Carlos Fernández*
De acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las utilidades del sector financiero durante el año 2013 sufrieron un importante bajón con relación al año 2012. El salto fue, en verdad, impresionante: de $37,2 billones pesos de utilidades alcanzadas en 2012, se pasó al «modesto» guarismo de $6,3 billones en 2013, lo que representa una disminución del 83,1 por ciento entre un año y otro. A simple vista, parecería que el conjunto del sector financiero hubiera sufrido un golpe contundente del que le costaría trabajo recuperarse.
¿Quién pierde y quién gana?
Al mirar las cosas más de cerca, el fenómeno presenta otra cara. La SFC divide el sector financiero en dos grandes subsectores: el primero corresponde a las entidades que ella vigila directamente; el segundo, a los fondos constituidos dentro de tales entidades.
Estos fondos, que no son entidades sino cuentas, provienen, de un lado, de los excedentes de liquidez de las grandes empresas y de los capitalistas tomados como personas naturales y, del otro, de los aportes voluntarios a los fondos privados de pensiones y cesantías por parte del grueso de los trabajadores formales y de una mínima parte de los trabajadores independientes, así como a una parte importante de los recursos del régimen pensional de prima media.
Pues bien, el primer subsector –conformado por los establecimientos de crédito, las entidades aseguradoras, las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa, las sociedades administradoras de fondos de inversión, los proveedores de infraestructura para el mercado financiero (como la Bolsa de Valores de Colombia) y las instituciones oficiales especiales (como Bancoldex, Findeter, la Fen, etc.)– pasó de un volumen de utilidades de $10,0 billones en 2012 a uno de 9,3 billones en 2013, es decir, sufrió una disminución de 7 por ciento.
Por su parte, el segundo subsector –conformado por los fondos de pensiones y cesantías del régimen de ahorro individual, los fondos de pensiones voluntarias administrados por sociedades aseguradoras, los fondos administrados por las sociedades fiduciarias, que incluyen, en parte, fondos de pensiones del régimen de prima media, y los fondos administrados por intermediarios de valores– pasó de una utilidad de $37,2 billones en 2012 a una de $6,3 billones en 2013, lo que representa una baja de 111,2 por ciento en el volumen de utilidades.
Sin entrar a profundizar en las razones para esta disminución en el volumen de utilidades, cabe señalar que el carácter especulativo, principalmente, de los fondos administrados por las entidades financieras los pone en alto riesgo cuando, por factores internos y, sobre todo, externos, baja la rentabilidad de los papeles financieros en que se colocan estos recursos. En lo que atañe a los fondos que administran los excesos de liquidez de los capitalistas, el riesgo al que son sometidos es asumido conscientemente por estos, quienes le apuntan a enriquecimientos súbitos y acumulativos.
Por el contrario, los fondos, tanto privados como públicos, que corresponden a las cesantías y las pensiones de los trabajadores, al ser sometidos a los mismos riesgos especulativos, ponen en entredicho la solvencia del sistema para responder por el futuro de los trabajadores propietarios de los mismos. Esto obedece a la concepción mercantilista de la seguridad social que impera en el régimen político vigente.
Y hay más
Cuando decimos que el subgrupo de los fondos administrados disminuye más sus utilidades que las instituciones que los administran (propiedad de grandes capitales nacionales y extranjeros) no estamos diciendo que no pierden. La utilidad de 6,3 billones obtenida por estos fondos, en su conjunto, no puede ocultar el hecho de que, si se miran las cifras en forma aún más desagregada, se tiene que, mientras los fondos de inversión y capitalización que manejan las fiduciarias obtuvieron 716 mil millones de utilidades, los recursos de la seguridad social (Fondo de pensiones de las entidades territoriales y otros) presentan una pérdida de 983 mil millones.
De lo que se trata, pues, es de que los recursos de los trabajadores salgan de la esfera del capital financiero nacional y transnacional y reciban una administración cuidadosa de parte de entidades competentes, en cuya administración participen los propios trabajadores. Se juega la garantía de una vejez digna para los pocos trabajadores del país que, en las actuales circunstancias, pueden considerar sus cesantías como un auténtico ahorro y sus aportes a pensión como un derecho al que van a acceder cuando corresponda.
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*Investigador del CEIS.
