Un pacto por la vida digna

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María Eugenia Londoño*

Colombia ha padecido uno de los conflictos internos más largos y cruentos de la historia reciente. Sin duda, la firma del Acuerdo de Paz abrió las posibilidades reales de acercarnos a un escenario de justicia social y cierre de las enormes brechas de desigualdad que nos agobian. Sin embargo, el gobierno de ultraderecha, guerrerista y mafioso de Duque, dejó claro desde su campaña, que haría trizas la paz, y así fue; desde su posesión, la miseria, la pobreza, la represión, el asesinato de líderes y lideresas sociales, y el conflicto armado, han escalado vertiginosamente; ello ha dejado un acumulado de luchas gremiales, sectoriales y territoriales, que desde el 21N del 2019 han estallado en las calles.

Ante esta suma de situaciones, la indignación, la beligerancia y la fuerza popular, se manifestaron en un gran escenario de rebelión social desde el pasado 28A, donde los ninguneados, como diría Galeano, salieron a las calles, montaron la barricada y se movilizaron para configurar uno de los estallidos sociales más importantes de nuestro país.

Y es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, por cuanto la concentración de riqueza es exorbitante, los determinantes políticos que configuran tal acumulación, implican la negación de los derechos de la población; el conflicto interno se ha agudizado por cuenta del narcotráfico y el paramilitarismo; se ha exacerbado la concentración de la tierra en manos de terratenientes y multinacionales, mientras que el 62% de los jóvenes colombianos que viven en el ámbito rural no se inscriben en la educación secundaria y solo un 2% accede a la universidad.

Aunque Colombia tiene un PIB que este año fue de 64.458 millones de dólares y enormes riquezas minerales y energéticas, más de 21 de los 50 millones de habitantes, viven en condición de pobreza, mientras que la pobreza extrema aumentó de 9,6% al 15,1%. En el caso de la educación, se han profundizado las brechas educativas por cuenta de las restricciones fiscales de inversión social que han desfinanciado el Sistema General de Participación, impactando además la salud y el saneamiento básico al determinar una lógica mercantilista.

En el caso de las mujeres, el nivel de desempleo y trabajo informal es mayor que el de los hombres, los salarios son más bajos, el acceso a la tierra es limitado y la atención en salud no se compadece con sus necesidades. Ante estas situaciones que evidencian aberrantes niveles de desigualdad, se ha justificado el gran estallido social que tuvo su cénit entre abril y mayo.

La tarea continúa, pues estas desigualdades se profundizan con el agravante del narcotráfico y la corrupción enquistados en el poder político y económico del país, el recrudecimiento de la violación de los derechos humanos a cuenta de la represión, el asesinato sistemático de líderes, lideresas y firmantes de la paz; seguiremos en pie de lucha, porque solo la unidad del pueblo, en las calles, contra estas políticas y en las urnas, apoyando alternativas de poder político más democrático, permitirán a la población colombiana, avanzar hacia una sociedad más justa.

Es necesario entonces el fortalecimiento del Pacto Histórico como proyecto político de gran convergencia, que permitirá materializar las demandas de la población, para mitigar las causas estructurales de desigualdad y proyectar un gobierno de largo aliento con capacidad de decisión hacia tal fin.

*Secretaria de Genero, Inclusión e igualdad. Representante de FECODE al consejo directivo del Fondo Prestacional del Magisterio. Comité Ejecutivo de FECODE