Los falsos positivos judiciales son una realidad que han cobrado muchas víctimas bajo diferentes gobiernos en Colombia, donde la protesta social es un crimen
María Alejandra Baquero Vargas
@RepreMaleja
En la mañana del 28 de abril, fecha en la que inicia el paro nacional, Arturo Bravo, estudiante de sociología de la Universidad Nacional de Colombia, recibe una visita por agentes de la SIJIN, en un inicio él los deja ingresar a su casa, pues imagina que era solo un allanamiento por parte de la policía, cosa que es normal en medio de escenarios en los que la protesta social es criminalizada y que a compañeros de su misma carrera ya le habían ocurrido. Sin embargo, lo que en un inicio Arturo pensaba, era una visita que no iba a durar mucho tiempo, se convierte en el comienzo de un largo proceso judicial al conocer que iba a ser capturado.
Es así como en el marco de las protestas del 28 de abril del 2021 son capturadas 14 personas, señaladas por la Fiscalía General de la Nación y por los medios de comunicación de concierto para delinquir y terrorismo agravado. Sin embargo, la juez señaló durante el proceso que estas capturas fueron ilegales por falta de elementos probatorios.
VOZ dialogó con Arturo Bravo sobre la situación vivida, en la que la Fiscalía intenta vincular a las personas capturadas con los hechos presentados en la ciudad de Bogotá el día 9 de septiembre de 2019 y les acusa de pertenecer a bandas clandestinas que participaron en hechos de vandalismo durante esa jornada.
¿De qué lo acusa la Fiscalía?
–Teóricamente es un proceso que llevaba de antes la Fiscalía, se supone que hay una investigación al respecto. Como ya sabe, los medios han mostrado una información tergiversada, una información bastante criminalizante, ellos han dicho que quedaron en libertad 14 terroristas, pero lo que no dijeron fue que en el momento en el que se hizo una audiencia de legalización de allanamiento y legalización de captura hubo bastantes irregularidades que hicieron, precisamente, que estas dos instancias las considerara ilegales. En ese momento no se nos dijo a ninguna de las personas implicadas en el caso cuáles eran los hechos por los cuales nos estaban acusando, hasta el momento no se sabe con precisión de qué hechos se me está acusando. Estoy esperando una audiencia de imputación de cargos en la cual teóricamente me van a decir de qué manera figuro yo en ese proceso, en esa investigación, ahora sí, de qué se me está acusando.
¿Considera que es víctima de un montaje judicial?
–La interpretación que podemos darle y que le han dado muchas personas y que le ha dado la academia es que se trata de un falso positivo judicial, que precisamente surge con el fin de callar el movimiento social y estudiantil. Es una modalidad de represión y coincide con el hecho de que dicha captura se realizó justo el 28 de abril por la mañana, claramente con una dinámica de represión que criminalizaría la protesta y que mostraría resultados. Resultados que al fin y al cabo saldrían a dar la versión oficial de que las marchas están infiltradas, de que hay células clandestinas que organizan y que hacen parte de estos disturbios que suceden en la ciudad.
Me he enterado más por los medios oficiales que por las instituciones a cargo del proceso de lo que supuestamente se me está acusando. Entre comentarios escuché a dos policías en medio del proceso decir que era por el 9 y el 10 de septiembre del año pasado; pero luego nos fuimos a la audiencia y entonces decían que no, que la investigación venía desde antes; después salía Blu radio a decir que eran miembros de una banda clandestina; pero todo como una información que está, por decirlo así, no solo tergiversada sino mal transmitida. Ahí podemos ver que indudablemente además de las irregularidades de primera instancia en el proceso también hay una suerte de misterio, de no saber cómo encaja todo y de saber cómo el estado y como la institución que es la Fiscalía y también la policía quieren disponerlo todo para poder criminalizarnos.
¿Qué opina de los falsos positivos judiciales?
–Hay unos elementos comunes, respondiendo a otras narrativas vigentes de otras personas que en este momento están privadas de su libertad, los cargos de terrorismo y concierto para delinquir que, al parecer, en el caso del terrorismo, en nuestro sistema jurídico está bastante politizado y que es la herramienta de represión principal para crear presos políticos y falsos positivos judiciales.
Hemos tenido muchas víctimas de esto, sobre todo, en el departamento de Sociología, lamentablemente, destacamos por una gran historia de represión al igual que el Partido Comunista, al igual que los sindicatos. Entonces, hay una criminalización del sindicalismo, de la militancia de izquierda y de la sociología como disciplina, creo que así es como perfilan a sus víctimas y de alguna manera hacen todo lo posible por vincularlas con grupos al margen de la ley; diría que ese también es un elemento central, que también ha hecho parte de esa práctica sistemática.
Tampoco hay que invisibilizar en hechos recientes, han capturado a muchas personas, así mismo, en los medios han mostrado no sé cuántos judicializados, y si tú te pones a pensar cuántos de ellos no serán muchachos que salieron a protestar porque se enteraron que en su barrio iba a haber un plantón y por mala suerte les agarró la policía y ahora están enfrentando un proceso judicial ante la fiscalía, es una cosa bárbara, y pensar cómo para las instituciones es tan fácil imputar cargos de esa calaña, cargos que ante el mismo sistema judicial privan de beneficios a las personas. Aunque sea un proceso doloroso un proceso traumático, es difícil imaginar un proceso de represión de esas magnitudes.
¿En qué etapa se encuentra el proceso y cuánto puede demorar?
-No se sabe si todavía hay un seguimiento o una investigación, los únicos que sabrán eso serán la Fiscalía y la policía, imagino que me tendrán entre ojos. Hasta el momento solo estamos a la espera de una audiencia de imputación de cargos, en la que teóricamente tendrán que decir por qué me están inculpando de esos cargos y pues se supone que viene otra audiencia que es la de medida de aseguramiento y habrá más hasta que se llegue a un veredicto.
Este proceso, siento yo, es bastante demorado, puede durar un año o más, y algo que pasa con estos casos de falsos positivos judiciales es que una vez se les tiene una medida de aseguramiento en un centro carcelario la Fiscalía tiende a dilatar el proceso por un cambio de fiscal o un cambio de juez y así puede pasar hasta un año y ni siquiera se ha llegado a la audiencia de imputación de cargos. Hay gente que está en la cárcel y ni siquiera sabe de qué se le está culpando.
