si se cierra o no el caso.
Imputado e investigado
Si bien el expediente del llamado caso Uribe vuelve a entrar en un limbo jurídico, lo cierto es que el expresidente continúa en calidad de imputado e investigado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Para la justicia colombiana, lejos de ser un expediente cerrado, aún queda mucho por investigar.
Son varios los argumentos para seguir con el proceso. El primero de ellos, es la acreditación del testigo clave Juan Guillermo Monsalve Pineda. El hijo del exmayordomo de la Hacienda Guacharacas (propiedad de la familia Uribe Vélez en los años ochenta y noventa) y exintegrante de los paramilitares, ha afirmado que en ese predio rural se fundó, por orientación de la familia Uribe Vélez, el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
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Para Barrera, el testimonio de “Guacharaco”, alias de Monsalve Pineda, tiene peso judicial y el deber de la Fiscalía es seguir la línea de investigación que ya había adelantado la Corte Suprema de Justicia.
De igual forma, para la jueza existe un proceso judicial en contra del abogado Diego Cadena, quien presuntamente en calidad de apoderado del expresidente Uribe Vélez, presionó a Monsalve Pineda en la cárcel La Picota para que cambiará su versión favoreciendo al principal líder del Centro Democrático. Según Barrera, no tiene lógica que con el mismo material probatorio la Fiscalía quiera condenar a Cadena, pero no consideré investigar al imputado.
En segunda instancia, está el expediente que tiene en juicio al exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. La hipótesis que no desvirtúa la jueza, es que el excongresista también intentó presionar a Monsalve para cambiar la versión de la Hacienda Guacharacas por intermedio del preso Carlos Eduardo López, alías Caliche. De hecho, recuerda Barrera, existen chats y audios donde queda en evidencia que, “fue iniciativa de Carlos López, Hernán Prada y Álvaro Uribe Vélez, obtener un video cambiando la versión de Monsalve, bajo el ofrecimiento de dádivas y ayudas jurídicas”.
Y finalmente, estarían las “ayudas humanitarias” por 48 millones de pesos entregadas por Diego Cadena a Carlos Enrique Vélez, alías Víctor, exparamilitar hoy preso en la cárcel de Palmira. La posible intención del autodenominado “abogangster”, era que con ese soborno se pudieran desvirtuar las denuncias del senador Iván Cepeda sobre el origen del paramilitarismo en el nordeste antioqueño y que tenían como fundamento el testimonio hecho por Monsalve Pineda. Además, Cadena no solo ha reconocido los pagos, sino que también le acepto a la Corte Suprema de Justicia que Uribe si sabía de esas “ayudas humanitarias”.
En esa línea del caso, para la jueza Barrera es “ingenuo” determinar que el dinero consignado a Víctor era para ayudarle desinteresadamente. Asimismo, sigue siendo contradictorio que con el mismo material probatorio se este desarrollando un juicio en contra de Cadena, pero se busque preclusión en la investigación contra Uribe Vélez.
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Reacciones
Como lo hemos hecho durante estos once años de proceso judicial, con mis abogados acatamos y respetamos la decisión proferida hoy por la justicia. Esperamos que sirva para la verdad y la reconciliación en nuestro país. pic.twitter.com/IyDfcQoCzS
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 24, 2023
Daniel Coronell y Julio Sánchez ya habían anticipado el fallo. Las filtraciones niegan la imparcialidad. Las relaciones de Daniel Coronell con Perafán siguen en impunidad
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 23, 2023
La defensa de Uribe Velez por parte de Fiscalía y Procuraduría es vergonzosa.
— Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) May 25, 2023
— Reynaldo Villalba V. (@ReynaldVillalba) May 25, 2023
Las infamias del imputado son la evidencia de que el periodismo de @DCoronell ha permitido que la justicia actúe de manera independiente. Hostigamiento contra la prensa libre.
— Ana BejaranoRicaurte (@AnaBejaranoRG) May 24, 2023
