La salida de la crisis está en la ratificación de un principio de acuerdo con los partidos políticos y sectores de la sociedad civil, sobre la base del respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos
Alberto Acevedo
El derrocamiento, en 2019, del gobierno del presidente Omar al-Bashir, que había instalado una cruel dictadura, y la promesa de propiciar un gobierno de transición, que regresará al país a la democracia y al ejercicio de los derechos civiles para el pueblo, se hallan en el origen del conflicto que hoy vive este país africano.
En agosto –casi hace dos años– tras la caída del dictador se instauró un gobierno de transición, que a su vez fue derrocado por un golpe militar en octubre de 2021. En la acción golpista participaron las Fuerzas Armadas de Sudán y un organismo calificado como paramilitar, con más de cien mil hombres en sus filas, denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAR.
Fue el presidente dictador Omar al-Bashir el de la idea de constituir una fuerza paralela al ejército nacional, las FAR, integrada por mercenarios y excombatientes de otras guerras en países africanos, entidad que rápidamente se caracterizó por su crueldad y capacidad de represión. Hecho que resultó muy útil al dictador para aplastar cualquier intento de rebelión o de protesta de su pueblo.
Se coaligaron para el golpe
Las FAR se caracterizaron por la ferocidad de su accionar represivo, sobre todo en la población de Darfur, que ofreció la mayor resistencia a la dictadura. De esta capacidad de represión se puede mostrar un dato: el 3 de junio de 2019, en una sola acción represiva, las FAR asesinaron a más de cien manifestantes.
Las Fuerzas Armadas de Sudán se encuentran comandadas por el general Abdel Fattah Al Burhan, mientras que las FAR están lideradas por el general Mohammed Homdan Dagolo. Los dos altos mandos, aparentemente no tenían desavenencias y juntos fueron protagonistas del golpe de Estado de octubre de 2021, que frustró un intento de transición política en el país.
Un aspecto de tal transición contemplaba la inserción de las unidades de las FAR al ejército regular sudanés. No obstante, establecer de qué manera se produciría tal fusión de fuerzas castrenses y, en definitiva, cuál el mecanismo para que los militares cedieran el poder a un gobierno civil, marcó el ahondamiento de diferencias, que ya venían desde antes y que paulatinamente se fueron haciendo irreconciliables.
Contradicciones no superadas
“Lo que está sucediendo hoy en Sudán –dice Fathá El Fadl, portavoz del Partido Comunista Sudanés– es solo la consecuencia del fracaso del golpe de Estado de octubre de 2021. Este tenía como objeto crear una nueva asociación entre las dos principales fuerzas armadas, por un lado, y los civiles, representados por las Fuerzas para la Libertad y el Cambio, FLC, por el otro”.
“No podía funcionar. Porque la principal disputa entre todas estas fuerzas se refiere al poder y la autoridad. Ninguna de estas partes está realmente preparada para un compromiso (de cambio social). A pesar de las presiones regionales e internacionales sobre todas estas fuerzas a las que hemos asistido, las contradicciones no han sido superadas.
“Se mantuvieron hasta un punto de ruptura. Esto es exactamente lo que está sucediendo. Los enfrentamientos residen en la capacidad de controlar el gobierno y poseer la autoridad”, precisa la declaración de los comunistas sudaneses.
El poder detrás del poder
“Ese control del gobierno –precisa la declaración– es en última instancia el dominio de la riqueza del país; los generales del ejército regular controlan las sociedades industriales y comerciales, las FAR trabajan con socios rusos de Wagner (fuerza paramilitar rusa), mientras que el ejército sudanés tiene relaciones comerciales con generales egipcios”, puntualiza el análisis.
Una exigencia de coyuntura del Partido Comunista y otros sectores de la población civil, es el alto el fuego inmediato, la retirada de las tropas y las milicias de las ciudades, los pueblos y las zonas residenciales; retirar las armas en manos de civiles y la conformación de un ejército nacional profesional y unido.
Hay un aspecto en el que la declaración de los comunistas sudaneses pone los puntos sobre las íes, es el de los negocios que manejan los militares de ese país, tanto las fuerzas regulares como las llamadas milicias. El ejército oficial siempre ha sido el poder real detrás de la presidencia, y controla varias empresas industriales y comerciales, incluso las que eran propiedad del dictador Al Bashir.
Egipto y Etiopía tienen intereses muy fuertes en Sudán, y no son ajenos al actual conflicto. Por eso, no pocas de las inversiones que allí realizan benefician también a la otra facción militar, las denominadas FAR. Por esa razón, en el fondo del actual conflicto lo que hay es una lucha por la supremacía política y económica. Los dos jefes militares nunca estuvieron comprometidos con la democracia y, por el contrario, los reclamos populares fueron reprimidos violentamente.
Hacia un régimen democrático
Sudán se ubica en el nordeste de África y tiene límites con Egipto, Eritrea, Etiopía, Sudán del Sur y el mar Rojo. La mayoría de su territorio es desértico, tiene una población estimada en 46 millones de habitantes, que tienen un bajísimo nivel de bienestar, por lo que Sudán ocupa el último lugar en la tabla mundial de calidad de vida. Es el tercer país en extensión en el continente negro; aunque uno de los de mayor pobreza en el mundo. Es, por demás, uno de los países de mayor corrupción administrativa en el planeta.
Las hostilidades entre las dos facciones militares estallaron el 15 de abril y no parece vislumbrarse un acuerdo entre ellas; varios intentos de tregua han fracasado. Reportes de organismos humanitarios de las Naciones Unidas hablan de unos 500 civiles muertos, de unos 3.000 heridos y de numerosos desplazados que han cruzado la frontera de los países vecinos.
El éxodo es numeroso, unas 12.000 personas cruzaron la frontera con Egipto y 20.000 más la Chad, donde se cree podrían llegar hasta 100.000 personas. Se ha establecido que, entre los migrantes de la guerra, unas diez personas son colombianas.
En medio de este panorama complejo, la solución es la que sugieren los comunistas, un acuerdo entre facciones militares que ponga fin a las hostilidades, y la firma de un acuerdo con los partidos políticos del país, incluidos los de la oposición democrática para agilizar un proceso de transición hacia un régimen de garantías, de reconocimiento de derechos fundamentales de las personas.
