César Santoyo Santos
@Cesar_Santoyo_S
Las personas elegidas en el proceso político de selección de Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación e incluso, de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pasan a la historia del país como los emblemas del arreglo institucional que necesita un gobierno desgastado, incompetente que actúa de espaldas a las mayorías nacionales, capturado por un partido extremista y unos clanes políticos sometidos a la dictadura de decisiones familiares.
Estamos ante la captura del Estado, evadiendo los compromisos constitucionales derivados del control de poderes, típico de Uribe, queriendo “reencauchar” su desueto y regeneracionista referendo de 2003; estamos ante la ausencia de control para un presidente incapaz, que ha gobernado a sus anchas mediante el uso excesivo del decreto presidencial en el contexto de la pandemia, mientras captura las entidades de control, anula, vía acuerdos burocráticos, su papel de revisión, investigación y sanción.
La lucha contra el narcotráfico que es su eje estructurante de actuación y que podemos calificar de pérfida e inviable, unida al estado de cosas descrito, muestra la anulación, el negacionismo y el maltrato al que someten a la sociedad colombiana mostrando su talante autoritario y su maquillaje, ya permanente, para defender intereses corporativos, financieros, foráneos antes que a las mayorías.
Nos han estremecido las masacres que esa política fallida y el incumplimiento sistemático del acuerdo de paz están dejando en todo el país y cuyo costo lo está asumiendo la juventud. Esto pone en evidencia el porqué de la captura institucional de los órganos mencionados que, además de su atractivo burocrático, son un potente escenario para silenciar y solapar investigaciones y, por tanto, la inacción, la desidia, el desinterés del Gobierno nacional y promueve el tape-tape que conocemos históricamente.
Todas estas masacres son expresión de esta inacción. Son una muestra de la ruindad en la toma de decisiones que caracteriza al gobierno de Duque, que niega la orientación y la acción pública. La verdad es que en las regiones no falta ejército y policía, lo que hace falta es el Estado. Mientras no se persiga en realidad a los grupos que absorben las rentas multimillonarias del narcotráfico y sus conexiones de alto nivel, seguirán las muertes, la connivencia y la captura institucional del Estado, la cual es cada vez más sofisticada y de “élite”, sin respeto alguno por el control, el reporte de resultados, que persigue los pequeños efectos mientras los grandes fenómenos siguen su desarrollo criminal en la burocracia, el desdén, la corrupción y el negacionismo.
Ante esta tragedia nacional, ante la masacre y la guerra, ante la ineptitud e incapacidad que antecede la credibilidad del gobierno, ante la crueldad de sus actos y el negacionismo con que actúa, hay que anteponer la vida.
Columnas atrás promovía un gran pacto nacional por la dignidad y la salud el cual se debe ampliar procurando la unidad para movilizar a la sociedad exigiendo su dignidad, materializar la paz para librarnos del unanimismo, del terror y de la muerte.
Ese pacto pasa por el reconocimiento de la renta básica universal, por la revisión y ajuste de la economía para que la sociedad genere riqueza y por una apertura democrática que transforme el aparato estatal y evite su captura como hoy es nuestra dolorosa realidad. El reto es mayor ante la indiferencia, el miedo, el asesinato y la pandemia.
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