Alberto Acevedo
El 29 de julio próximo, la ciudad de Santa Marta, una especie de perla del Caribe, se alista a cumplir un nuevo aniversario de su fundación. Un martes de julio de 1525, el adelantado don Rodrigo de Bastidas, quien acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje a ultramar, fundó la ciudad, que más tarde sería la capital del departamento del Magdalena, en una modesta ceremonia en presencia de un grupo de españoles y nativos.
Coincidiendo con los preparativos del nuevo aniversario, un grupo de ciudadanos ilustres de esa región, entre ellos Carlos Vives, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y el destacado futbolista Radamel Falcao García, entre otros, han constituido un comité de grandes figuras que aboga porque la ciudad sea designada como sede de los XVIII Juegos Deportivos Bolivarianos del año 2017.
Por sus tradiciones, su cultura, por la calidad de su gente, Santa Marta merece ser sede de los juegos deportivos. Sin embargo, la ciudad presenta grandes contrastes en el esfuerzo por su desarrollo. Tiene una de las más hermosas playas de Caribe, una industria turística pujante, y recibe enormes recursos financieros por concepto de regalías. Pero estos dineros no se reflejan en el bienestar de sus gentes, que padecen desempleo, miseria y un drama humanitario sobrecogedor.
Las víctimas
Hace pocos días, en una entrevista concedida al programa regional de televisión ‘Pasión por Santa Marta’, el defensor del pueblo de esa ciudad, Albeis Fuentes Pimienta, reconoció la existencia de una verdadera emergencia humanitaria en la ciudad. La prioridad de la oficina a su cargo, dijo en ese momento, es la de incorporar a las víctimas del conflicto armado al goce pleno de derechos civiles, sociales y económicos.
El problema de las víctimas, dijo el funcionario, ha querido ser invisibilizado por algunos sectores del poder regional, y la Defensoría del Pueblo ha debido ponerse en la tarea de visibilizar el problema. Existe una especie de alerta por la situación de violencia generalizada en el departamento, y esta circunstancia provocó una reciente visita del defensor del pueblo a nivel nacional, quien estuvo acompañado de un representante de la Acnur y de otras agencias de las Naciones Unidas.
Los generadores de los elevados niveles de violencia que vive la ciudad, y en general del departamento del Magdalena, son las bandas denominadas ‘El clan de los Giraldo’ y ‘Los Urabeños’. En este sentido, el defensor regional saludó el hecho de que la Corte Constitucional haya dicho recientemente que las víctimas de las denominadas Bacrim, deben ser incorporados a los beneficios y a las políticas diseñadas por la llamada Ley de Víctimas.
Sin salud
La cárcel distrital Rodrigo de Bastidas, tiene un hacinamiento del 300 por ciento y constituye otro drama humanitario de la ciudad. Construida para albergar a 250 internos, hoy tiene 1.100, de los cuales más de 400 deben dormir en el suelo, en condiciones infrahumanas. Las mujeres detenidas son recluidas en un pabellón especial y la ciudad no se decide a construir un penal especial para mujeres, que sean tratadas en condiciones dignas de acuerdo a su condición de género.
La Defensoría del Pueblo ha expresado preocupación por la situación de salud en el departamento. En los seis meses corridos del año, no ha sido posible que la secretaría de Salud anuncie un programa concreto de salud pública. No se contratan operadores, pese a que el despacho tiene los recursos para ello. Entre tanto, el dengue hemorrágico ya ha cobrado vidas, y se extiende la epidemia de AH1N1, la rabia y otras enfermedades prevenibles.
No hay en Santa Marta programas de vacunación para niños y ancianos. No se conocen planes de desratización o de zoonosis, urgentes para una población que pervive en condiciones de altas temperaturas y sin agua potable o servicios de alcantarillado suficientes.
En materia de orden público, las bandas paramilitares imponen las reglas del juego, sin que las autoridades militares hagan mucho por impedirlo. En las últimas semanas estallaron 12 artefactos explosivos. Varios periodistas han sido amenazados de muerte por divulgar la realidad de los hechos y en barrios populares las bandas criminales restringen la libertad de locomoción de sus habitantes. Por lo menos once escenarios de riesgos existen en la ciudad, según el Ministerio Público. El mercado central es un centro de extorsiones y en diversos barrios se presentan homicidios selectivos.
Carruseles
En el caso del denominado ‘carrusel de la contratación’, la Fiscalía General de la Nación ha abierto nuevos procesos, que de acuerdo a reciente información de prensa, se extienden a cinco departamentos más. Uno de ellos es el del Magdalena. Allí el Grupo Andino Marín Valencia, Grama, a pesar de tener sede en Santander, extendió sus negocios oscuros hasta la costa atlántica.
Junto al empresario Joaquín Haddad, se involucraron en la realización de trece obras, varias de ellas en el Magdalena, para las cuales recibieron 232 mil millones de pesos. Esos dineros en su mayoría se esfumaron, y la fiscalía anuncia, probablemente antes de que termine julio, los resultados de las primeras pesquisas, que pueden involucrar a connotados políticos de la región.
Las cifras oficiales de desempleo, según el DANE, son del 7.8 por ciento y la ciudad aparentemente cumpliría, en materia de ocupación laboral, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero ese alentador panorama, no toma en cuenta que, en el departamento, el 72 por ciento de la población vive en cabeceras municipales y el 28 por ciento en el resto del territorio, y solamente Ciénaga y Santa Marta concentra el 50 por ciento de esa población. Y la economía de estos sectores poblacionales se basa en servicios, transporte, comercio y turismo, con una tasa de informalidad superior al 72 por ciento.
El sentido de la paz
En esas condiciones, la incidencia de pobreza es del orden del 58.8 por ciento de la población y en la franja de pobreza extrema el 23.5 por ciento de los pobladores, alrededor de 1.201.386 habitantes. Sin embargo en algunas poblaciones como, Pijiño del Carmen, Nueva Granada, Santa Bárbara de Pinto, Zapayán y San Zenón los índices de pobreza llegan hasta el 94 por ciento, mientras el indicador nacional se ubica en el 12.30 por ciento. Sencillamente aberrante.
Digamos también, basados en cifras del Ministerio del Trabajo, que en Santa Marta cerca de seis mil niños y adolescentes, entre 5 y 17 años de edad, se ven forzados a trabajar, lo que reporta una tasa de trabajo infantil del 5.5 por ciento.
Cada año en Santa Marta, según el Ministerio de Educación, cerca de 4.500 estudiantes abandonan las aulas, presionados por las condiciones de hambruna en sus familias. De los estudiantes que se quedan, el 4 por ciento reprueba el año escolar, y de éstos, la mitad repite el año. Este es el drama humanitario de una ciudad que se apresta a cumplir 500 años de su fundación, en un país que, si nos remitimos a las noticias de la mesa de negociaciones en La Habana, afanosamente busca una paz llena de contenidos sociales.
