La persecución policial, judicial y mediática revela la debilidad del régimen y su urgente necesidad de crear enemigos para distraer la atención y evadir responsabilidades
Roberto Amorebieta
@amorebieta7
Ha finalizado el conflicto con las Farc, la propaganda antivenezolana ya no vende, la amenaza rusa no se ve creíble, el ELN parece más preocupado por dialogar que por hacer la guerra, la ciudadanía está muy molesta y en cualquier momento habrá otro estallido social, no se preocupen, tenemos un nuevo “enemigo público número uno”: la Primera Línea.
Financiada por las fuerzas del mal, inspirada en peligrosos ideales pseudomarxistas y animada por sospechosos discursos de odio de clase, este “grupo criminal” -como lo tildó la revista Semana– es la nueva amenaza urdida por oscuras fuerzas como el Foro de São Paulo contra la armonía, la felicidad y la tranquilidad que hasta hace tres meses se vivía en Colombia.
Lo anterior no dejaría de ser risible si no fuese cierto. Es aterradora -aunque en este país ya pocas cosas aterran- la forma como se ha desatado una campaña policial, jurídica y mediática contra miembros en todo el país de la Primera Línea en vísperas del 20 de julio. Ese día fue convocada una gran movilización popular en todas las ciudades del país y las primeras líneas se reunieron en la capital en lo que llamaron “la toma de Bogotá”.
Medios como la revista mencionada y otros de menos presupuesto, pero con la misma calidad periodística -incluso alguno dirigido por un reconocido agresor de mujeres- han saturado el ambiente noticioso con contenidos sensacionalistas que pintan a la Primera Línea como un peligroso grupo delincuencial.
Derecho del enemigo
La campaña comenzó hace pocos días con la noticia de la detención de doce integrantes de las primeras líneas en Medellín, Pasto, Villavicencio, Cúcuta, Neiva, Buga, Soacha y Palmira. La policía dice que les fueron decomisados artefactos para la elaboración de bombas molotov -al parecer gasolina, trapos y botellas-, un arma de fuego, machetes y peligrosas herramientas como cascos, gafas industriales, máscaras antigases, escudos, pancartas y libros. Algunos de estos detenidos tienen antecedentes o han sido identificados como miembros de algún grupo ilegal, dice la policía, pero la mayoría han sido capturados porque “planeaban alterar el orden público el próximo 20 de julio”.
Merece la pena detenerse en la forma como se toma una decisión de allanar unos inmuebles y arrestar a unas personas, no porque hayan cometido un delito sino porque se supone que están planeando cometer uno. Es decir, aquí el castigo se aplica antes de que el delito se cometa, simplemente para prevenirlo.
Es lo que algunos juristas llaman el “derecho del enemigo”, que forma parte del discurso con que se justificó la invasión a Irak: “No nos han hecho daño, pero sospechamos que quieren hacerlo. Por eso les castigaremos invadiéndoles antes de que lo intenten”. Esta perspectiva es calificada como muy peligrosa porque viola principios básicos del derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Lo anterior es aún más preocupante en el caso de los detenidos en la ciudad de Soacha. Allí, el pasado 20 de junio, los jóvenes manifestantes identificaron a un hombre infiltrado que estaba tomando fotografías y lo retuvieron. Tras requisarlo, descubrieron que estaba armado, pertenecía a la policía y supusieron que realizaba labores de espionaje.
Bajo la protección de los jóvenes de la Primera Línea, fue conducido y entregado a miembros de la Defensoría del Pueblo quienes certificaron su buen estado de salud. Ahora, la Fiscalía les imputa varios delitos y ha capturado a cuatro de los muchachos que aquel día garantizaron la integridad del joven policía.
Decomisos y retenciones ilegales
En todo el país, la policía ha desplegado operativos en las carreteras para impedir la llegada de las delegaciones que viajaron para participar en la convocatoria de la Asamblea Nacional Popular en Cali y en las movilizaciones del 20 de julio. Sin ningún respaldo legal que la ampare, la policía detuvo a las delegaciones, hostigó a las personas, impidió el libre tránsito por el territorio y decomisó elementos de protección como cascos y gafas industriales, sin que exista una norma que prohíba portarlos.
Las retenciones de vehículos, el decomiso de material legal para la protesta y las detenciones ilegales de activistas recuerdan las épocas del estado de sitio cuando la policía detenía rutinariamente y por algunos días a los llamados “agitadores profesionales”, antes de que sucediera un acontecimiento importante como un paro nacional o la llegada de algún dignatario extranjero.
Eran tan frecuentes y tan previsibles esas detenciones, que dirigentes políticos de la época cuentan que mantenían un maletín con ropa junto a la puerta de su casa, advertidos de que la detención podía llegar en cualquier momento.
Linchamiento mediático
A lo anterior se ha sumado el coro de medios y de opinadores que han replicado los contenidos de Semana, insistiendo en que la Primera Línea es un grupo delincuencial que se propone destruir las ciudades y sembrar el caos. Ni una palabra sobre la ilegalidad de las retenciones, los arrestos o de los decomisos. Como no podía ser de otra manera, todo se sustenta en un artículo escrito a partir de un nuevo informe reservado de inteligencia que “revela la verdadera trama detrás de la Primera Línea”.
Según Semana -porque no conocemos el supuesto informe de inteligencia-, la Primera Línea es un grupo organizado, con tácticas, financiación y escuelas de formación, pero a la vez reconoce que no tiene un mando central y cada grupo actúa de forma independiente. Es decir, sí pero no.
El tono del lenguaje del artículo de Semana es apocalíptico, pero los hechos que refiere no lo son. Tras sostener que la Primera Línea se ha convertido en un grupo terrorista, denuncia que miembros de ese grupo han dispuesto galpones en Bogotá para alojar a los otros miembros que vienen de otras partes del país. ¿Desde cuándo organizar alojamientos para manifestantes es propio de terroristas? El tono de Semana deja entrever que sí lo es.
Como prueba de sus acusaciones, la revista revela transcripciones de conversaciones telefónicas que develan un altísimo grado de sofisticación en la planeación de actos violentos: “Tiene que ser una misión ultrasecreta”, dice uno de los chuzados, según Semana.
Remata la revista el artículo con el tema de la financiación y de las cartillas para adoctrinamiento de niños. El aparte de la financiación de la Primera Línea -que, por supuesto atribuye a las disidencias, la Segunda Marquetalia y el ELN- sería simplemente ridículo si no terminara sugestivamente con una mención a Gustavo Bolívar y su campaña para recoger dinero y dotar a las primeras líneas con elementos de protección. Lo de las cartillas para niños es simplemente delirante y se resume en dos ideas: “un editorial ideologizado contra el Estado y las instituciones en el que incitan a los menores al odio” e “instrucción militar: cómo manejar los escudos, cómo usar las caretas…”.
Lo más paradójico de todo esto es que la represión y la persecución mediática contra la Primera Línea puede ser útil para alimentar titulares y servir de distractor momentáneo de la opinión pública. Pero lo cierto es que las primeras líneas se han convertido en la vanguardia juvenil de la transformación social en Colombia y hoy gozan de mucha más legitimidad que las propias instituciones. Es lo que el uribismo no ha podido entender.
Criminalizar un casco de albañil solo hará que más personas decidan ponérselo cuando van a manifestarse. Prohibir el casco es resignificarlo.
Por eso ya tengo el mío.
