Se hundieron las objeciones a la JEP

0
4397
Plenaria del Senado de la República.

En la defensa del Acuerdo de Paz, las mayorías parlamentarias lograron proteger la columna vertebral del sistema de justicia transicional. Como se esperaba, será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra

Redacción Política

En la noche del martes 30 de abril se cayeron las objeciones a la JEP propuestas por el presidente Iván Duque al Senado de la República. Este acontecimiento trajo otra derrota política para el partido de Gobierno a pesar de tener bancadas aliadas que al día siguiente votaron con el Gobierno el Plan Nacional de Desarrollo.

Lo que pasó

Cuando el presidente de la República, Iván Duque, decidió objetar el 10 de marzo seis artículos de la Ley Estatutaria que reglamentaba la JEP, el camino jurídico para resolver la controversia tendría al Congreso de la República como protagonista. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tendrían el inédito reto de rechazar por mayoría las objeciones o aceptarlas modificando el articulado. En otras palabras, modificar el acuerdo de paz y abrir por segunda vez una renegociación.

El primer pulso entre el partido de Gobierno y los sectores comprometidos con el Acuerdo de Paz se vivió el lunes 8 de abril en la plenaria de la Cámara de Representantes. En cuatro horas, se debatieron y se votaron las objeciones presentadas por el Ejecutivo. El resultado fueron 110 votos en contra y 44 a favor de las objeciones, acogiendo la ponencia negativa que la comisión accidental presentaba ante la corporación legislativa.

El efecto que traería esta decisión de la cámara baja sería el hundimiento automático de las objeciones. Sin embargo, para el uribismo el debate y votación en Senado sería un nuevo round político, donde se buscaba la aprobación de las objeciones y así seguir dilatando el funcionamiento de la justicia transicional en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.

El espectáculo

Para obtener una necesaria victoria en la cámara alta del Congreso de la República, el uribismo acudió a una triple estrategia. El primer paso, fue dilatar el debate y la votación a lo largo de casi tres días desde que la oposición, apelando al estatuto, definió el orden del día para poner a debatir las objeciones. El segundo momento, fue acudir a la vieja estrategia de lobby parlamentario para ganar a punta de dádivas burocráticas, votos a favor de las objeciones y así asegurar una mayoría que las aprobara. Y una tercera estrategia, darle protagonismo a los aliados de las objeciones como el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, o el embajador norteamericano, Kevin Whitaker.

Luego de varios aplazamientos y álgidos debates, el martes 30 de abril se abrió nuevamente la plenaria del Senado de la República para discutir y votar las objeciones presidenciales a la JEP. Las cámaras del Canal Institucional registraron el bochornoso espectáculo de dilatar la votación con el nefasto papel que jugó Ernesto Macías.

Superados la estrategia uribista de dilatar, sobre las 9 p.m. se inició la esperada votación. Para rechazar o aprobar las objeciones se necesitaría una mayoría absoluta en dicho proceso. Los cálculos tendrían que de los 108 senadores y senadoras, existían sobre la mesa 14 impedimientos, donde están los cuatro senadores del partido FARC, y una silla vacía, la de la investigada congresista Aída Merlano. Serían 93 senadores y senadoras los llamados a votar con el número de 47 votos para aprobar o rechazar las objeciones.

El resultado fueron 47 votos que rechazaban las objeciones y 34 que las ratificaban. La controversia jurídica y política que no se ahorró el partido de Gobierno le salió costoso pues la paz recibió un respaldo mayoritario hacia la JEP.

Derrotados

Ante el evidente fracaso, al día siguiente de la votación el presidente del Senado, Ernesto Macías, convocó a los voceros de los partidos y a los senadores más representativos de las bancadas, a una reunión urgente con los senadores delegados por el Centro Democrático encabezados por Álvaro Uribe Vélez. A la reunión fueron invitados los voceros del partido FARC.

La idea del uribismo, es que en un congresito a la sombra, se pudieran renegociar dos objeciones: la que supuestamente eliminaba la extradición del ordenamiento jurídico colombiano y la que versa sobre los terceros que participaron en el conflicto armado. La cordialidad con la que dio inició la reunión se difuminó rápidamente en un candente debate con fuertes discursos de parte y parte. La bancada alternativa no aceptó los argumentos y se ratificó en que se habían alcanzado los votos necesarios para hundir las objeciones.

En el marco de la acalorada discusión, se conoció que la Corte Constitucional sería el árbitro de la controversia y actuaria de juez para indicar si la votación del martes 30 de abril era suficiente para echar al piso las objeciones.

Sin acuerdo terminó el “congreso a la sombra”, se recompuso el quorum y de nuevo se dejaron las constancias históricas sobre la votación. El Centro Democrático tuvo la difícil tarea de dar la cara y señalar que habían obtenido una victoria en el parlamento, mientras que la oposición hacia lo mismo con la diferencia que los votos mayoritarios estaban por la paz, con excepciones contadas de algunos senadores que se abstuvieron de votar con la mayoría y prefirieron esconderse al momento de sufragar.

El autogol de Duque

Desde el mismo momento en que el Presidente de la República decidió tomar la postura política de objetar la JEP, varios analistas jurídicos, personalidades de diversas tendencias ideológicas y la opinión pública en general, advirtieron que dicha decisión sería una torpeza política que traería consecuencias en la ya precaria gestión de la actual administración.

En primera medida, Iván Duque demostró que no tiene mayorías parlamentarias para gobernar. Si bien Colombia basa su estructura del poder en un sistema presidencial, la sintonía con el poder legislativo es necesaria para materializar el proyecto de país que se busca desde el Gobierno. Si bien logró mayorías para aprobar su política económica con el Plan Nacional de Desarrollo, salió derrotado en una de las principales banderas políticas de su colectividad, hacer trizas la paz.

En segunda instancia, el Gobierno uribista entró en una innecesaria confrontación con el poder judicial. Al objetar por inconveniencia la JEP, el ejecutivo desconoció una sentencia constitucional, y con la votación en las cámaras del Congreso de la República, se reafirmó que es la Corte Constitucional quien tiene la última palabra.

Como tercera consecuencia, la aventura uribista mostró que sus funcionarios tienen poca capacidad para generar consensos fundamentales para el ejercicio de Gobierno. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y el presidente del Senado, Ernesto Macías, exhibieron su absoluta incompetencia a la hora de cumplir con sus responsabilidades políticas. El uribismo ya llegó a su máximo techo y su discurso de confrontación militar no es la prioridad para los colombianos. El desgaste de Duque y el partido de Gobierno fue mucho a lo largo de este debate pues apelaron a las peores estrategias de la politiquería en todo el debate.

Finalmente, Iván Duque desgastó su propio gobierno. No solo tensionó las relaciones en el poder legislativo sino que le quitó tiempo a su propia agenda para sacar adelante proyectos estratégicos como la reforma a la justicia o al sistema de salud. Salvo la Ley de Financiamiento y el Plan Nacional de Desarrollo, a la fecha el Congreso de la República no ha aprobado ningún proyecto de ley bajo iniciativa del ejecutivo. La necesaria gobernabilidad no aparece y el tiempo corre en contra del gobierno Duque.