El gobierno en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero
El representante a la Cámara, Iván Cepeda advirtió que con la puesta en marcha de la ventanilla para recibir las solicitudes de nuevos títulos mineros, el gobierno nacional está abriendo una puerta para que continúe la feria de concesiones que inició en el gobierno anterior, en la cual se beneficiaron Santiago Uribe y otros zares de títulos, que luego los cedieron a transnacionales como AngloGold Ashanti.
Del mismo modo, indicó que existe alto riesgo de que se sigan otorgando títulos en zonas excluidas de la minería, sin el cumplimiento de la consulta previa, o sin respetar la normatividad ambiental.
El representante recordó que, tal como lo dijo en el pasado debate de control político sobre el ‘Apocalipsis minero’, las autoridades “se han hecho las de los oídos sordos ante las múltiples voces que han advertido de los peligros de permitir nuevas solicitudes de concesiones mineras. Bajo el caos actual y la desprotección de ecosistemas estratégicos como los páramos, el gobierno, en lugar de cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó consultar a las comunidades, y de poner a consideración del Congreso un nuevo Código de Minas, ha decidido permitir que cualquier persona o empresa solicite un título minero en cualquier parte del país”.
Para Cepeda, no están dadas las condiciones para abrir de nuevo la ventanilla minera, pues no existen avances significativos en materia de ordenamiento territorial ambiental, lo cual debería ser una condición previa para autorizar la actividad minera. Insistió en que tampoco ha culminado la primera fase del contrato de fiscalización a los títulos existentes que la Agencia Nacional Minera suscribió con empresas privadas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones, conociendo las múltiples irregularidades y el desastre ambiental que han causado empresas como AngloGold Ashanti, Drummond y Colombian Natural Resources.
Finalmente, el congresista señaló que en el próximo periodo legislativo se pondrá en marcha la Comisión Parlamentaria Especial de Seguimiento a la Política Minera, aprobada por el Congreso, con el fin de verificar los impactos de la gran minería, especialmente en Chocó, Sur de Bolívar, Cesar y Tolima.
