Aumenta la violencia contra líderes sociales. En esta ocasión las balas se llevan a un maestro delante de sus estudiantes. El docente había sido reubicado por amenazas contra su vida
Carolina Tejada
@carolltejada
Colombia no descansa de enterrar a hombres y mujeres por el hecho de pensar diferente. Líderes ambientalistas, sociales, comunales, activistas de la Colombia Humana, entre otros, parecen estar en la mira de quienes, por medio de la violencia sistemática, pretenden imponer un nuevo orden social en el país.
Un nuevo crimen, esta vez contra un docente de un colegio en el departamento del Caquetá, llamó la atención entre el movimiento social, pues Juan de Jesús Moreno Palacio, asesinado el pasado 17 de julio, había sido trasladado hace tres años desde Cartagena del Chairá hacia el colegio El Horizonte, ubicado en la vereda Remolinos en la zona rural de Curillo, en ese mismo departamento, con el ánimo de salvaguardar su vida, pues había recibido amenazas por la labor social que desarrollaba con la población aledaña a la institución en la que trabajada. Así lo informaron públicamente algunos integrantes de la dirección de la Asociación de Institutores del Caquetá, AICA.
Prendidas las alarmas
Para los docentes que se encuentran articulados a la Asociación de Institutores, la muerte del profesor, quien recibe varios impactos de bala en el tórax en presencia de estudiantes y algunos colegas de la institución, es una tragedia que se suma a la grave crisis de derechos humanos de la región. Según comentó el presidente del sindicato de los docentes, Omar Orozco, en la actualidad hay un total de 40 educadores amenazados, sin mencionar la situación que se presenta con los demás sectores sociales.
Desde el cuerpo de profesores y quienes representan a las comunidades afro en el departamento, también lamentaron los hechos y aseguraron: “Estamos dolidos porque estamos impartiendo cultura, formación para nuestros estudiantes en las difíciles partes que tiene nuestro Caquetá y lo que recibimos es crímenes”. Y no es para menos, además de los 40 docentes con amenazas en contra de sus vidas, gracias a la labor social que realizan, existen otros 27 educadores de este mismo departamento que han tenido que ser reubicados por las múltiples amenazas de muerte.
El cuerpo de docentes llama la atención sobre esta situación, y lamenta que, a pesar de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC, y de la posibilidad de un camino más afable para quienes desarrollan la actividad social, a las instituciones educativas no haya llegado la paz y por el contrario, quienes han ejercido un papel comprometido con los acuerdos y con el cese de la violencia, hoy sean víctimas de guerra.
Los móviles del asesinato de Juan de Jesús se desconocen, de su familia se sabe que deja a su esposa que también ejerce la docencia y con varios meses de embarazo, al igual que a tres hijas menores. La Asociación de Institutores pide se amplíen las investigaciones y se de con los responsables de este crimen, así como se pide frenar la ola de violencia que hoy llega a las instituciones educativas llevándose a quienes, a través de la cátedra, imparten valores humanos de reconciliación y convivencia pacífica.
Otro líder comunal asesinado
Por otra parte, en la noche del pasado viernes 20 de julio en zona rural del municipio de Orito, en el departamento del Putumayo, fue abaleado el líder Oswaldo Táquez, de 51 años, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remolino.
Según informó la comunidad, a Oswaldo, lo abordaron varios hombres quienes le dispararon en cinco oportunidades. Este hecho se presentó luego de una reunión que se realizó en la escuela local y en la que participó Oswaldo y cuyo tema central era la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El comunal lideraba desde hace un par de años lo relacionado con los cultivos ilícitos y la sustitución de los mismos como lo propone el acuerdo firmado en La Habana. Las autoridades locales, en cabeza del alcalde Manuel Eduardo Ocoró, realizaron un consejo seguridad el sábado de la semana pasada, para tomar medidas y salvaguardar la integridad de los líderes sociales de la región.
La comunidad llama la atención sobre estos casos, pues no es la primera vez que un líder comunal vinculado a la sustitución de cultivos de uso ilícito es amenazado o asesinado en el departamento. Comunales de la región buscan salidas a la ola de violencia y piden que se respeten los acuerdos de paz.
Estado colombiano pide perdón al pueblo de los Wiwa
En un acto público el pasado jueves 19 de julio, en Sabana de Manuela, territorio ancestral del pueblo Wiwa, San Juan del Cesar, La Guajira, fue llevado a cabo el acto de perdón que el Estado debió adelantar en el marco de la verdad, justicia, reparación y derecho de no repetición, como clamor de las comunidades por los daños atroces en contra de sus comunidades.
Este hecho se da gracias a que, el Tribunal Administrativo de la Guajira, declara la responsabilidad de la Nación a través del Ministerio de Defensa por el desplazamiento forzado y masacre de la comunidad Wiwa de la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, municipio de San Juan del Cesar, sur de La Guajira. “El 1 de septiembre de 2002, aproximadamente 200 paramilitares del Bloque Norte del grupo denominado Autodefensas Unidas de Colombia – AUC, incursionaron enla vereda El Limón, asesinaron a 16 de sus pobladores, arrojaron rockets y cilindros contra la población civil e incendiaron 15 viviendas”. Frente a estos hechos, “el Estado colombiano desconoció sus obligaciones de garantía y protección frente al pueblo Wiwa, faltando a los deberes que se desprenden de su condición de garante y permitiendo la violación de derechos fundamentales a una población objeto de protección reforzada”, así lo determinó el Tribunal, en sentencia de segunda instancia frente a una acción de grupo presentada por integrantes de la comunidad indígena Wiwa.
