La inseguridad del post acuerdo deja a la región en medio del desplazamiento y el terror sin que autoridades den cuenta de iniciativas que frenen la violencia paramilitar
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Uno de los municipios del suroriente del país que ha sido más golpeado por el conflicto armado en Colombia, es sin lugar a dudas Tumaco. La Perla del Pacífico, como se le conoce coloquialmente, está ubicada en el departamento de Nariño, a unos 300 kilómetros de San Juan de Pasto, la capital de este departamento. Este municipio, rico en biodiversidad, limita con el departamento del Cauca, está rodeado de varias islas y queda cerca de la frontera con Ecuador. Su población oscila entre los 200 mil habitantes y es mayoritariamente afrodescendiente e indígena.
La violencia en La Perla
En este pequeño rincón del país, los índices de violencia relacionados con asesinatos, desplazamiento forzado, amenazas entre otros, son cada día más alarmantes. Desde el año pasado varias organizaciones como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, alertaron sobre el preocupante panorama de la región. Para estas organizaciones, desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la tasa de homicidios se mantuvo en ascenso, en un informe presentado por Indepaz, en lo corrido del 2018 los homicidios llegaron a 275 personas asesinadas. Las víctimas correspondían a procesos organizativos relacionados con comunidades étnicas y contra líderes sociales.
Este fenómeno creciente también se registró en otros informes institucionales. Por ejemplo, el Informe Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, relató que para el 2016 ocurrieron 152 homicidios, y de acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional y de la Secretaría de Gobierno del municipio, para el año 2017 se llevaron a cabo 222, lo que en cifras representa un aumento de 70 casos más.
Sin embargo, estos altos índices de violencia no han conllevado a una valoración unificada entre las autoridades regionales sobre las causas o posibles responsables de dicha situación que, además se combina con altos índices de desplazamiento forzado y amenazas en contra de la vida de las comunidades. La falta de claridad sobre este fenómeno ha sido la principal excusa para que no exista una acertada ruta de intervención institucional que conlleve a atacar y diezmar la crisis humanitaria pese a que, las mismas organizaciones sociales y de derechos humanos han elaborado estudios sobre los patrones criminales que tienden a evidenciar la reorganización de los grupos paramilitares vinculados con los corredores estratégicos para el procesamiento y las rutas para la exportación de la droga, los mismos que públicamente se han expresado en contra del proceso de paz y los puntos del acuerdo.
Para Indepaz, el asesinato de líderes ha desbordado la capacidad de respuesta desde el gobierno y las entidades del Estado que deben velar por la vida y bienes de los ciudadanos y comunidades. Es una situación contradictoria con nuevas dinámicas que en otros aspectos apuntan a la reducción de hechos violentos, en particular a que, en la fase de pos acuerdos o de transición, los hechos bélicos o de confrontación armada en esta parte del territorio nacional han prácticamente desaparecido en comparación a la realidad de décadas anteriores.
Un nuevo año con desplazamiento
El año pasado, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas había alertado sobre el desplazamiento de al menos 648 personas en el municipio de Tumaco, en esta ocasión anotaban, que dicha situación se debía a la disputa territorial de varios grupos de narcotraficantes por el control de la zona. En esta misma ocasión, la oficina expresaba: “Desde el 26 de julio se vienen presentando enfrentamientos por disputa territorial entre grupos armados sin identificar en el casco urbano de Tumaco, dejando como saldo el desplazamiento masivo intraurbano de 216 familias afrocolombianas, aproximadamente 648 personas”.
Una nueva alerta y sin mayores aciertos para prevenirlas desde el Estado, se dio el pasado 16 de enero de 2019. Se trata del desplazamiento masivo gracias a las acciones de grupos armados que hacen presencia en este territorio, y que, según cifras de la personera municipal, pueden llegar a las 1.600 personas desplazadas cuando se termine de verificar el censo. Esta relación corresponde a 513 familias de ocho veredas del municipio de Tumaco. La personera municipal expresó que esta “es una cifra preliminar, no se ha logrado acceder a la información de todos los afectados, estamos en el proceso de censar toda la información y determinar los alcances de esta verdadera emergencia humanitaria, que afecta a estas familias de la zona rural de Tumaco”.
Otras personas se encuentran confinadas en las veredas Chorrera y Peñas de los Santos, lo cual ha implicado el abandono de sus actividades cotidianas como el cultivo, la pesca y otras tareas propias de zona, mermando la capacidad adquisitiva y ampliando la precariedad de las familias. Los grupos armados según las versiones de las organizaciones de DD.HH. tienen sometida la zona y cualquier intento para ingresar o salir puede darse como objetivo militar, lo que genera terror en la población, más aún cuando las cifras de asesinatos van en aumento sin que las autoridades desplieguen iniciativas a fin de frenar la crisis humanitaria, producto entre otras cosas, del afán de controlar los cordones estratégicos de las organizaciones paramilitares para el tráfico de droga e imposibilitar la tranquilidad de las comunidades que trabajan en pro de la paz en sus territorios.
