Se abre paso legalizar el despojo de tierras e impunidad a los despojadores por cuenta de lo propuesto por el Gobierno Duque y aprobado por las mayorías del Congreso
Unidad Investigativa
En el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, aprobado a pupitrazo en el Senado de la República el pasado jueves 2 de mayo, el Gobierno nacional pone en marcha la nueva estrategia y política catastral del país. Aunque los acuerdos de paz en materia agraria habían orientado como una necesidad tener claro los datos sobre la tierra en Colombia, su tenencia, su vocación y la legalización de los baldíos al campesinado, mediante un catastro multimodal, lo que quedó en el PND fue un negociado que nada tiene que ver con el catastro que necesita urgentemente el país.
Cuánto les cuesta
Las autoridades nacionales deben impulsar una política para atender la moratoria y las necesidades catastrales y registrales de los predios, principalmente rurales; la forma y contenidos de las reformas no son las adecuadas. Según datos del Departamento Nacional de Planeación – DNP, el 94% del territorio nacional tiene catastro desactualizado o no formado. Lo que quiere decir que 954 municipios tienen desactualizada su información al respecto de tierras y 60 municipios sin información.
Para atender y modernizar tecnológicamente el sector se plantea presuntamente un presupuesto indicativo, es decir sin estudios previos, sin estudio de mercado, sin factibilidad técnica, por el orden de 5.28 billones de pesos; donde la etapa inicial para el montaje de esta nueva estrategia, es decir de la primera fase del catastro son US$150 millones de dólares, adquiridos mediante un crédito de US$100 millones del Banco Mundial y US$50 millones del BID.
Cambios que dañan
Esta estrategia plantea como eje central cambiar la gestión catastral, de función pública a servicio público, mediante la descentralización de la gestión catastral en las entidades territoriales, entiéndase municipios, asociaciones de municipios, regiones de planificación, y a su vez éstas contratar la operación catastral con 22 operadores catastrales; Integrar el catastro con el registro articulación entre el catastro – Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y el registro – Superintendencia de Notariado y Registro – SNR; e impulsar el uso de la información catastral como insumo para varias entidades, a lo que le llaman “inter-operatividad de la información”.
Lo anterior trae como consecuencia la privatización del catastro bajo un esquema de tercerización de sus funciones y por consiguiente el debilitamiento del IGAC como autoridad catastral. En el trasfondo del nuevo esquema está un modelo de negocio oculto para manejar el catastro.
El catastro sometido “a la libre competencia”, con el argumento de someter una función administrativa del Estado a la competencia y apertura al mercado con una inyección del Estado de USD$150 millones de dólares.
Sin tener en cuenta la debilidad institucional y financiera de los municipios se obliga a las entidades territoriales a financiar el catastro con recursos de su presupuesto, cambiando el esquema de financiamiento y adoptando los gastos del catastro de las entidades territoriales como gastos de inversión.
Es decir que ya no sean las autoridades nacionales las que financien el catastro del presupuesto nacional, el Plan de Desarrollo trasladó esa competencia a los municipios y serán estos los que deban asumir el costo de la realización de todo lo pertinente para la elaboración del catastro agrario en todo el país. Ahora los municipios deberán obtener créditos para financiar el catastro al estilo “Bonos de agua” del Ministro Carrasquilla como lo señaló la senadora Aída Avella en el debate al PND la pasada semana.
Quién está detrás
El adalid de la nueva estrategia catastral es el señor Carlos Enrique Moreno Mejía quien es ingeniero mecánico de formación, empresario muy ligado al Grupo Antioqueño y hoy consejero presidencial de Iván Duque y cuñado de Álvaro Uribe Vélez. El empresario Moreno sugirió el nombre de Evamaria Uribe como directora del IGAC, y además tiene listo el nombramiento del gerente de la estrategia del catastro multipropósito quien se encargará de administrar y ejecutar los USD$150 millones de dólares. Fuentes en el IGAC le dijeron a VOZ que Moreno asegura que el catastro rural pendiente en el país será un negocio más del poderoso grupo empresarial.
