Tumaco: Discriminación y glifosato

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Multitudinaria movilización en el Pacifico Nariñense en contra de la aspersión con Glifosato

Líder indígena de Tumaco asegura que en las montañas del Pacífico viven niños, mujeres y personas con sueños y proyectos de vida, gente que conserva el territorio, a quienes el Gobierno planea fumigar

Carolina Tejada
@carolltejada

Los cabildos indígenas, consejos comunitarios y otros sectores sociales del Pacífico del sur, en el departamento de Nariño y límites con Ecuador, se unieron en un solo llamado para manifestarse en contra de la intencionalidad del gobierno de Iván Duque de iniciar nuevamente la aspersión con glifosato sobre las zonas en donde se encuentran cultivos de uso ilícito, pasando por encima de los acuerdos de paz y de compromisos políticos con la población de sustituir dicha siembra por cultivos de pancoger y proyectos productivos.

Según el comunicado de las organizaciones sociales, #NoQueremosGlifosato, el Gobierno nacional presiona indebidamente a las instituciones de justicia como se demostró recientemente con la “tutela contra una magistrada del Tribunal Superior de Pasto, que emitió medida cautelar de suspensión del reinicio de las aspersiones, a solicitud de la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense, REDHPANA, por los daños irreparables que esta acción generará a los pueblos étnicos y a los territorios”.

Multitudinaria movilización

La multitudinaria movilización se realizó en la Perla del Pacífico, Tumaco, y simultáneamente en otros nueve municipios, tales como: Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. Estos lugres forman parte, según reconocen las mismas organizaciones sociales, de los 30 municipios de Colombia con los peores índices de necesidades básicas insatisfechas.

La costa pacífica, es una de las regiones que ha quedado en medio del conflicto y la disputa territorial de los grupos armados que, por medio de la guerra, han querido imponer su orden para el procesamiento y la distribución de la coca, con mayor intensidad luego del acuerdo de paz. Pero, además, es clasificada como “la región con el mayor número de desplazamientos forzados masivos del país en los últimos años, una de las zonas más afectadas por amenazas y asesinatos contra líderes sociales, un territorio históricamente abandonado por el Estado que además está devastado económicamente por la pandemia, frente a esta crisis humanitaria la única respuesta que da el gobierno es la retoma del envenenamiento con glifosato”.

En medio del abandono estatal las comunidades y en particular los y las niñas, padecen dificultades para la movilidad, como ocurre en el corregimiento de Llorente. Foto Carolina Tejada

Abandono estatal/cultivos de uso ilícito

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, en su Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019, publicado en julio de 2020, existe una reducción de cultivos en el país, pero un incremento en la producción de coca en algunas regiones.

“Aunque en 2019 hay menos coca en los parques, los resguardos y las comunidades negras, la coca sigue siendo una amenaza para la diversidad biológica y cultural de Colombia. La coca en parques nacionales bajó 14%; sin embargo, los parques La Macarena, Catatumbo-Bari y Nukak suman cerca de 3.600 hectáreas de coca. En los resguardos la reducción fue del 15,5%, y estuvo fuertemente influenciada por la erradicación manual y focalizada”, asegura el informe de la UNODC.

Sin embargo, las mismas comunidades critican que, si bien existió una intervención manual, esta fue a la fuerza y de manera violenta, lo cual implicó la vulneración de derechos en las comunidades, como asesinatos por parte del Ejército Nacional, personas heridas por disparos de fusil y agresiones físicas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD. Así como ha ocurrido en el Catatumbo desde la firma de los acuerdos de paz, dos campesinos muertos y al menos cinco heridos de gravedad a causa de la violenta erradicación institucional, cifras que se han presentado en otros departamentos bajo la mismo modus operandi desde la institucionalidad.

Los proyectos de erradicación voluntaria y concertada, tal y como se definió y se comprometió el gobierno nacional en el acuerdo de paz, cobijarían a más de 100 mil familias que se suscribieron al programa de sustitución. Sin embargo, comenta Juan Carlos Quintero, líder campesino quien a nivel nacional hace parte de las mesas de concertación con el gobierno: “En el marco del programa de erradicación desde hace tres años no se convoca al Consejo Permanente de Dirección del Programa Nacional de Sustitución, PNIS. Esa instancia se conforma por el partido Comunes, que surgió con el acuerdo de paz, el gobierno nacional y las comunidades, y tiene como fin proyectar e implementar el programa”.

