El paro nacional del próximo 21 de noviembre, tendrá la participación de 52 mil trabajadores del sector de la justicia que reclaman cumplimiento de acuerdos, modernización y ampliación de planta para descongestionar y prestar un mejor servicio
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
52 mil trabajadores de la rama judicial en todo el país se preparan para participar en el paro nacional del próximo 21 de noviembre. Este es un sector que desde hace años ha estado en conflicto con los diferentes gobiernos porque no han tenido la ampliación de planta ni la modernización necesarias para atender las necesidades. Pero también hacen el cese de actividades para rechazar la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma tributaria.
Avances unitarios
Aunque este año han parado y se han movilizado y adelantado reuniones con el Gobierno nacional, no han tenido avances para la solución de su problemática. “En 2019 han realizado varias movilizaciones y hace dos semanas sostuvimos una reunión con la ministra de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, pero no asistió el Ministerio de Hacienda, lo que dificulta la negociación porque se deben tratar temas como la bonificación salarial y el pago del 30% de la deuda de los jueces como prima desde 1993”, explicó a VOZ Luis Fernando Otálvaro, presidente nacional de Asonal Judicial Sindicato de Industria.
Uno de los avances más significativos del movimiento sindical en esta rama, es que se logró la creación de una coordinadora de trece organizaciones de trabajadores que les da mayor fuerza para enfrentar al Gobierno nacional en la defensa de sus derechos. En esta hay sindicatos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial. Esta ha determinado que de no haber soluciones, continuarán las movilizaciones luego del paro del 21 de noviembre.
Entre los asuntos más importantes a solucionar por parte del Gobierno nacional, para este sector está: “La ampliación de la planta de personal de 2.469 empleos costaría $282.065.638.673 y el criterio de reparto que proponemos es privilegiar la función judicial (misional) y la creación de juzgados para redistribuir las cargas laborales, por lo que 100.000.000.000 de los 113.000.000.000 que se adicionaron en el presupuesto 2020 tendrán esa destinación específica. (…)”
Estos trabajadores del Estado también aducen que el objetivo de la mesa técnica es la concreción de preacuerdos suscritos con la anterior ministra de Justicia atinentes al reajuste anual de la bonificación judicial en el mismo porcentaje en el que se aumentó el salario en el año 2019 (4,5%) y el reconocimiento de su carácter salarial (…).
Por otra parte, la coordinadora de sindicatos denunció que el Gobierno radicó el 21 de octubre pasado, un proyecto de ley que sustituiría a la ley de financiamiento declarada inexequible por la Corte Constitucional, cuyo texto, según anuncio del ministro de Hacienda, es idéntico al que aprobó el Congreso el año pasado, de modo que pretende eliminar nuevamente las exenciones sobre las rentas de trabajo (25% de salario, gastos de representación y auxilio de cesantía), con lo cual se aumentará la retención en la fuente y el impuesto de renta a los asalariados y se rebajará la carga tributaria a los grandes contribuyentes. Este gravamen a las empresas es de 33% y a los asalariados de 39%.
Asamblea de Asonal
En el contexto de la organización de las movilizaciones, hace dos semanas se realizó en Cali una asamblea nacional de delegados de Asonal Judicial, en la que los asistentes realizaron un análisis de la situación política del país y ultimaron detalles para su participación en el cese de actividades.
En su declaración, en relación al momento actual del país, manifestaron: “Colombia vive hoy, un momento que podríamos llamar de regreso a una época nefasta de nuestra historia reciente, aupando una guerra generalizada, signada por el rearme del paramilitarismo, del terrorismo de Estado, de las masacres y asesinatos a líderes sociales, políticos y sindicales. Un regreso en contra de la vida, la paz y la democracia.
“Se vive un ataque de sectores de la extrema derecha en contra del acuerdo de La Habana y la suspensión unilateral de la mesa de negociación con el ELN, enfilando sus baterías directamente a desvertebrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, simultáneamente deslegitimar a la administración de justicia y al incumplimiento sostenido y permanente de parte del Estado colombiano de esos mismos acuerdos, en el afán de reconstruir la maltrecha política de seguridad democrática uribista, lo que ha implicado una nueva escalada del desplazamiento forzado, de falsos positivos y la reedición de la guerra sucia expresada en asesinatos selectivos, así como el ataque directo a la Corte Suprema y la Corte Constitucional”.
Finalmente, rechazaron la barbarie de la guerra y a sus patrocinadores y respaldaron los actos por una verdadera paz, democrática y profunda, “lo que quiere decir que abrazamos a la JEP, respaldamos irrestrictamente a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional. Así mismo, pedimos protección especial para los líderes sociales y el respeto al derecho a la movilización social y la oposición política, como gestores reales de cambios. El futuro de Colombia deberá estar signado por la lucha en defensa de una justicia nueva, digna, independiente y autónoma, construida por hombres y mujeres que vivan en paz y con instituciones demócratas, con nuevos jueces y para una Colombia nueva”.
Por las anteriores y otras razones, las organizaciones sindicales de la rama judicial creen que sobran razones para marchar, protestar, parar y emular las ejemplares movilizaciones de Chile y Ecuador.
