Seguridad alimentaria y pandemia

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La pobreza y la pandemia son una combinación letal que obligó a muchos hogares a sacar un trapo rojo, en demanda de asistencia humanitaria por parte del Estado

El hambre y la desnutrición no son necesariamente el resultado de la escasez o la falta de alimentos, por tanto, el aumento de la producción agrícola es insuficiente para lograr la seguridad alimentaria

Zulma D. Ramírez Cruz*

El combate a la pobreza y la erradicación del hambre constituyen desafíos fundamentales de gobiernos y organismos internacionales ante un escenario global en el que los afectados por este flagelo ascienden aproximadamente a 700 millones de personas con deficiente acceso a una alimentación adecuada y suficiente.

Dentro de este grupo, según estimaciones de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en su informe de 2020 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, por lo menos 155 millones de personas presentan severas deficiencias alimentarias. Señala dicho organismo además que el covid-19 puede agregar entre 83 y 132 millones al total de desnutridos.

La crisis económica mundial profundizada por la pandemia y la consecuente contracción del crecimiento en América Latina y el Caribe, junto a la volatilidad de los precios de los alimentos, muestran un panorama aún más adverso para los próximos años en materia de seguridad alimentario-nutricional en la región.

Este escenario se torna mucho más complejo en el marco de gobiernos neoliberales que agudizan la problemática a causa de la implementación de políticas de ajuste en lo social.  De acuerdo con los análisis de especialistas, las medidas sanitarias implementadas para controlar la propagación del virus tienen consecuencias directas sobre el funcionamiento de los sistemas alimentarios.

Latinoamérica y el Caribe

Esta región fue la primera en proponerse el objetivo de erradicar el hambre antes de 2025 a través de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. En el periodo 2000-2014 se dieron avances notables. La prevalencia del hambre descendió de 11 a 5 por ciento en América del Sur, en tanto que en el Caribe pasó de 24 a 20 por ciento1[1]. Parte de estos resultados se explican por políticas más integrales y multidimensionales, que abordaron las diversas causas de este flagelo mediante la participación de todos los actores sociales.

Sin embargo, el estado actual de la SAN (Seguridad Alimentaria y Nutricional) regional muestra que la tarea de garantizarle esta seguridad a los más pobres de forma sostenible sigue inconclusa. El viraje de un número importante de países hacia el modelo neoliberal como Brasil, Ecuador y Uruguay, así como en Bolivia y Argentina durante los gobiernos de Añez y Macri respectivamente, implicó un importante retroceso.

Las contradicciones

A partir de las cifras que ofrece la FAO en su informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020, el descenso de la subalimentación de la población en esta región se ha estancado alcanzando en 2019 un 7,4 por ciento, tendencia que se venía dando en un escenario económico de desaceleración, decrecimiento y de aumento de la pobreza, incluso sin los impactos de la pandemia.

En el periodo 2014-2019 la población de esta región en situación de hambre aumentó en más de 13 millones de personas hasta llegar a los 47,7 millones. Estas cifras contrastan con el hecho que los países latino-caribeños en su conjunto, producen una cantidad de alimentos suficientes para cubrir los requerimientos mínimos de calorías de la población teniendo en cuenta los valores de la producción regional. Sobresalen como grandes productores Brasil, México, Argentina y Uruguay, en tanto Brasil y Argentina son los principales exportadores de cereales.

Tabla: Número de personas subalimentadas, América Latina y subregiones, 2000-2019. (En millones de personas)

Fuente: FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF. 2020. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, 2020. Santiago de Chile. https://doi.org/10.4060/cb2242es

Medidas de corto y largo plazo

La propagación del covid-19 y las medidas sanitarias, económicas y sociales implementadas para enfrentar esta pandemia han generado inevitablemente impactos en los sistemas alimentarios y en la SAN.  La oferta y la demanda se han visto afectadas, por un lado, por la reducción de la capacidad de producción y distribución de alimentos y por el otro, por el aumento del desempleo y la consiguiente disminución del poder adquisitivo de la población. En la región, de acuerdo con la FAO, el hambre y la malnutrición son evidentes sobre todo en las zonas rurales de Belice, Colombia, Guyana, Honduras, México, Panamá y Perú, donde se encuentran cifras mayores de desnutrición infantil y de retraso en el crecimiento en comparación con los centros urbanos.

