Iván Posada P.
El sector energético está conformado en principio por la red de centrales para producir energía eléctrica y por las generadoras departamentales, las cuales surten el consumo de hogares, industria y comercio y para el alumbrado público de veredas, municipios y ciudades del país.
Existen dos modalidades básicas para producir energía eléctrica: la hidráulica, que genera cerca de 64% del total y la térmica, que produce 31%. La capacidad total de generación del sistema interconectado es de 14.361 megavatios.
A finales del siglo XIX el estado comenzó la electrificación del país con la creación de las primeras empresas municipales, entre ellas las Empresas Públicas de Medellín, EPM, Empresa Municipal de Cali, Emcali y la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, EEB. Hacia 1969 se crea ISA para la interconexión eléctrica nacional. En una primera reestructuración del sector, ISA se dividió en dos, ISA para trasmisión e Isagén para generación y comercialización de energía, gas, carbón y otros energéticos de uso industrial, y para la ejecución de proyectos de generación en el ámbito nacional. En la actualidad Isagén cuenta con seis centrales de generación, cinco hidráulicas y una termoeléctrica. Por su capacidad de generación es la tercera en el país con el 18 por ciento del Sistema Interconectado Nacional.
El Estado posee el 57 por ciento del paquete accionario de Isagén, Empresas Públicas de Medellín el 12.9, los Fondos de Pensiones el 15%, los accionistas minoritarios 8.17% y grupos extranjeros el 6.3%.
Es una compañía muy rentable: el año pasado arrojó utilidades por 460.903 millones de pesos y para el año entrante éstas superarán el billón de pesos. En toda su historia, le ha trasferido al Estado más de 800.000 millones de pesos, sin contar los 103.000 que deberá entregar en octubre próximo.
El modelo económico
¿Por qué entonces vender esta empresa y con ella el sector eléctrico nacional cuando precisamente está generando utilidades y ha sido administrada con eficiencia? El argumento expuesto por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, es invertir estos recursos en la infraestructura vial, en el marco del llamado programa de concesiones viales de cuarta generación. “Isagén es una empresa sólida y eficiente; la industria de generación eléctrica es madura en Colombia y cuenta con una adecuada regulación y con amplia competencia, mientras que las necesidades del país en materia de infraestructura de transporte son apremiantes”, dijo el ministro Cárdenas.
Para otros especialistas del tema, esta decisión es para compensar el déficit fiscal del gobierno central. Con la venta de este activo de la nación, el gobierno recaudaría cerca de 5 billones de pesos.
El economista Eduardo Sarmiento, afirmó que la venta de este activo es una pésima decisión que lesionará los intereses de todos los colombianos. El argumento del analista consiste en que las inversiones que el Estado ha realizado en infraestructura a lo largo de la historia han sido blancos de pérdida de recursos, graves hechos de corrupción y sobrecostos.
La razón de fondo de esta medida es el modelo de apertura económica que se viene aplicando en el país desde la administración de César Gaviria (1990 – 1994). A la apertura comercial se suma la paulatina privatización de las funciones del Estado y sus empresas. Fue el Estado colombiano a través de créditos con la banca internacional, con impuestos y tarifas que construyó y mantiene en funcionamiento el sistema eléctrico nacional, no el sector privado. A partir de 1994 se aceleró el proceso de privatización, con efectos negativos, especialmente en materia de tarifas, que desde entonces han crecido por encima de la inflación anual.
Esta ha sido una de las condiciones para atraer al capital privado, fundamentalmente extranjero. La subasta del sector comenzó con la venta de las termoeléctricas de Cartagena y Tasajero, luego Carbocol, Cerrejón, Telecom y Ecogás, entre otras. A nivel distrital la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá corrió la misma suerte y pasó a manos de Codensa, proceso acompañado del despido de trabajadores y aumento de tarifas. Están en la lista para próximas privatizaciones las electrificadoras Emsa del Meta, Ebsa de Boyacá y las de Huila, Nariño y Caquetá. El Grupo Argos, monopolio cementero, ya tiene propuestas para hacerse al paquete accionario de Isagén. En cuanto a Ecopetrol, en años anteriores el Estado vendió el 10 por ciento y ya se habla de acudir al Congreso para vender o capitalizar otro diez por ciento. Así se cerraría un ciclo de desmonte del patrimonio estatal en estos dos sectores estratégicos de la economía colombiana.
