La incapacidad del Gobierno Duque llevará al país a la peor deserción universitaria de su historia, profundizando la crisis causada por el neoliberalismo
Ana María Nates
@AnaNates
El sector de la educación en Colombia fue sin duda uno de los protagonistas en las movilizaciones de los últimos tres años. Tanto estudiantes como docentes desde colegios y universidades se tomaron las calles, colegios, plazas, auditorios, y todo tipo de escenarios para lanzar un pedido de auxilio desesperado por la profunda crisis en la que el sector educativo ha estado sumergido a raíz de la mercantilización de la educación por cuenta de la ley 30 de 1994 y la ley 115 de 1994.
Hoy, con la llegada del coronavirus se acelera la profundización de esta crisis preexistente gracias a las políticas neoliberales que generaron un caldo de cultivo ideal para la misma: abandono financiero estatal, corrupción, mercantilización y debilitamiento del carácter crítico que aporta a la construcción de sociedad.
Panorama pre-pandemia
Durante el paro nacional universitario del 2018, el país conoció los componentes de la actual crisis de la educación superior en Colombia. Uno de ellos, el histórico e increíble déficit presupuestal de las universidades públicas, deuda que asciende a casi 15 billones de pesos y que sigue creciendo.
Cada vez son menos los estudiantes matriculados en programas de pregrados mientras las políticas se enfocan en incentivar la educación para el trabajo. Producto de esto, cada semestre se aumenta, sin control alguno del Ministerio de Educación, el precio de las matrículas en universidades, especialmente las privadas. En consecuencia, crece el nivel de endeudamiento de familias de estratos 1, 2 y 3 con el Icetex, déficit que llega a cerca del 39% de estudiantes de IES privadas mediante líneas de crédito regulares o programas que subsidian la oferta y no la demanda como Ser Pilo Paga o Generación E.
La corrupción en el sistema educativo es la responsable de desviar hasta 79 mil millones de los presupuestos de trece universidades públicas y otras tantas privadas. En respuesta, siguen surgiendo procesos de constituyentes universitarias, para recuperar la democracia, acabar las corruptelas y devolver el sentido crítico y creador a la educación superior.
Si bien en el marco de la mesa de negociación de diciembre del 2018 se logró un acuerdo sin precedentes que aumenta cerca de 4.5 billones los recursos de la educación, entre aumentos presupuestales anuales por encima del Indicador de Precios al Consumidor, 1.5 billones del Sistema General de Regalías para inversión y fortalecimiento de infraestructura, ciencia, tecnología e investigación, y la construcción de reformas a los artículos 86 y 87 de la ley 30 y del Icetex, estas medidas y el total de recursos asignados no son suficientes para solventar una crisis estructural como la que padece el sistema de educación en la actualidad.
La educación virtualizada
Con la crisis sanitaria producto del covid-19, el Gobierno Duque aprovechó la declaratoria de emergencia económica para introducir las reformas necesarias para seguir en su tarea de acabar con la educación pública.
A partir de la declaratoria del aislamiento social, las universidades están trabajando desde la virtualidad, igual que la secundaria, implementando clases en casa con el uso de material impreso, programas de radio y televisión, y plataformas digitales.
El profesor Julián De Zubiría afirma que el 63% de hogares colombianos en las cabeceras cuenta con conexión a internet, mientras en la ruralidad esta cifra decae al 1%. En tiempos de cuarentena, los ingresos de las familias se han reducido drásticamente, en especial de aquellas que dependen del trabajo diario o de la informalidad, que según el DANE son cerca del 47% de la población. Si escasean los recursos para el sustento diario, gastos como el acceso a internet se vuelven no esenciales para las familias.
No en vano, la Asociación Colombiana de Universidades en comunicación al presidente de la República señaló la necesidad de “implementar subsidios dirigidos a la comunidad universitaria económicamente vulnerable para facilitar el acceso a equipos de cómputo y a internet, a través de estrategias de regionalización para cerrar las brechas existentes”.
Deserción y situación financiera
Las dificultades de acceso ya mencionadas, y la reducción de ingresos económicos de las familias producto de este periodo de aislamiento, podrían desembocar en un serio aumento de la deserción durante este año y el siguiente.
Ante esta situación, el gobierno nacional respondió con el decreto 662 del 14 de mayo, que crea el Fondo Solidario para la Educación, con recursos provenientes de saldos, excedentes y rendimientos financieros de fondos, alianzas y convenios con el Icetex, de las utilidades de los Títulos de Ahorro Educativo, transferencias del presupuesto del Ministerio de Educación y sus rendimientos financieros; de acuerdo con el decreto, suman un aproximado de 217 mil millones de pesos.
La solución de la administración Duque ante la crisis en el sector educativo es transferir dineros públicos al sector financiero para que éste endeude a las familias colombianas, y posea de antemano, un ingreso por los próximos cinco o diez años. Sobre la reglamentación de los auxilios a matrículas de educación superior, a la fecha solo se conoce una circular ministerial donde se solicita a los rectores de universidades públicas la caracterización de la población estudiantil vulnerable (estratos 1, 2 y 3) para idear un “mecanismo objetivo” de distribución de estos recursos.
Para terminar de ratificar la intención de superar la crisis a costa del endeudamiento, se aprueba el Plan de Auxilios Educativos Coronavirus Covid-19 para beneficiarios del Icetex (decreto 467 del 23 de marzo del 2020), que lejos de construir alternativas para la superación de la crisis, sólo pospone los pagos, o endeuda aún más a las y los estudiantes, busca “dar un respiro” a los “miembros” del Icetex permitiéndoles acceder a periodos de gracia en el pago de cuotas, ampliación de plazo en planes de amortización o el otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre del año 2020. Las medidas antes listadas son en efecto temporales.
Aunque el Icetex afirma que, a cuatro semanas de implementación del decreto, el plan es todo un éxito por los 49 mil colombianos que se han acogido a él, según el Ministerio de Educación hay 387 mil estudiantes que pagan sus matrículas a través del Icetex, así que las medidas han impactado tan solo al 12,67% de estudiantes beneficiarios.
Alternativas y propuestas
El movimiento estudiantil universitario ya avanzó en poner énfasis en un asunto fundamental, la demanda de la matrícula cero para el 2020-II. Tal y como indican los decretos, uno de los motivos de deserción en el marco de la crisis es la imposibilidad de pagar el costo de las matrículas; por ello al hacer un cobro de cero pesos en la matrícula a las y los estudiantes de universidades públicas, se atacará efectivamente el porcentaje de deserción proyectado. Gobernaciones como las de Santander y Córdoba han anunciado que asumirán el pago de matrícula de un porcentaje de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, al igual que el gobernador del Magdalena, demostrando la viabilidad de esta propuesta.
Por otro lado, en cuanto al costo de las matrículas de las IES privadas, que como se resaltó han aumentado cada vez más semestre a semestre, retoma de nuevo una exigencia del movimiento estudiantil: congelamiento de las matrículas durante el periodo de crisis. Esto indudablemente llevará a una reducción del presupuesto, pero repercutirá en una disminución de la deserción.
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