En el Grupo Antioqueño se encuentran empresas cuestionadas por el despojo de tierras asociado a la producción agroindustrial y forestal; el caso más relevante es Argos quien tiene 11 sentencias por restitución de tierras despojadas. Lo mismo sucede con Bancolombia con una condena a restituir los predios rurales arrebatados a la población campesina.
Una coincidencia, que no deja de ser curiosa, es que el modelo de plan piloto del catastro se desarrolló en los municipios de Ovejas, Sucre y Puerto Gaitán, Meta, donde Argos y Bancolombia desarrollan proyectos forestales. Argos ha pedido que no se hagan públicas esas sentencias por despojo pues en la bolsa donde se cotizan sus acciones han tenido pérdida en el valor de sus acciones.
La estrategia
La etapa de implementación de esta nueva estrategia inicia con el montaje de la operación catastral y la integración con el Registro Público de la propiedad, en 80 municipios priorizados por el Gobierno nacional. Mediante la entrega de la operación catastral a las entidades territoriales y a su vez a operadores privados.
La segunda fase de la estrategia permitiría facilitar el saneamiento de los títulos de predios rurales despojados e indebidamente apropiados, legalizar las inversiones del narcotráfico realizadas en proyectos forestales y agroindustriales en dichos territorios, por medio de estrategias de titulación masiva y de saneamiento de la tenencia irregular. Todo un lavado de activos avalados vía catastral.
Políticos interesados y privatización
La iniciativa de la modificación del castrato de función pública a servicio público es del Centro Democrático que logró dejarlo en firme en el Plan Nacional de Desarrollo, pero a su vez, ya tienen el camino de la regulación del catastro mediante el proyecto de Ley 03 de 2016 por medio del cual se modifica la ley160 de 1994 sobre reforma agraria. Hacer trizas la paz legalizando el despojo.
La pretensión central de esta estrategia es convertir la función catastral en servicio público, lo que se quiere es hacer de éste un negocio compatible con la pretendida amnistía en tierras que promueve legalizar el despojo y el acaparamiento, asintiendo en el fraccionamiento del suelo rural. Validando así el ya escandaloso índice de concentración de la propiedad rural. Una política de legalización hecha a la medida de los acaparadores de tierras; por eso el interés de varios sectores de dejar en manos confiables la conducción de la estrategia catastral.
La función catastral como servicio público permitirá debilitar al IGAC como autoridad catastral, privatizándolo y entregando las funciones catastrales al manejo y administración a las élites regionales que, en muchos casos ya probados, están ligadas a las lógicas del despojo violento de la tierra.
En la actualidad se adelantan catastros descentralizados, según lo señala la ley 14 de 1983, con la delegación o descentralización de los catastros a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali y de Barranquilla; estas alcaldías son las encargadas de recaudar la información y sistematizar los datos. Lo que quiere decir es que el servicio público lo puede realizar las autoridades administrativas sin mediaciones de privados.
En qué consiste el catastro
La informalidad en la tenencia de la tierra, la determinación oficial del número de predios rurales existente en el país y sus características jurídicas, físicas, geográficas, de ubicación, así como de su vocación, hacen parte de los históricos conflictos agrarios; resultan de dinámicas permanentes en los territorios y conforman el desarrollo propio del campo, por lo que ello demanda una presencia activa y continua del Estado, a través de sus entidades y de la justicia agraria; lo que debe ser discutido a la luz de una Ley de Catastro y con ello un Estatuto de Catastro y Registro.
El catastro multipropósito debe asumirse como un instrumento de vocación permanente en los territorios desde el Estado y sus instituciones, no puede el Estado continuar en la moratoria de garantizar la función pública catastral como un ejercicio misional y administrativo del Estado esencial para la organización y democratización del campo colombiano.
Lo contrario pretende vía catastral un “lavado” de impunidades por apropiaciones ilegales de predios rurales y acaparamiento de bienes de baldíos, y otros bienes públicos rurales de la Nación hoy en manos de privados. Es una contra reforma agraria y un golpe certero al proceso de paz pues sin catastro seguirá la estructura de la tenencia de la tierra en las mismas manos y en peligro la realización del banco de tierras que aspiraba a ser alimentado por tres millones de hectáreas.
