Comunidad universitaria exige una investigación transparente frente a los hechos en los que murió un joven en medio de una explosión y otros más resultaron gravemente heridos. Igualmente, llama a parar los señalamientos que ponen en riesgo a la universidad
Carolina Tejada Sánchez
@carolltejada
Luego de una asamblea estudiantil en la Universidad del Valle, sede Meléndez, para brindar apoyo a la minga indígena, social y popular, que lleva más de un mes en paro, y con el fin de socializar un informe preliminar sobre la muerte en extrañas circunstancias del estudiante de arquitectura, Jonathan Landínez, en el corregimiento de La Delfina, vía Buenaventura, mientras acompañaba a un grupo de indígenas, se inició un ejercicio pacífico de conmemoración, en el cual los estudiantes hicieron diversas intervenciones musicales y artísticas de diferente índole, al interior del alma mater.
Siendo la una de la tarde del miércoles 3 de abril, se inicia una confrontación con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, que por medio de la fuerza intentaba ingresar al campus. Mientras esa situación se daba a la entrada de la institución, unos drones sobrevolaban el campus. En vídeos caseros que se subieron a las redes sociales, se distinguen algunas personas encapuchadas, con voladores, intentando tumbar algunos de estos artefactos que son manipulados a través de control remoto.
Luego de un corto tiempo de iniciado el tropel, y en medio de confusas circunstancias que están por esclarecerse, se advirtió el estallido de un artefacto explosivo en las cercanías de la cafetería central de la universidad. Una situación inusual, tanto por el lugar, como por la magnitud de la explosión. En medio del estallido, varias oficinas quedaron afectadas, incluyendo la del sindicato de trabajadores de la universidad, Sintraunicol, Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, que quedó devastada.
Una tragedia en indagación
VOZ dialogó con uno de los jóvenes defensores de derechos humanos que acompañó la situación, luego de los disturbios, Sergio García. El joven narró que una vez que se disiparon las personas que estaban en los alrededores de la explosión, se advirtió un cadáver en el sitio: “Esta explosión dejó como saldo final un joven muerto, Johnny Rodríguez, y varias personas heridas de gravedad. Estamos hablando de personas que, según el reporte médico, sufrieron amputaciones y lesiones físicas permanentes y otros heridos leves. Estas personas, luego de un largo tiempo de espera, fueron trasladadas a la Fundación Valle del Lilí y al Hospital Universitario del Valle”.
Desde que se conocieron los hechos, comenta el joven, las organizaciones defensoras de derechos humanos se desplazaron hasta la universidad y sus alrededores, con el ánimo de ayudar en lo que fuera necesario, “por un lado, para asegurar que no hubiesen más personas heridas, o personas capturadas injustamente o sin el debido proceso, y, por otra parte, para rodear el espacio y que no se insertaran ilegalmente pruebas en la escena o se alterara la misma luego de la llegada del CTI de la Fiscalía. Esta preocupación surgió del constante merodeo previo de helicópteros de la Policía Nacional y un dron, del cual, la misma comunidad sospecha, tendría algo que ver con la explosión”.
Esta situación llamó la atención de las y los ciudadanos, de la administración de la universidad y de las diferentes entidades del departamento, que llamaron a la calma y a la investigación. Mientras tanto, se dio la orden de allanamiento de la universidad, la evacuación del campus y se rumoró la posibilidad de su militarización: “Un bus de derechos humanos se ubicó dentro de la sede para sacar a los estudiantes en el plazo dispuesto para ello. Y en las horas de la noche, ya los heridos estaban plenamente identificados, así como el joven que falleció. Como equipo de defensores, hicimos el respectivo acompañamiento en el sitio, hasta el contacto con los familiares”.
Señalamientos absurdos sobre lo ocurrido
Nuevamente, y sin una previa indagación sobre los hechos, llegan las acusaciones. Según el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, “estas protestas estudiantiles, que se desarrollan en el país, están infiltradas por grupos al margen de la ley, pues hechos como el misil lanzado desde una bazuca improvisada son puro y absoluto terrorismo”. Lo señalado por el ministro, no solo ha generado rechazo por el calificativo de acciones terroristas, sino un llamado a que se respeten los procedimientos de indagación antes de juzgar.
Relacionar dicha protesta estudiantil con el terrorismo y la manipulación de un misil improvisado es peligroso y absurdo. Por un lado, un misil es un proyectil propulsado por un cohete o motor de reacción, que no se manipula fácilmente, y por otro lado, ¿qué estudiante va a comprar un misil para bajar un helicóptero sobre su propia casa educativa?, ¿con qué dinero lo compraría? Según información de internet, un misil puede costar aproximadamente 750.000 euros. Los señalamientos de este talante por un hombre que es el responsable de la defensa de un país, deja mucho de qué hablar, más cuando los videos muestran a un par de personas manipulando un tubo de PVC con un volador, que es lo que se le lanza a uno de los drones denunciados por la comunidad universitaria.
Mientras tanto, la universidad ha llamado a frenar los señalamientos que ponen en riesgo la vida de personas de la misma institución. En menos de dos meses, ya serían dos jóvenes muertos en medio de explosiones confusas. Aunque el joven que murió al interior del campus y las otras personas heridas de gravedad no estaban vinculados a la Universidad del Valle.
Por otra parte, los defensores de derechos humanos también han expresado su preocupación por los hechos, “es un asunto trágico en todos los sentidos, pero que expresa varias cosas. Primero, el tratamiento policivo que va a tener la protesta social en este gobierno y el papel que van a jugar las universidades en la agenda de orden público. Segundo, que es notable que no hay condiciones totalmente seguras para la manifestación pública y la movilización. Y tercero, que debe condenarse, a partir de esto, la conversión de las universidades en campos de batalla y de violencia estatal”, asegura el joven defensor.
La investigación
Desde este fin de semana el CTI estuvo realizando las primeras audiencias con los heridos. Según comenta Sergio, “a algunos de ellos se les imputaron los cargos de terrorismo y fabricación de explosivos, entre otros. Dos de los estudiantes, Juan Alberto Gómez y Juan Pablo Aponte, llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía para pagar nueve años de prisión por los delitos mencionados. Mientras tanto, Juan Bedoya se recupera en la Fundación Valle del Lilí de sus graves heridas, y se resuelve su situación jurídica, de la cual se cree estará en la misma dirección de las anteriores”.
Se insiste, entre tanto, en adelantar un procedimiento serio y transparente, que brinde claridades de lo ocurrido y se garantice un debido proceso para quienes hoy están siendo judicializados. Igualmente, que se pare la cacería de brujas y el señalamiento contra la universidad pública y la protesta social y se respete el alma mater como campus para el arte, la cultura, la educación y no para la militarización o la guerra.
