El traje a su medida: los cálculos del partido de Gobierno

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Bancada uribista en el Congreso de la República.

Uribe quiere cooptar la Corte que lo investiga, elegir Fiscal para su impunidad y desmontar el Estado de Derecho vía opinión para no ir a la cárcel

Redacción Política

El lunes 15 de julio se cumple un año de la citación a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal por el caso que involucró al también senador Iván Cepeda. El auto emitido por la Corte Suprema de Justicia cita formalmente al exmandatario a responder por una supuesta manipulación de testigos en la acusación contra Cepeda.

La Corte no encontró mérito para investigar al senador del Polo Democrático a partir de los testimonios que la defensa de Uribe había aportado. De ese hecho el ente encontró elementos probatorios serios para iniciar una investigación que tiene para determinar la participación de Uribe en la preparación de testigos para lograr una condena contra Cepeda.

La falta de definición de una fecha para recibir la indagatoria a Álvaro Uribe no es una situación particular en el procedimiento de ese tribunal, está sujeta a la recusación presentada contra la magistrada de la sala de instrucción que llevaría el caso de Uribe, la togada Cristina Lombana.

La magistrada es una oficial activa de las fuerzas militares y ocupa su despacho en la Corte de Suprema por una licencia profesional, que le permite impartir justicia en la jurisdicción ordinaria. A Lombana la han visto muy apresurada por dar su concepto sobre la recusación que involucra al expresidente de la República. El problema es que una militar en servicio y bajo sumisión a su comandante en jefe Iván Duque quiere involucrarse en el proceso de Álvaro Uribe, jefe natural de Iván Duque.

La magistrada militar

Lombana es protagonista de otra recusación. En la reciente investigación que le adelanta la corporación judicial al senador Armando Benedetti por un supuesto beneficio personal en el marco de la ley que habilita la tenencia y porte de armas, recusó a la magistrada con el argumento de usar esa magistratura para perseguirlo por pensar distinto al Centro Democrático, explicó Benedetti. Aunque nada tiene que ver el expediente Uribe con el de Benedetti, este último señaló a Lombana como una juez que no entrega garantías a la hora de juzgar a los contradictores políticos de Álvaro Uribe.

La Corte Suprema de Justicia es la única instancia judicial facultada para resolver procesos penales del jefe natural del Centro Democrático, y es la única instancia que hasta ahora no ha podido cooptar poniendo allí sus fichas. Lo intentó con Lombana y por eso ella da una lucha interna por quedarse como instructora del proceso de Uribe.

La defensa sabe que debe ganar tiempo para evitar la vinculación del exmandatario al proceso. Una fuente en el alto tribunal le dijo a VOZ que se sienten presionados mediáticamente por las acusaciones del partido de Gobierno en contra de la justicia y por los seguimientos e interceptaciones hechas por la Fiscalía y organismos de inteligencia contra magistrados de esa Corte. La fuente en el alto tribunal le pidió a VOZ reserva y afirmó: “Es una presión que se hizo evidente desde la llegada del nuevo gobierno”.

La ministra

En la idea de salvar la legitimidad del gobierno, la popularidad del presidente Duque y la tranquilidad procesal del exmandatario, el Centro Democrático eligió como Ministra de Justicia a una exmagistrada del tribunal que investiga a Uribe, Margarita Cabello. Ella tiene la tarea de sacar adelante una reforma a la justicia que modifique la JEP, suprima las cortes existentes y configure un solo tribunal.

Pero la tarea más importante para la nueva ministra Cabello es influir suficiente en el alto tribunal para las decisiones de elección de nuevos magistrados y la discusión de las salas de decisión judicial que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para cada uno de los expedientes que estudia.

El Fiscal

La otra elección próxima es la del Fiscal General de la Nación, que será otro fiscal de bolsillo como lo fue el cuestionado Néstor Humberto Martínez, quien además de ser muy servil a la causa del Gobierno será también llamado por la Corte Suprema por las actuaciones en investigaciones como la de Odebreth o la del cartel de la Toga en donde su nombre resulta clave en la investigación. Los nombres sobre Fiscal no han sonado, de hecho, Duque en reciente entrevista a la emisora La FM señaló que espera ver en la terna a una mujer.

Dicha elección resulta clave para los intereses del Gobierno. Por una parte, pretende detener toda clase de investigación que se relacione con Odebrecth y con las alianzas de esa multinacional con políticos de derecha. Por otro lado, en juego están las investigaciones que conduce esa institución en contra del hermano del exmandatario Santiago Uribe. Para los propósitos del partido de Gobierno el mandatario de los colombianos cambió la elección de Fiscal que regía por un decreto de presidencia con fuerza de ley firmado por Juan Manuel Santos para la elección de Néstor Humberto Martínez.

Duque tendrá, como señala la Constitución, la libertad de presentarle a la Corte la terna de aspirantes para que este tribunal decida. A mayor tiempo la designación de Fiscal, mayor es el margen de tiempo que la defensa de Uribe y los cálculos del Centro Democrático necesitan para cumplir sus fines.

La jugada del uribismo en el ajedrez de la política y la justicia es arriesgada pero su única tabla de salvación. Modificar la estructura del Estado en favor suyo también se hace con la estrategia de la calle, la de un referendo que impulsan personajes muy cercanos como el periodista Herbin Hoyos.

Hoyos y otras personas distinguidas públicamente por sus doctrinas radicales de derecha que representan diversas tendencias uribistas han manifestado su interés por recolectar firmas para un plebiscito que derogue de un solo plumazo las Cortes y la JEP, remover los magistrados que ejercen actualmente su periodo constitucional y remplazarlos por unos designados por el presidente Duque.

Con mira electoral

El componente político para darle la talla perfecta a la estrategia uribista para cooptar el poder judicial es el denominado “estado de opinión”.  Las acusaciones contra las altas cortes hechas por los voceros uribistas que tildan a sus magistrados de “enmermelados” y de serviles por no acompañar con sus fallos las intenciones del ejecutivo de hacer trizas la paz, es muestra de la intentona uribista por poner contra la pared a los magistrados y sus decisiones.

“Es fácil para Uribe destruir la legitimidad de la Corte, para él el mejor escenario es la guerra y la desintitucionalidad. Quiere ahora poner a los jueces en contra para deslegitimar cualquier acción judicial en su contra. Es evidente la estrategia”, reiteró la fuente.  Y no es para menos así evita el llamado de la justicia y “saca a votar enojada” a la gente para las elecciones locales próximas.

En defensa del estado de derecho están las fuerzas contrarias al Centro Democrático, las vocerías internacionales en materia de política y justicia se oponen a la posibilidad de imponer un nuevo orden de justicia, las organizaciones defensoras de derechos humanos y quienes consideran que detrás de la reorganización estatal y administrativa que pretende Álvaro Uribe, se encuentran en oposición y preparando acciones políticas y jurídicas para evitarlo. La investigación y un fallo adverso a Uribe lo dejaría condenado y sin curul, y partido en mil pedazos el Centro Democrático.

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