En el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca precarizar más las condiciones laborales de los jóvenes, en favor de los empresario
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
En la pasada legislatura el partido de Gobierno, el Centro Democrático, había presentado un proyecto de ley para extender el contrato de aprendizaje y evitar el contrato de trabajo entre jóvenes y empresarios. Todo, en beneficio de los segundos y en detrimento de las condiciones laborales de la juventud.
Aunque este había sido archivado, se está reviviendo y ya se ha adelantado un debate para su aprobación. Por eso, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, emitió una comunicación la semana pasada, en la que advirtió las intenciones de la propuesta: “…pretende modificar la vinculación de los jóvenes egresados de educación media, técnica, tecnológica, profesional o del SENA, para hacerlo a través de contratos de aprendizaje y no de un contrato de trabajo”.
En ese mismo sentido se pronunció Francisco Maltés, presidente de esta central: “…el partido de Gobierno pretende acabar con el contrato de trabajo para los jóvenes. (…) Esto para que los empresarios se ahorren una parte muy importante de los costos salariales ya que no habrá derecho a salario ni a las obligaciones que hay en el Código Sustantivo del Trabajo”.
Hay que recordar que el contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas y en contraprestación estos jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede estar incluso por debajo del salario mínimo, recuerda la CUT.
“Por tal motivo, no se configura como una vinculación laboral, no establece una remuneración salarial, ni garantías laborales, ni está supeditado a las reglas del Código Sustantivo del Trabajo, limitándoles además su campo de acción frente a la negociación colectiva, obviando así las recomendaciones que la OIT ha hecho frente al punto”, anota la central de trabajadores.
Mayor explotación
Por su parte, Juan Pablo Montero, miembro de la junta nacional de Sindesena, dice que el contrato de aprendizaje puede durar seis meses o un año, pero se hace con fines pedagógicos. Que en este los jóvenes ponen en práctica lo aprendido en una institución de formación o educación, para que luego el aprendiz sea un trabajador más dentro de la empresa.
“Este contrato lo que busca son condiciones dignas de la reposición de la mano de obra, es decir, que ese aprendiz que entra a su etapa productiva sea un trabajador más dentro de la empresa”, agrega el líder sindical de Sindesena.
Para Montero, el contrato de aprendizaje empezó a ser desmontado con la ley 789 de 2002 que le quitó el carácter laboral y lo convirtió en un apoyo de sostenimiento: “A los aprendices del SENA que estaban en su etapa productiva les pagan solamente el 75% del salario mínimo. Con eso se perdió el carácter pedagógico y se convirtió en una herramienta de precariedad laboral”.
Ahora bien, en el proyecto que se discute en el Congreso, la bancada del Centro Democrático propone la ampliación del tiempo de este contrato, ante lo cual la CUT explica: “En ese sentido, extender el contrato de aprendizaje a jóvenes graduados, que buscan su primer empleo, pauperiza las condiciones laborales y las garantías de empleo sobre la base de hacerlo más barato y descargarlo sobre los hombros de un sector de la población que ha sufrido sentidamente la crisis económica. Además, es una afrenta a las legítimas reivindicaciones de la juventud colombiana que salió a las calles en medio del paro nacional por mejores condiciones de educación y trabajo”.
A su vez, Juan Pablo Montero expresa que la propuesta del proyecto que cursa en el Congreso de la República tiene como objetivo la ampliación del contrato de aprendizaje, porque se aplicará a los menores de 30 años y servirá para bachilleres y universitarios, no solo para los egresados de instituciones de formación para el trabajo.
Más años para aprovechar…
Hay que considerar que en el proyecto el tema de la edad permite la sobreexplotación a los jóvenes por más años, pues están saliendo de instituciones de educación y formación con edades de entre los 18 hasta los 25 años. “A nombre de generar empleo aumentan la precariedad laboral, es una reforma laboral camuflada del Centro Democrático y del Gobierno de Duque”, indica Montero.
Entre las principales preocupaciones que provoca el proyecto está que no se pagará un salario, sino un apoyo de sostenimiento del 75% del mínimo. “Otra trampa está en decir que crearán un bono pensional del 25% para esos jóvenes que irá al sistema público de pensiones. Ahí el cuestionamiento es que con eso dirán que completarán el 100% del mínimo, pero hay que tener en cuenta que la cotización de pensión que paga cualquiera en el país está muy por debajo de esto. Es algo inconstitucional, supera el aporte de los trabajadores, se legitima la precarización y se desconocen los principios de trabajo digno, trabajo decente como lo dice la Organización Internacional del Trabajo, OIT”, aduce el dirigente de Sindesena, quien agrega que otro de los cuestionamientos a la propuesta es la facultad que le da a personas naturales para hacer este tipo de contrato con los jóvenes.
Para Juan Pablo Montero y para el conjunto del movimiento sindical, es claro que la ley beneficiaría únicamente al empresariado, ya que habrá un mayor ejército de reserva en el mundo laboral y trabajadores jóvenes y preparados a muy bajo costo. Esto “empobrece más las condiciones de los jóvenes del SENA, por la pérdida del carácter laboral del contrato de aprendizaje, como lo hizo la Ley 789. Con este nuevo proyecto se busca despojar la esencia de la formación profesional integral, que entiende la etapa práctica como un componente pedagógico”.
Revanchismo gubernamental
La CUT, que rechazó el contenido de la propuesta y exigió el hundimiento del proyecto de ley por no apostarle a aumentar el empleo juvenil, sino a precarizar las condiciones laborales de la juventud, argumentó que no es posible que el partido de gobierno se ensañe contra la juventud que atraviesa por una enorme crisis, que enfrenta una tasa de desempleo de 23%, tiene que pagar créditos educativos con tasas de interés hasta del 12% y se ve afectada por la informalidad laboral que alcanza el 65%.
De la misma manera, Francisco Maltés hizo un llamado a que los jóvenes rechacen el “adefesio”: “El proyecto pretende solamente que los empresarios se ahorren costos salariales en perjuicio de los jóvenes nuevos en el mundo del trabajo. El partido de Gobierno no ha entendido que los jóvenes que estuvieron en el estallido social del 28 de abril reclaman trabajo decente, salud, educación y garantías y derechos para ellos”.
Por su parte, desde Sindesena se plantea que la iniciativa sea discutida de cara al país y con participación de la juventud, con un diálogo nacional por el trabajo digno que tenga en cuenta las iniciativas de construcción de un estatuto del trabajo para desmontar políticas que precarizan: “Es como si estos proyectos o iniciativas fueran una retaliación contra la juventud colombiana que se movilizó en el estallido social, quienes han reclamado vivienda, educación, salud y trabajo y les salen con estas iniciativas que por el contrario van a empobrecerlos más”, concluye Juan Pablo Montero.
