Si el país quiere avanzar con paso firme hacia una paz efectiva, debe entender y asumir que el objetivo que hoy nos une es más grande que nuestros propios nombres o el de nuestras organizaciones sociales y movimiento políticos.
Maureén Maya
El Estado tiene el deber de rendir homenaje a las víctimas cada 9 de abril, pero este año, pese a que podría ser el último en guerra, no cumplió.
Desde que entró en vigencia la Ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas, y fue sancionado el decreto 142 de 2013 a través del cual la Alcaldía Mayor declara “Día Cívico Distrital el 9 de abril de 2013, en Memoria, Reconocimiento y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado Interno”, es la primera vez que se conmemora esta fecha y la izquierda ya no detenta el poder en la capital. Y esto –aunque no debiera ser así- se sintió estrepitosamente en la ciudad.
El artículo 142 de la Ley 1448 establece que el 9 de abril de cada año, se celebrará el “Día de la memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas. El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente”. Sin embargo, más allá de la obligación impuesta por ley, el Gobierno Nacional y la Administración Distrital no apoyaron las actividades propuestas por las organizaciones sociales ni gestionaron los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con lo que ordena la Ley.
La sesión en pleno del Congreso fue un fiasco y una afrenta para las víctimas que, aunque pudieron asistir e intervenir durante cinco minutos, sus voces chocaron contra un auditorio casi desierto y en su mayoría indiferente a sus denuncias y clamores. El desdeño y la poca solidaridad de varios congresistas que pactaban componendas, reían a carcajadas o se tomaban fotos mientras las víctimas contaban como persistían las amenazas, denunciaban enormes dificultades para acceder a los beneficios de la ley de víctimas y pedían plenas garantías, convirtieron este día en otra fecha de victimización.
En la calle el panorama tampoco fue mejor. La falta de recursos fue evidente, así como la desmotivación generalizada. La ausencia de varias organizaciones sociales, sindicatos y colectivos también se sintió, y resintió. Firmes estuvieron la UP, como siempre, el PCC, el CCJAR, Un Millón de Mujeres de Paz, Progresistas, CUT y el Frente Amplio, entre otros colectivos, no obstante, no se vivió el entusiasmo ni la confianza de anteriores jornadas.
No llegaron personas de los cercanos municipios ni de los lejanos barrios; no sonaron tambores, ni se hicieron montajes en la vía, no hubo disfraces, ni derroche de creatividad, ni muestras de teatro efímero, ni consignas novedosas. Tampoco hubo tarima, ni sonido, ni megáfonos, ni discursos, ni palabras incendiarias ni refrescantes, ni cantos a la esperanza, ni llamados enardecidos a defender el derecho a vivir en paz, ni carros pitando, ni globos blancos ni de colores, ni camionetas grandes con gente gritando colgada sobre los techos. Tampoco se vieron líderes políticos ni dirigentes reconocidos por su histórico compromiso. Nada.
Fue una marcha lánguida, casi silenciosa, de murmullos, con muchos rostros nuevos, jóvenes, pero la mayoría desprovistos de entusiasmo y devorados por una expresión de apatía que parecía sofocar todo asomo de esperanza. Ni siquiera el clima fue adverso ni benévolo del todo, entre esporádicas y leves lluvias y un ligero asomo de sol transcurrió la mañana gris, tan gris como la conmemoración.
¿Qué pasó? ¿Falló la convocatoria? ¿Acaso no se sabe que desde la Ley 1448 de 2011 se rinde homenaje a las víctimas todos los 9 de abril? ¿Sólo cuando hay recursos económicos las marchas son exitosas? ¿Dónde quedan el deber, la mística, el compromiso humano y social de acompañar a las víctimas, de exigir garantías y defender los procesos de Paz? ¿Acaso estamos ante una tremenda regresión histórica y de nuevo se imponen el miedo y la apatía? ¿Cómo sociedad estamos dispuestos a dejar que sean otros los que reclamen por nuestros muertos y los que se la jueguen por esa paz que decimos anhelar pero que para ser cierta nos debe convocar a todos sin excepciones?
El sofocante silencio, que sólo fue roto por los gritos de los progresistas de “Petro, Presidente” y por el lindo estribillo de la UP: “Yo te daré, te daré patria hermosa, te daré una rosa y esa rosa se llama UP. ¡UP!,”, fue el protagonista del día. Algunos olvidaron la fecha y su profundo sentido; no entendieron que el objetivo de convocar a formar una cadena humana sobre la carrera séptima, la Plaza Eduardo Umaña Mendoza y la Plaza de Bolívar era abrazar a las víctimas, expresarles afecto y solidaridad, y pedir, una vez más, que cese la violencia, y se garantice el derecho a la oposición política y a vivir en paz.
Es claro entonces que si el país quiere avanzar con paso firme hacia una paz efectiva, debe entender y asumir que el objetivo que hoy nos une es más grande que nuestros propios nombres o el de nuestras organizaciones sociales y movimiento políticos. Lograr la paz es un deber y un derecho que nos trasciende, y es también un llamado de la historia al que con valor y entereza todos los ciudadanos debemos responder. Es hora de renunciar a las vanidades, a los apetitos personalistas y a las mezquindades políticas para entre todos empezar a proponer un país posible, justo, humano y solidario.
El Registro Único de Víctimas (RUV) contabiliza hasta la fecha, 7 millones 957 mil 219 víctimas. Son más las que existen en realidad, sin duda, pero la cifra oficial ya es lo suficientemente dramática y dolorosa como para que pretendamos ignorarla y exonerarnos del deber de participar y aportar para cambiar de una vez y para siempre esta realidad. Todos somos responsables de nuestra historia y de aportar a su transformación.