Además, cuenta que “la actitud del gobierno es negar la viabilidad del programa y justificar su entierro. A esas 100 familias no les han llegado los programas de ciclo corto, que corresponden a las especies menores y de ciclo largo que son los programas de mayor inversión”. Igualmente afirma que se ha negado la ampliación del programa a más zonas y a más familias que han querido acceder a los proyectos de sustitución voluntaria.

En el caso del Pacífico nariñense, la situación de incumplimiento de los acuerdos y de abandono estatal se han venido conjugando, no dejándole otra alternativa a la población que ingresar a las labores del cultivo de la mata de coca para favorecer el sustento diario de sus familias.  La llegada del glifosato sobre el reverdecido Pacífico, afectaría la biodiversidad, pero también agudizaría la situación económica de las comunidades, ante la ausencia de garantías desde el Estado.

Javier Cortes Guanga, gobernador del resguardo indígena Awa, Piguambi Palangala, del
corregimiento de Llorente. Foto Carolina Tejada

Discriminación sentida

En diálogos con VOZ, Javier Cortés Guanga, gobernador del resguardo indígena Awa, Piguambi Palangala, del corregimiento de Llorente, comunidad afectada por las fumigaciones y la ausencia de la inversión social para el desarrollo y el buen vivir de las comunidades, dice: “Cuando empezaron las fumigaciones acá en el territorio encontramos los pericos, los tejones, las aves caídas en la montaña”. Afirma Javier que, debido a este tipo de venenos sobre la naturaleza, es que se han venido perdiendo varias especies de flora y fauna. En este momento trabajan en un estudio para sistematizar y analizar cada una de las especies que se han venido extinguiendo en la región, y que hacían parte de la pervivencia en la población.

Con indignación, Javier expresa que “la gente que está en los escritorios, como el presidente, cogen un helicóptero y se pasean por estos lugares y empiezan a ver un poco de árboles y montañas desde arriba. Incluso, yo le dije una vez al expresidente Santos cuando vino por acá: “debajo de esas montañas que usted alcanza a ver, que usted no las camina, pero nosotros si las caminamos, allá hay niños, mujeres, jóvenes, mayores, personas que tienen sueños, y sus proyectos de vida, que conservamos el territorio, y usted no nos puede llegar a fumigar porque solo ve un poco de árboles. Es más, para nosotros los pueblos Awa, todo lo que esté en el territorio Awa son Awa. Entonces usted no puede llegar a matarnos a nosotros””.

La indignación para quienes habitan estas zonas, tan ricas en recursos naturales de flora y fauna, y de diversidad cultural por su gente, crece cuando analizan las realidades del conflicto armado y cuando muestran la discriminación sentida, como lo argumenta Javier.

“Aquí no llegan las oportunidades para los muchachos y las muchachas, aquí lo único que llega es la oportunidad de la economía ilícita”, se refiere el gobernador Awa frente al abandono que él caracteriza como histórico y argumenta: “Caminar seis horas, o dos días de camino para llegar a los pueblos, no es cultura, es discriminación cultural sobre nuestras poblaciones. Que no tengamos un puesto de salud, una vía, o un puente bien construido, eso es discriminación sentida. Recién, hace al menos diez años hemos podido cubrir la educación de las comunidades, ¿por qué el gobierno no brinda esos derechos a nuestras comunidades? Aquí solo llegan la guerra y el glifosato”.

Frente a este panorama, en varias audiencias públicas han exigido frenar todo tipo de intervención violenta y decisiones sobre el territorio que no cuente con la voluntad y concertación con las comunidades. En medio de la jornada de movilización Carlos Angulo, uno de los líderes afro, expresó: “El gobierno colombiano, hace caso a una exigencia de EE.UU. porque parece que nosotros no somos un país libre y soberano, entonces el presidente de Colombia ha tomado la decisión de empezar fumigando nuestro territorio con glifosato, un veneno letal que no solo va a acabar con los palos de coca, sino que va a acabar con nuestra atrasada agricultura, va a acabar con los palos de cacao, de yuca, plátano, con los afluentes de agua en las que seguro se morirán las pequeñas especies que nuestra gente consume”.

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