Carlos Fernández*
En reciente artículo de la revista Dinero, se señala que el talón de Aquiles del sector agropecuario colombiano es la falta de planificación, no obstante que, en 2011, se creó la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), con el propósito de que el país organizara sus ideas con respecto a su sector agrícola. Esta entidad, hoy denominada Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, está adscrita al Ministerio de Agricultura y tiene como fin determinar, según criterios técnicos, el mejor uso que se le pueda dar al territorio rural para efectos de elevar la producción y la productividad. Otras entidades, también adscritas al Ministerio de Agricultura, se ocupan de los problemas de acceso a la tenencia y propiedad de la tierra, a la restitución de tierras despojadas a los campesinos en razón del conflicto armado, al desarrollo rural, etc. A pesar de que las normas hablan de la necesaria coordinación de estas entidades, su accionar se lleva, en la práctica, como si fueran compartimientos-estanco, cada una actuando por su lado.
Institucionalidad y Acuerdo de Paz
A la dispersión mencionada, se añade la existencia de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, adscrita a la Presidencia de la República, con cuatro funciones principales:
- Una función general de formulación, estructuración y desarrollo de las políticas y programas relacionados con el posconflicto, para lo cual debe coordinar a las entidades nacionales y territoriales en la ejecución de tales políticas y programas, así como hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz.
- Una función específica de direccionamiento estratégico del programa contra las minas antipersonal.
- Otra función específica relacionada con el diseño y coordinación de los programas de sustitución de cultivos llamados ilícitos, convenidos en el Acuerdo.
- Una muy específica de coordinar el relacionamiento del Gobierno con el sector privado para promover su participación en el desarrollo del país en la etapa del posconflicto.
Ésta última función constituye el núcleo de la ideología del Gobierno y de los sectores económicos nacionales y transnacionales que lo sustentan respecto a los objetivos últimos que los llevaron a la negociación del Acuerdo. El capital nacional y transnacional está buscando incorporar dentro de la lógica del sistema capitalista a territorios que aún permanecen por fuera o en la periferia de la economía capitalista. En el caso del capital nacional, para desarrollar la producción de productos promisorios en materia de agroindustria o de exportación. En el caso del capital transnacional, para adquirir tierras (como ya se ve en otros países) con fines de producción alimenticia para la población de los países donde tienen sus bases u otros con perspectivas de mercado; también, con el fin de tener recursos de suelo y agua para satisfacer necesidades en estos ámbitos o para tener acceso a los recursos del subsuelo de estos territorios.
En este sentido, el gobierno nacional ha adelantado, ya, algunas acciones como la creación de las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) y ha intentado, hasta ahora sin éxito y con el pretexto de la implementación del Acuerdo de Paz, de facilitar el acceso de los distintos capitales a la tierra para su explotación intensiva.
La otra visión
Las luchas campesinas libradas en el país a lo largo del siglo XX y lo que va corrido del XXI han tenido como norte el fortalecimiento de la economía campesina, a través de figuras como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC); el desarrollo agropecuario sobre la base de priorizar la producción alimenticia para la población colombiana; la preservación de los recursos naturales renovables; la supremacía del agua sobre los minerales e hidrocarburos, etc. Esta visión fue la que iluminó la lucha guerrillera durante más de medio siglo y sigue siendo el norte al que apunta la lucha actual de las fuerzas políticas en que se han convertido las guerrillas y del conjunto de organizaciones campesinas, de sindicatos agrícolas y ambientalistas.
* Economista.
