Nidia Jaydivi Colorado García
El 8 de marzo fue la última movilización masiva a nivel nacional e internacional antes de las medidas de confinamiento; la marcha por los derechos de las mujeres presenció miles de personas en todo el mundo. La situación de las mujeres en el país como en la historia, es una situación de exclusión y discriminación, estas han sido las bases formativas de la vida en comunidad.
El confinamiento obligatorio, supuso implícitamente la continuidad de los roles de género, el aislamiento estableció un orden social arbitrario y arcaico en el cual la cooperación social se expresa en la carga doméstica sobre las mujeres en lo que respecta a los oficios, alimentación y cuidados. Supone entonces, que la responsabilidad familiar es confortable para todos, en la medida en que la mujer restablece su anterior función social de acuerdo con la distribución social del trabajo de acuerdo con el sexo.
Sin embargo, hoy en día las mujeres son dinámicas, trabajadoras, estudiantes, etc. Por lo tanto, su disponibilidad de voluntad y de tiempo no es la misma, en otras palabras, estos deberes y responsabilidades deberían ser asumidos por todos los miembros de la familia de forma equitativa y no sobrecargar a las mujeres sólo por su condición sexual.
Desde esta perspectiva, el confinamiento expuso a las mujeres a un exceso de trabajo, al maltrato y desafortunadamente a las violencias machistas, provocadas por sus acompañantes, familiares u otros. Este tipo de contradicción entre tiempo y cultura, suceden porque la sociedad ha sido carente en la pedagogía sobre los cambios y las perspectivas de género en las labores cotidianas, en los roles sociales, en la casa, el trabajo, los centros educativos y otras esferas de la sociedad.
El estado nacional y regional presenta un trabajo superficial en tanto política pública, sólo se limita al reconocimiento teórico-jurídico de los derechos de las mujeres, pero no se compromete con la transformación social que requiere una inequidad histórica tan amplia como la que ha existido entre hombres y mujeres desde hace siglos.
En términos generales, el Estado se limita a la aceptación normativa del debate con las organizaciones sociales de mujeres, pero no logra replantear el patrón de conducta de género de la sociedad civil, dejando así una responsabilidad institucional a la interpretación y negociación de las dinámicas de los hogares, microespacios y otros. Una atomización del contrato social de la democracia en contravía de las reclamaciones de las mujeres, y es allí donde se permite impunemente el maltrato, la discriminación y las violencias feminicidas.
Claramente la sociedad neoliberal se comporta hipócritamente con las vindicaciones del movimiento social de las mujeres, aún las observa como un movimiento esnobista y es negligente en la atención y prevención de las violencias machistas. No soluciona estructuralmente el problema, porque el neoliberalismo no está interesado en transformar el orden patriarcal de la sociedad, en el cual se ha desarrollado históricamente el modo de producción capitalista.
Frente a la acumulación del capital, el Estado prefiere sacrificar la vida de las mujeres que transformar los patrones de conducta tradicionales, por temor a fomentar una alteración social que comprometa la ganancia. De esta forma en el confinamiento se reproduce el rol social heteronormativo que responsabiliza nuevamente a las mujeres del bienestar, el cuidado, el aseo y la alimentación entre otros aspectos del núcleo familiar.
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