El joven mandatario deberá definir si está con el gran empresariado o con el pueblo. Un gobierno no puede servir simultáneamente a la oligarquía depredadora y a quienes, en la otra orilla, necesitan con urgencia igualdad de derechos y justicia social
Ricardo Arenales
Los problemas heredados por el gobierno de Gabriel Boric en Chile, parecieran estar condenados a perpetuarse, puesto que ninguna de sus ejecutorias hasta ahora, en dos meses largos de su nueva administración, parecen encajar en el clamor popular, que lo llevó confiado al solio de los presidentes, pero que vigila sus pasos.
El asunto es que, más que ejecutorias, ha habido disculpas: que la inflación, que las secuelas del covid, que los daños colaterales de la guerra en Ucrania, en fin, el programa de gobierno se cae de manera acelerada y lo que en realidad se perfila no es un proyecto de izquierda sino uno neoconservador.
Para los más agudos analistas chilenos, la cuestión es más profunda aún. Radica esencialmente en que Boric no puede servir al mismo tiempo a dos señores, no puede pretender navegar en aguas tranquilas mientras prende una vela a dios y otra al diablo.
Antagónicos
Llegó al poder gracias a una coalición de fuerza políticas de centro izquierda. Pero una vez posesionado, armó otra coalición para garantizar su ‘gobernabilidad’, y en no pocos aspectos los intereses de una y otra son antagónicos.
En tales condiciones, Boric no acaba de posesionarse, no concluye su ‘luna de miel’, y tiene ya la incertidumbre de convivir con dos agendas de gobierno: una, la de campaña, respaldada por la coalición Apruebo Dignidad, que promete cambios sustantivos en salud, educación, empleo, descentralización, medio ambiente, derechos de género, pensiones, es decir, una visión democratizadora de la sociedad.
Y de otra parte está una coalición de facto, la de los partidos de la vieja Concertación, que gobernó durante 20 años y fue repudiada en las urnas en forma mayoritaria por el pueblo. Este sector representa al gran capital transnacional que en forma incesante reclama del nuevo gobierno “seguridad jurídica” y garantías de que podrán invertir con tranquilidad sus capitales y podrán seguir disfrutando de sus enormes ganancias y privilegios, mientras el pueblo se aprieta el cinturón.
Los cambios no vendrán solos
Lo que pide el gran empresariado es, ni más ni menos, que rehacer a la medida de sus intereses el programa de gobierno de Boric. Hace tres meses, más de cuatro millones y medio de chilenos votaron por un programa de cambios sociales, y la oligarquía quiere derogarlo, desafiando la voluntad democrática del 56 por ciento del electorado. Esa mayoría votó por un programa de por sí moderado, buscando el tránsito a una nueva institucionalidad, que probablemente va a reivindicar la Convención Constitucional, que adelanta en estos momentos su tarea.
No se trata de un problema de “falta de experiencia” por parte de Boric, como sugieren algunos. Su debilidad reside en su incapacidad de resolver la crisis contenida desde hace 30 años, y que siempre tiene el riesgo de lanzar a las calles a la gente, que no tiene toda la paciencia del mundo para esperar a que los cambios se produzcan por inercia.
El gobierno ha asumido un tono conciliador para armonizar las demandas populares y al mismo tiempo morigerar las presiones del gran capital. Para ello ha acudido a uno de los discursos predilectos de la vieja Concertación. El de la ‘responsabilidad económica’, del sacrificio, que en términos neoliberales significa que los pobres se hagan cargo de las pérdidas de los ricos, un discurso ya deslegitimado por las vigorosas movilizaciones populares del pasado reciente.
Codicia sin límites
Boric deberá definir si está con el gran empresariado o con el pueblo. Un gobierno no puede servir a la vez a la oligarquía depredadora y a quienes, en la otra orilla necesitan con urgencia igualdad de derechos y justicia social.
Ya el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, dijo que son insuficientes las garantías que el gobierno ofrece a los empresarios. “Tenemos que hablar -dijo- de un acuerdo de gobernabilidad que dé certezas jurídicas”. Se trata, por supuesto, de exigir privilegios para las inversiones privadas y los mecanismos que permitan operar sin límite a la codicia del gran capital.
En estas condiciones, se van apagando las expectativas de cambio a medida que pasan los días. La encuestadora Cadem mostró recientemente un crecimiento de la desaprobación de la gestión de Boric, con un aumento de nueve puntos porcentuales en una semana, para situarse en un 50 por ciento de rechazo. Otra encuestadora, Pulso Ciudadano, dice que la desaprobación llega al 51 por ciento.
Cadem dice que los segmentos donde mayor desaprobación se da es en las personas entre 35 y 54 años (61 por ciento), los sectores medios (56 por ciento) y bajos (54 por ciento). Boric aún tiene tiempo para ajustar el rumbo. Pero no tiene cuatro años para afianzarse, a lo sumo un semestre. El reto es que, de aquí a esa fecha, que va a coincidir con un referendo constitucional, se agudicen la inflación y los problemas de orden público.