Trans-pasando la ignominia

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Ilustración. 𝗠𝗶𝗻𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿 #𝗬𝗼𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗼𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀. Obra de Manuel A. Velandia Mora. pertenecen al Proyecto "Colombia abanderada". #ARTivismoQueer. Apropiacionismo sobre pieza Creative commons: Juan Camilo Fajardo y cartel de la Red Comunitaria Trans

Manuel Antonio Velandia Mora
@manuelvelandiam

En el 2018 los sectores LGTBI y las diversidades de cuerpos y géneros nos pusimos muy contentos, era un logro tras el que se andaba hacía bastante tiempo: El Gobierno nacional decretó la Política Pública Nacional LGBTI contemplando dos mecanismos fundamentales para su implementación: la conformación del Grupo Técnico para el monitoreo y avance, y el Plan de Acción a ser formulado por el Ministerio del Interior. Ver https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20762%20DEL%2007%20DE%20MAYO%20DE%202018.pdf

Hasta aquí todo sonaba maravilloso, por supuesto muchos/as/es nos quejamos de que no todas las propuestas habían sido incluidas, pero era mejor bueno por conocer qué malo por desechar. Pasó el tiempo y las acciones se fueron dilatando sin que nada pasara. Sin embargo, ninguno de ellos se cumplió. Este pasado 7 de mayo se cumplieron dos años de larga y tediosa espera, y Laura Frida Weinstein N., del Grupo de Acción y Apoyo a personas Trans -GAAT-, que trabaja por una vida digna y plena en derechos de todas las personas Trans y sus redes de apoyo, interpuso una acción de tutela para exigir la creación de los dos mecanismos y la formulación del plan de acción.

El fallo de tutela ordena que la ministra del Interior y el director de la Dirección de Derechos humanos inicien las gestiones administrativas para la reglamentación del Grupo Técnico para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, así como para la formulación y aprobación del Plan de Acción de la Política Pública, en un término de 48 horas; y deben elaborar un programa y cronograma de trabajo para avanzar en la formulación y aprobación del Plan de Acción y en la reglamentación del Grupo Técnico, en un término de cinco días.

Pudiera pensarse que el fallo favorece únicamente a las personas trans, pero transformará el tema de los derechos de las poblaciones LGTBI y las personas que vivencian la diversidad de cuerpo y/o género.

Por otra parte, un tema que ha tenido una discusión en los últimos días es la vulneración a los derechos de las personas trans. Ya hemos leído en los medios sobre el caso de Alejandra, extrabajadora sexual viviendo en el barrio Santa Fe en Bogotá, persona viviendo con el VIH, quien no recibió atención a pesar de tener síntomas que pudieran ser indicio de la presencia de la Covid-19. Aun cuando llegó un equipo de asistencia en urgencias de la Secretaría salud de Bogotá, Alejandra murió sin la misma; y, aun cuando es evidente que la manipulación del cadáver trae unas situaciones específicas de bioseguridad, a todos extraño lo largo que se hizo el tiempo, para lograr el traslado de este.

Agentes de la Policía en Bogotá, violentaron a chicas trans-trabajadoras sexuales en ese mismo barrio, las corretearon y algunas de ellas recibieron impactos de bala en sus nalgas. Se ha hablado de “manzanas podridas” en la policía y de que se investigarán estos y otros casos ya antes acaecidos, pero la ciudadanía sigue esperando algún informe que den cuenta de las sanciones pertinentes.

A las calles, ¡nos están matando!

La situación de las chicas trans no solo es problemática en Bogotá. Por eso la multitudinaria protesta del pasado 3 de julio, convocada por la Red Comunitaria Trans, con sede en Bogotá,  por las muertas por negligencia estatal, en razón a la criminalización de las personas trans y la violencia policial, por el impacto desproporcionado que la política de drogas tiene en el encarcelamiento de las personas trans, por la corta expectativa de vida a la que estamos sentenciadas (35 años), por la injusticia económica y la distribución desigual de oportunidades educativas y laborales y por las condiciones tan precarias en las que las mujeres trans desarrollamos el trabajo sexual, se unieron Medellín, Tunja y Popayán.

Dice la Red Comunitaria Trans que, exigir ​#JusticiaParaAlejandra es romper los círculos de pobreza, exclusión estructural y criminalización impuestas por el Estado y la sociedad. Las personas trans se ven obligadas a resistir a diario la discriminación y el estigma social por existir, por ser mujeres con pene y hombres con vagina.

Según informó la Red Comunitaria Trans, ha organizado esta protesta “ante la actitud y respuesta policiva e indolente de Claudia López y frente al silencio cómplice de la Alcaldía Mayor de Bogotá y sus mentiras frente a los hechos de violencia y discriminación no nos queda otra que cuidarnos entre nosotras. Nos vemos este 3 de julio en la Torre del reloj del parque nacional”.

El epicentro de la acción política reivindicativa en Bogotá fue el Parque de los Hippies. Ante la situación propia de la pandemia de la Covid-19, en la convocatoria les aclaran a todas las personas la importancia de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad.

 

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