Contrario al discurso oficial, durante 2013 comparado con 2012, los asesinatos de sindicalistas pasaron de 22 a 28 víctimas. Se incrementan las amenazas y los atentados en el marco de las nuevas estrategias de persecución sindical emprendidas por los patronos y los agentes del Estado.
Luis Alberto Vanegas Z.
Director departamento de Emplesas Transnacionales
CUT Nacional
Todos los días al movimiento sindical se le viola el derecho a la vida y a la integridad física de sus afiliados y dirigentes; contrario al discurso oficial y a su propaganda manifiesta que esa situación está superada. Durante 2013 comparado con 2012, los asesinatos de sindicalistas pasaron de 22 a 28 víctimas; esto rodeado de un incremento de las amenazas y de los atentados en el marco de las nuevas estrategias de persecución sindical emprendidas por los patronos y los agentes del Estado.
Las estrategias implementadas son la criminalización de la protesta social con leyes como la de Seguridad Ciudadana que establece penas de dos a cuatro años por participar en las movilizaciones; los montajes judiciales contra dirigentes sindicales como sucede con Húbert Ballesteros, dirigente del paro agrario, vicepresidente de Fensuagro, elegido al Comité Ejecutivo de la CUT nacional en 2013, quien se encuentra detenido desde agosto del año pasado. De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia también acaba de dejar en firme la condena de 70 meses de prisión y una multa de 700 millones de pesos contra Liliany Obando, socióloga y dirigente de Fensuagro.
Estos son algunos ejemplos de dirigentes sociales y campesinos que se encuentran en las cárceles a causa de la violación sistemática de los más mínimos derechos como la vulneración al derecho a la defensa que ha generado 9.500 prisioneros políticos. A esto se suma la declaratoria de ilegalidad de las huelgas, los despidos, las estigmatizaciones y los atentados al derecho a la vida.
Los atropellos siguen
Nuevamente han surgido las detenciones masivas: a comienzos de abril fueron detenidos 13 afiliados del Sindicato de Trabajadores del Tolima, Astracatol, y situaciones similares han ocurrido en Nariño, Putumayo y Huila. En medio de la estigmatización y persecución de los trabajadores de Sintraemcali, en abril su sede sufrió un atentado; las multinacionales Drummond y Pacific Rubiales se destacan por sus persecuciones, amenazas, despidos y montajes judiciales, como la detención de tres dirigentes de la Unión Sindical Obrera, USO, en el departamento del Meta y las amenazas a sus afiliados en Barrancabermeja.
En 2014 van registradas 22 amenazas. Solo en 2013 el Departamento de Derechos Humanos de la CUT registró 185 y un total de 277 violaciones a la vida, libertad e integridad física de los sindicalistas que se suman a las más de 13 mil violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, registradas desde 1985. Históricamente la clase dominante ha implantado una cultura antisindical que niega el derecho al reclamo laboral provocando una sistemática política de arrasamiento y de terrorismo de estado que convierte en enemigo a todo aquel que reclame derechos o mejores condiciones de vida.
Los sectores más afectados son los campesinos, los educadores, los trabajadores minero-energéticos y los trabajadores penitenciarios. Es allí donde se debe orientar la denuncia y la solidaridad de clase en el ámbito nacional e internacional para detener el baño de sangre contra el movimiento sindical, los líderes sociales o contra cualquier colombiano a causa de su forma de pensar.
Persiste el 95% de impunidad de los autores materiales y más del 99% de los autores intelectuales siguen libres por la inoperancia de la justicia colombiana. Ante esta grave situación la CUT y el movimiento sindical denunciarán nuevamente el genocidio de más de tres mil sindicalistas, situación que ha sido la causa de que Colombia tenga una de las tasas de afiliación sindical más bajas: 3.8% de la Población Económicamente Activa, PEA. Para ello se presentará el informe que contendrá esta y otras denuncias a la 103 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que se desarrollará en junio del presente año, allí se exigirá que el país sea incluido en la lista de los más violadores de los derechos humanos y laborales.
Reunión con Santos
En desarrollo de esta movilización permanente por los derechos a verdad, justicia y reparación integral, tanto individual como colectiva, y frente a este último tema, a pesar de la existencia de la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas, en reciente reunión de las centrales obreras con el presidente Juan Manuel Santos, éste reconoció que la Ley no garantiza un marco reglamentario expedito para la reparación colectiva al movimiento sindical. Se comprometió a constituir un equipo de trabajo de alto nivel en el que participarían el gobierno y las centrales con el fin de buscar una reglamentación que garantice la reparación individual y colectiva al movimiento sindical.
Sacar adelante este compromiso parte de mantener viva la memoria de las víctimas y de avanzar en la movilización para erradicar las causas de la violencia antisindical que surgen por la existencia del conflicto social y armado. Los trabajadores están convencidos de que únicamente por la vía del diálogo y la solución política negociada se garantizará la paz con justicia social. De allí surge el compromiso de que los diálogos entre el gobierno y el movimiento insurgente transiten de los acuerdos a su real desarrollo.
