“Señora Mery, ¿qué espera de esta Corte?”

0
384
Miembros de la Comisión Interamericana de DH, Representantes de las víctimas GIDH y mujeres líderes defensoras de DH de la Comuna 13 de Medellín. Junio 27 de 2015, San José Costa Rica.

Lideresas de la Comuna 13 de Medellín

Diana Gutiérrez Londoño*

El pasado 26 de junio de 2015, La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó a las víctimas del caso Teresa Yarce y otros, que es el primero en llegar a esa instancia internacional, por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, en el año 2002, durante las operaciones militares ordenadas por el gobierno colombiano de la época. Hechos ocurridos especialmente en la conocida operación “Orión” que hoy se sabe, fue adelantada conjuntamente por los organismos del Estado y estructuras paramilitares, la misma que sirvió para que estos grupos paraestatales se hicieran al control de esta amplia zona de la capital antioqueña.

Las representantes de las víctimas

El caso Teresa Yarce y otros, lo adelanta el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, organización defensora de derechos humanos que ha representado a más de 1.000 víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se presentó hace 10 años como parte de un litigio estratégico constituido por 10 casos individuales que dieron continuidad a tres audiencias temáticas adelantadas ante la Comisión Interamericana sobre la Comuna 13 de Medellín, durante los años 2002 a 2004.

Los casos han denunciado las desapariciones forzadas, las detenciones masivas, la persecución a las organizaciones sociales y a sus líderes y lideresas, el asesinato de defensores y defensoras de derechos humanos y la connivencia entre el ejército, la policía y paramilitares al mando de alias “Don Berna” para la realización de varias operaciones militares conjuntas, entre ellas la Operación Mariscal y la Operación Orión. Igualmente han denunciado la nefasta política del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que bajo la consigna de “Seguridad Democrática” declaró un estado de excepción para realizar detenciones masivas, violando derechos fundamentales. Ha sido todo este trabajo permanente del GIDH, el que propició que se acumularan en este caso las violaciones a los derechos humanos sufridas por las cinco mujeres lideresas defensoras de derechos humanos.

El caso Teresa Yarce y otros

Desde el año 2002, las cinco lideresas sufrieron y han sufrido persecución, amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados intraurbanos, exilio, violencia, hostigamientos, destrucción de sus viviendas y estigmatización por su labor comunitaria en defensa de los derechos humanos. Han sido objeto de múltiples y sistemáticas violaciones por haber denunciado los atropellos de las fuerzas estatales y paraestatales y por haber exigido al Estado la protección y garantía de los derechos de la población civil. Ana Teresa Yarce fue asesinada el 6 de octubre de 2004 en el barrio Las Independencias. Antes y durante Orión había sido detenida y privada de la libertad arbitrariamente; Luz Dary Ospina y Miriam Rúa fueron amenazadas, hostigadas, perseguidas y posteriormente desplazadas forzadas, además sufrieron la ocupación, desmantelamiento y destrucción de sus viviendas ubicadas en la comuna 13; hoy de sus casas, levantadas con el esfuerzo propio y de sus familias, solo quedan las ruinas. Mery Naranjo y Socorro Mosquera fueron víctimas de señalamientos, montajes judiciales, detención y privación arbitraria de la libertad junto a Teresa en el marco de la misma operación militar “Orión”.

Desde entonces no han cesado las violaciones de sus derechos humanos, fueron igualmente víctimas de desplazamiento forzado intraurbano, luego de un tiempo, decidieron “retornar” a la comuna 13 sin importar el riesgo para continuar con su labor de defensoras, las victimizaciones, ataques y hostigamientos son constantes, razón por la que, la misma Corte Interamericana dictó una orden de protección internacional, (medidas provisionales) hoy vigente, para que se les garantice su vida e integridad personal.

La Audiencia

El Estado de Colombia compareció una, vez más, ante la Corte, por violar de manera grave los derechos humanos de las defensoras de derechos humanos, Ana Teresa Yarce, Socorro Mosquera, Mery Naranjo, Miriam Rúa y Luz Dary Ospina.

En la audiencia este alto tribunal escuchó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presentó el resumen de su “Informe de Fondo” emitido el 4 de noviembre de 2013, escuchó a las representantes, a una de las víctimas, en su condición de tal y como testigo, al perito Carlos Rodríguez, sobre el tema de indemnización administrativa y reparación judicial, e igualmente escuchó a los agentes, testigos y peritos del Estado, quienes no tuvieron vergüenza y con el cinismo que los caracteriza, no perdieron la oportunidad para revictimizar a las lideresas y a sus representantes con un sartal de mentiras, mediante las cuales pretenden perpetuar la impunidad.

El GIDH, como representante de las defensoras comunitarias de derechos humanos espera que se haga justicia y se establezca la verdad de los hechos; que las lideresas sean reparadas integralmente, que se establezcan garantías de no repetición y, especialmente, se recupere la libertad para ejercer el derecho a defender los derechos humanos.

Un juez de la Corte durante la audiencia

Mery Naranjo: “Espero que se sepa la verdad y que se haga justicia”

Ha llegado la hora de la justicia para las mujeres, para las defensoras de derechos humanos, para las lideresas comunitarias. Ellas, sus voces, su verdad y su reclamo de justicia, reparación integral y garantías de no repetición, ya tuvieron su oportunidad en la Corte Interamericana, y la misma es un antecedente importante para las mujeres defensoras de derechos humanos, esperemos que la Corte no sea inferior a este momento histórico.

Por todo esto y por lo que significa el derecho de acceso a la justicia para las mujeres, necesitamos la solidaridad de todas las organizaciones sociales, políticas, de mujeres, defensoras de derechos humanos, organizaciones del pueblo con esta lucha que es de todas y todos y estar pendientes de que este alto tribunal cumpla con su compromiso jurídico de salvaguardar los derechos humanos de las mujeres defensoras y lideresas comunitarias, para que el Estado sea condenado internacionalmente y así acabar con la impunidad en nuestro país frente a los ataques y agresiones a las mujeres.

* Feminista, abogada defensora de derechos humanos, Voluntaria del GIDH.