¡Unanimismo!

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César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S

Al gobierno de Colombia le incomoda tanto el control, al punto que intenta, colérico y agresivo, obstaculizar la labor y suscripción del Estado colombiano en la agenda de defensa de los derechos humanos, con las cuales emprenden acciones de lobby contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en Washington. Enviaron a Camilo Gómez y delegados de cancillería para que persigan, señalen y arremetan contra la comisión.

Ante la inoperancia, alta impunidad y cooptación de los poderes públicos por parte del partido de Gobierno es la visión unanimista, unilateral y supremamente sesgada como tramitan las controversias del Estado, ahora ante la agenda multilateral, por parte de un grupo de interés que tiene una carga ideológica y de poder económico y político en el país no se compadece de las omisiones y procesos en los que Colombia ha tenido que responder.

No es únicamente el problema procesal de “agotar todas las instancias constitucionales en Colombia”, se supera de lejos este meollo, es la responsabilidad irreductible que le asiste al Estado y las acciones de exigibilidad que poseen las víctimas y los procesos sociales vulnerados en el contexto y razón del conflicto armado colombiano.

La desbandada de las oligarquías y este grupo de interés que hoy ocupa la Casa de Nariño en contra de la paz y de la justicia transicional, esa misma que alienta a su acomodo el cumplimiento o no de las recomendaciones, sentencias, revisiones o informes que emanan del acompañamiento multilateral, demuestra una vez más que el país no tiene reversa: debemos defender la paz como paso trascendental del debate frente a las reformas al Estado que implica una transición democrática, el cumplimiento del Estado Social de Derecho, que no es siquiera una transformación radical de la realidad, sino un paso básico de cambios en la estructura de relaciones sociales, económicas, étnicas y culturales en el país.

El problema no es menor si tenemos en cuenta que la implementación del acuerdo pasa por una tensión muy fuerte en la que se combina una doble agenda: entre la diplomacia que esgrime una idea de “paz con legalidad” mientras que en lo interno hay presión, choque, muerte y perfidia, mueren cada vez más firmantes de la paz, se marchitan proyectos productivos de reincorporación, se mantienen amarras con los mismos ejecutores de toda la vida en las regiones y territorios limitando a acciones marginales el trabajo de los PDET, y los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito se convierten en acciones policiales y militares para aplastar y perseguir a la población civil en las regiones.

La posibilidad que un sistema integral inédito para el mundo globalizado, que tramita desde la justicia transicional el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de desaparecidos, en el marco de atender y gestionar ante instancias multilaterales las controversias que emanan de la ineficacia del gobierno, su incapacidad y falta de voluntad para superar los escollos de la entrega de información, de aporte de verdad, de reconocimiento de responsabilidad, incluso de creación de condiciones de seguridad y garantías de no repetición para abonar en favor de la paz y la integridad de toda la población colombiana, se ve profundamente detenida con este lobby autoritario y regresivo que solo los sectores más conservadores pueden avalar.

Hacen bien señalando y persiguiendo, porque así esos trogloditas acomodados y parasitarios muestran su catadura y desdén con la reconstrucción y reconciliación nacional.

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