Hay logros evidentes, pero falta mayor compromiso gubernamental con los cambios de fondo que se requieren para remover las causas del conflicto
Carlos A. Lozano Guillén
El pasado 18 de octubre se cumplió el primer año de la Mesa de Diálogo de La Habana, que enfrenta bis a bis a las delegaciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la guerrilla de las FARC-EP, buscando la solución política por vía democrática y pacífica del conflicto social y armado con más de seis décadas de duración.
Cuando se instaló el proceso de paz en Oslo, capital del reino de Noruega, hace un año, de entrada quedó planteado que sería complejo, contradictorio y la duración en “tiempo razonable”. Aunque no faltó el coro de los pesimistas y de los guerreristas, que criticaron el discurso de las FARC-EP, franco y directo, porque al fin y al cabo fue el comienzo del diálogo entre dos partes enfrentadas y antagónicas. Dos cosmovisiones en antítesis, que para llegar al acuerdo, como se ha comprobado en los dos puntos evacuados así sea de forma parcial, requieren de creatividad, esfuerzo y enorme voluntad de paz.
El afán del Gobierno Nacional, que pretendía la “paz exprés” con el plazo que a noviembre le permitiera esgrimir el resultado concreto como bandera de la campaña reeleccionista, amenazó la estabilidad de la mesa y puso en peligro su continuidad. Así como también son obstáculos las concesiones gubernamentales al militarismo y a los enemigos de la paz dentro y fuera del Gobierno.
“El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” no contempla un tiempo fijo para el acuerdo final, aunque establece que el tiempo debe ser el razonable, esto es, no es eterno ni indefinido sino el estrictamente indispensable, con el compromiso de las dos partes de no levantarse de la mesa hasta no lograr la paz estable y duradera.
Los avances concretos
El presidente Santos hasta hace pocas semanas entendió que el buen resultado del proceso de paz es fundamental para su aspiración reeleccionista y en consecuencia está obligado a defender la permanencia de la mesa sin las presiones del tiempo ni las pretensiones de la entrega y la desmovilización a cambio de nada.
Sin embargo, nadie entiende por qué mantiene en el Ministerio de Defensa a Juan Carlos Pinzón, dedicado a dinamitar el proceso con lenguaje provocador y actos delirantes y guerreristas. A no ser que, como dicen algunos, es parte de la táctica oficial para que unos hagan de “buenos” y otros de malos. Nadie cree la historia de los voceros de la Casa de Nariño que en privado se lamentan porque Pinzón con frecuencia “se sale del libreto”.
Los avances son concretos: dos puntos evacuados con acuerdos parciales y el 28 de noviembre comienza el tercer punto sobre el tema del narcotráfico. En estas condiciones, es previsible que, al finalizar el año o al comienzo del próximo, existan acuerdos sobre la mitad de la agenda. Es tiempo razonable. También se realizaron tres foros que contaron con amplia participación ciudadana y de la llamada sociedad civil, sobre política de desarrollo agrario integral; participación política; y narcotráfico y cultivos ilícitos, organizados por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas. Estos últimos aportaron insumos para los tres puntos concernidos.
Pero, además, en decisión unilateral, las FARC disminuyeron la intensidad del conflicto como en los casos de la suspensión de las retenciones por razones económicas y la tregua unilateral entre diciembre del año pasado y enero del presente año a pesar que las Fuerzas Militares continuaron los ataques y bombardeos a los campamentos de guerrilleros en tregua.
Son factores que a pesar de la “mala prensa”, de los vaivenes del Gobierno Nacional, de los operativos militares de tierra arrasada y la campaña hostil del uribismo, mantienen a la mayoría de la opinión pública favorable a los diálogos de paz. Para la guerrilla el principal escenario de la lucha política y social es el de las masas populares agobiadas por el neoliberalismo y el mayor empobrecimiento.
Una nueva etapa
La Mesa de La Habana entra en una nueva etapa del proceso al asumir el debate sobre el tema del narcotráfico y de los cultivos ilícitos con un alto componente político y social. Lo contrario al cuento chino de algunos analistas, poco ingenioso, con la trama de que los dos primeros puntos (agrario y participación política) fueron del Gobierno, porque fue el obligado a ceder para llegar al acuerdo, aunque en ambos casos quedaron pendientes puntos fundamentales que tienen que ver con las reformas de fondo en la vida nacional.
Por cierto, en los dos primeros puntos quedaron en el refrigerador aspectos medulares de la democracia y la justicia social, que deberán ser evacuados antes del acuerdo final porque “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Pero, además, ¿quién ha dicho que el Estado y su clase dominante no tienen que ver con los temas de narcotráfico y víctimas? ¿Acaso el narcotráfico surgió con el conflicto? Ni siquiera es causa del mismo. Permeó antes a las instituciones, hasta el punto que Pablo Escobar Gaviria, primo hermano de José Obdulio Gaviria, fue parlamentario liberal. Y los hermanos Rodríguez Orejuela, a la sazón capos del cartel de Cali, eran dueños de bancos, emisoras y prósperos negocios en el país.
El narcotráfico infiltró a los militares, a la Justicia, al Gobierno, a los partidos tradicionales y a otras instituciones. Ni siquiera la Iglesia Católica se escapó a los dineros sucios de los carteles de la droga.
En lo que respecta a las víctimas es dable recordar que el Estado es el principal responsable de la degradación del conflicto. Es el padre de la criatura del paramilitarismo, sus agentes lo estimularon y se sirvieron de él en la lucha contrainsurgente y en la guerra sucia contra la izquierda y las organizaciones sociales y populares. ¿Quién debe responder por el genocidio de la Unión Patriótica? ¿Quiénes son los responsables de los “falsos positivos”? El Estado tiene que darle la cara a las víctimas.
Como se puede apreciar, los puntos que vienen son álgidos y difíciles. El tema del narcotráfico incluye el papel nefasto de Estados Unidos y el indigno tratado de extradición. La solución social de los cultivos ilícitos no pasa por políticas punitivas y represivas, es un fenómeno que obedece a los desajustes sociales y al abandono de las regiones por el poder central.
Las perspectivas
Con todo, es posible avanzar en la solución del conflicto y el acuerdo de paz con democracia y justicia social, si hay la voluntad de ambas partes y el apoyo del pueblo colombiano. El anuncio del presidente Santos de que aspira a la reelección decanta el proceso político y le da su propio ritmo a la mesa sin los apremios de la paz exprés. Aunque es menester que la izquierda entienda que llegó la hora de la unidad para enfrentar a la reelección de Santos y al candidato de la extrema derecha belicista y agresiva. La izquierda y los sectores democráticos son los que tienen en la mano la llave de la paz.
Otro aspecto esencial es el del referendo o la asamblea nacional constituyente, esta última más conveniente porque no solo puede refrendar los acuerdos sino dirimir los desacuerdos. Solo así todo estará acordado. Es necia y desafiante la imposición del referendo vía Congreso sin que sea un acuerdo de la mesa. Son trabas que se deben superar con espíritu creador. El Establecimiento debe entender por fin que fracasó la vía militar para aplastar a la insurgencia. El campo actual del conflicto está en la política, en el diálogo que debe conducir a la apertura democrática y social en la perspectiva de una nueva Colombia.