Sin embargo, la profundidad de dichos impactos depende en gran medida del enfoque de las estrategias que se aplican, ya que los más afectados siempre serán los grupos poblacionales más pobres y vulnerables.

En esta medida, es esencial considerar políticas del orden coyuntural que mitiguen los efectos más inmediatos, vinculadas con otras del largo plazo que se ocupen de las problemáticas estructurales que dan lugar a la inseguridad alimentaria, teniendo en cuenta la estructura del sector agrícola y la forma en que se insertan los países en el sistema agroalimentario mundial.

Otras medidas

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,  en su informe sobre Estructura comercial y medidas económicas ante la pandemia de covid-19, explica que entre las medidas implementadas para mantener los sistemas alimentarios, se encuentran aquellas relacionadas con el comercio internacional tales como la prohibición temporal de las exportaciones de productos alimenticios propios de la dieta básica en cada país;  flexibilización  de los  plazos para el pago de impuestos de aduanas de las importaciones o la eliminación temporal de estos, así como medidas que faciliten los trámites  de importación de insumos o las donaciones.

Además, se han aplicado programas de protección social a sectores vulnerables, sin embargo, en muchos casos han sido poco efectivos debido a que los recursos destinados a este fin han sido insuficientes.

Es evidente que la situación de la seguridad alimentario-nutricional en la región ya era un problema alarmante antes de la aparición del covid-19. La cuestión es que esta pandemia ha revelado esta problemática con mayor crudeza porque su impacto socioeconómico la han agudizado aún más allá de lo puramente coyuntural.

Problema estructural

La inseguridad alimentaria y nutricional en la actualidad persiste porque es consecuencia de un sistema internacional de agricultura y alimentación basado en la acumulación de capital, que no tiene como prioridad satisfacer las necesidades humanas. Los efectos del cambio climático, el vínculo entre los mercados energéticos y agrícolas en la producción de agro-combustibles y el consecuente aumento y volatilidad de los precios de los alimentos y de los insumos para la producción, así como la monopolización de esta última a escala global, son causas y manifestaciones de una crisis alimentaria que, en últimas, es la expresión de la crisis sistémica del capitalismo.

Los efectos de esta crisis son devastadores sobre todo para aquellos países dependientes de las importaciones de alimentos en los cuales persisten graves problemáticas determinadas por las desigualdades entre países, la escasez de recursos económicos y en esencia por la condición de subdesarrollo de las regiones más atrasadas.

Problemática integral

El hambre y la desnutrición no son necesariamente el resultado de la escasez o la falta de alimentos. Es relevante comprender, que el aumento de la producción agrícola como único factor para lograr la seguridad alimentario-nutricional en la población es insuficiente. Si bien esta es esencial para lograr mayores niveles de disponibilidad de alimentos, solo se vuelve efectiva cuando se toman en cuenta además los canales y parámetros de accesibilidad, nutrición y estabilidad como totalidad sistémica, en concordancia con las cadenas productivas y de valor en las que se sustenta la SAN. Quiere decir que el avance en este sentido es una cuestión de acceso a los alimentos, a un ingreso adecuado para adquirirlos o a recursos productivos que le permitan a la población vulnerable producir sus alimentos suficientes y adecuados. La distribución desigual de alimentos, tierra y otros recursos puede considerarse como causa cardinal del problema.

El actual contexto exige aumentar y fortalecer los esfuerzos para lograr erradicar el hambre y alcanzar mayores niveles de seguridad alimentaria y nutricional, propósito en el que las políticas públicas pueden seguir desempeñando un rol relevante.

*Dra. Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Cuba.

1[1] CEPAL, FAO Y ALADI. Seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre CELAC 2025.  Santiago. 2016.

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