Sin opción de empleo digno para excombatientes

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Foto Mujer Fariana.

Debido al poco reconocimiento de sus capacidades y a los constantes señalamientos, excombatientes de las FARC consideran que es difícil conseguir un empleo digno

Renata Cabrales
@RENATARELATA 

Excombatientes de las FARC, como Adela Pérez y Sofía Nariño, creen que se deben facilitar más espacios de interacción con la sociedad, como muestras culturales  o conversatorios, con el fin de tener la oportunidad de mostrar su verdadero lado humano y tener reconocimiento como sujetas políticas y no seguir siendo estigmatizadas como seres monstruosos, por haber hecho parte de un grupo guerrillero, que ahora, como partido político, sigue propendiendo por la paz y la igualdad para el pueblo colombiano.

De esta forma, y debido al injusto señalamiento del que son víctimas a diario, muchas de estas mujeres revolucionarias tienen dificultad a la hora de conseguir un empleo. Pero esta desventaja no solo se da por el hecho de haber participado en una guerra de muchos años contra un Estado desigual sino por el hecho de que, en el caso de muchas, “como yo, por ejemplo, que ya supuestamente pasé la edad productiva, porque soy mayor de 40 años y que además de excombatiente soy exprisionera política, suficiente para ser estigmatizada por la sociedad y no tener la oportunidad de conseguir un trabajo digno”, expresa Adela Pérez, excombatiente del Frente Antonio Nariño, en Bogotá.

Adela Pérez.

La búsqueda de un cambio social

Adela Pérez quien tiene 44 años edad y que estuvo en las filas guerrilleras durante 28 años, aunque 10 de esos los haya pasado en la cárcel condenada por rebelión, sostiene que entró a las filas de las FARC porque su familia siempre fue de izquierda y se inició como pionera en la Unión Patriótica siendo apenas una niña: “de muy niña, en el campo, no entendía las razones por las cuales había tanta diferencia, en esa época no entendía esas diferencias tan marcadas entre unas personas y otras,  cuando estaba en la escuela rural, que mientras una aguantaba hambre o no tenía para comprar un dulce, otras personas desperdiciaban lo que tenían y en esos bagajes, estando en el potrero recogiendo leche, me imaginaba que se tenía que cambiar esa situación”.

En Bogotá, Adela y su familia empiezan a militar en la Unión Patriótica con el fin de contribuir al cambio hacia un país mejor y consideraban que debían fortalecer su compromiso por ese cambio social, por generar esas nuevas situaciones, para beneficio de las personas más vulnerables, pero, infortunadamente, cuando se inicia todo el proceso de exterminio de la UP, la familia es víctima de ese genocidio y en ese proceso fueron asesinados su padre, Misael Pérez y sus hermanas mayores, Luz Mireya y Carmenza Pérez Aguirre.

“Entonces, viene esa etapa del genocidio, de la persecución y nos vimos forzados a regresar al campo. Estando en Aquitania, Boyacá, masacraron a mi papá, a mis hermanas y a dos jóvenes más, el 11 de marzo de 1991. Por esas razones salimos desplazados y llegamos a Bogotá donde continué con la militancia, y ya tenía una visión mucho más fuerte de mi compromiso social, así que busqué el mecanismo para ingresar a las FARC, no como medio de venganza, pero sí consideraba que el sacrificio de vida de mi papá, mis hermanas y esos dos jóvenes no podía quedar en el olvido y que no tenía ninguna razón. Entonces, oficialmente, ingresé a las FARC en 1991 y eso me ha permitido continuar siendo consecuente con mis principios y convicción de construcción de país”, afirma Pérez.

La renta básica

Pero, Adela ha visto frustrados sus años de lucha por una paz estable y duradera al padecer en carne propia el incumplimiento de los acuerdos, pues, dentro de poco no podrán recibir la Asignación Única de Normalización y por concepto de renta básica que les ha venido proporcionando el Estado desde la firma de los acuerdos, y que además, no se les ha cumplido con ningún proyecto productivo, pues a la hora de presentar alguno, les ponen muchas dificultades para ser aprobados. Así, son muchos los temores que enfrentan en este momento, pues sin esa “ayuda económica”, que viene a ser apenas el 90 por ciento de un salario mínimo, en su caso, se verá en una situación muy difícil, pues en este momento se hace cargo de su madre, quien está mal de salud y de su hija, quien nació en medio de la guerra y quien es hija de un guerrillero caído en combate.

Así mismo, a pesar de tener experiencia en diferentes actividades, los procedimientos burocráticos que se realizan a diario en el país no le permiten certificar ningún tipo de experiencia, lo que hace que se dificulte la búsqueda de empleo: “No tenemos el reconocimiento de todas nuestras capacidades, nosotras somos todo terreno y cualquier responsabilidad que nos asignaban la cumplíamos y cualquier actividad la aprendíamos rápido. Hacíamos de todo, por ejemplo, periodismo, sistemas, cartografía, geografía, pedagogía, porque fuimos profesores”, advierte Adela, pero, además, agrega otra excombatiente que teme no poder conseguir empleo debido a la estigmatización social, Sofía Nariño: “también practicábamos la conducción, y no de cualquier vehículo sino de maquinaria pesada, porque nosotros construíamos carreteras”.

Sofía Nariño.

Difícil acceso a la educación

Por su parte, Sofía Nariño (nombre de guerra) quien también entró a las filas de las FARC por convicción, a los 17 años y porque creía que podía contribuir en la construcción de un país mejor, tuvo su primera frustración debido a la injusticia social al no poder entrar a estudiar una carrera universitaria debido a los altos costos educativos en las universidades privadas y a la escúublicas.

Por eso, en estos momentos, gracias a la renta básica, esta excombatiente de 39 años decidió que podía cumplir su sueño de estudiar, al costear sus estudios de ciencias sociales en la Universidad Pedagógica, pero si el gobierno llegara a incumplir, no podría seguir con su sueño de obtener un título profesional, pues debido a la estigmatización y a la supuesta falta de experiencia, sería difícil para ella conseguir un empleo, para seguir costeando sus estudios.

Además, para Sofía, con los acuerdos de paz, se debería facilitar el tema de la educación pública, no solo para excombatientes sino para la población en general, pues, “el tema de las universidades por ejemplo, en cuanto al incumplimiento, tiene que ver con el hecho de que la gente que está en las ETCR, Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación, no puede estudiar de forma virtual o algo así, pues en las regiones hay pocas universidades. Si se llegase a construir más universidades en todas las regiones sería una ventaja para toda la población vulnerable y no solo para excombatientes de las FARC, pues el proceso de reincorporación no debe ser solo para nosotros, ya que las FARC no estuvieron todos estos años en la lucha solo para conseguir nuestros beneficios sino los del pueblo entero”, advierte Nariño.

Mujeres “todo terreno”

Adela y Sofía recuerdan con nostalgia que en las filas de las FARC aprendieron a ser mujeres “todo terreno” que hacían todas las funciones, todos y todas de la misma forma, que allá no existían los roles de género y aprendían labores diversas, incluso, quienes practican la medicina aprendieron de manera empírica y que sin embargo, no se les obligaba a nada, pues también se tenían en cuenta las capacidades de cada quien. Advierten las excombatientes que, en realidad, saben hacer muchas cosas, pero llegaron al proceso de reincorporación y no tienen certificados para demostrar de qué son capaces, ya que las instituciones están atravesadas por la talanquera de la burocracia y hay que certificar todo, así que si el gobierno incumple o acaba con la renta básica, va a ser muy difícil para ellas encontrar una forma de ganarse la vida dignamente.

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