Se caen imputaciones

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Para el juez de garantías es evidente que el proceso de detención de los 13 jóvenes no contó con las garantías constitucionales, puesto que no existió un control efectivo del procedimiento y se dio paso a una prolongación ilegal de la privación de la libertad después de las 36 horas reglamentarias.

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Paola Salgado, Lorena Romo y Liset Camacho celebran su libertad.

El día sábado 12 de septiembre, el Juez 44 Penal del Circuito de la ciudad de Bogotá, otorgó la libertad de los activistas sociales detenidos hace 66 días.

Para el juez de garantías es evidente que el proceso de detención de los 13 jóvenes no contó con las garantías constitucionales, puesto que no existió un control efectivo del procedimiento y se dio paso a una prolongación ilegal de la privación de la libertad después de las 36 horas reglamentarias desde la detención.

Los señalamientos apuntaban a que diez de los trece jóvenes habían participado en la organización de disturbios ocurridos en la Universidad Nacional de Colombia, y la ejecución de actos de propaganda política del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de las llamadas bombas “panfletarias” que no tienen mayor poder destructivo.

La defensa de los jóvenes consideró que la medida de aseguramiento privativa de la libertad “brilló por su ausencia de motivación”, y se decretó la nulidad de la decisión, dejando como resultado que el procedimiento incumplió con la obligación que tienen todos los funcionarios judiciales de argumentar sus fallos. Este procedimiento habría violado el debido proceso y el derecho a la defensa, razón por la cual dispuso que debiera volverse a pronunciar la judicatura sobre la solicitud elevada por la Fiscalía.

Luego vino otra afectación ilegal del derecho a la libertad de los jóvenes. Las autoridades penitenciarias dilataron su salida hasta que, después de una presión mediática y con la advertencia de los abogados de impetrar una acusación por prevaricato, finalmente, se logró devolver a la libertad a los trece encartados.

La defensa espera que después de conocida la decisión del juez, a los activistas que hacen parte del movimiento social Congreso de los Pueblos, se les repare en su buen nombre, dado el alto nivel de señalamiento por parte de los medios de comunicación, del Presidente de la República, el Vice Fiscal General de la Nación y los generales de la Policía, Rodolfo Palomino y Humberto Guatibonza. Se espera, además, se les garantice que ante tal estigmatización mediática, por los supuestos atentados en Porvenir, sus vidas e integridad física, no corran peligro.