Con el nombramiento de Andrés Rugeles como alcalde encargado en el distrito, se consolida el plan de las familias tradicionales por recuperar el gobierno en la principal ciudad del departamento. Fuerzas progresistas responden con movilización
Redacción regional
El pasado lunes 1 de abril, el presidente Iván Duque procedió a nombrar al señor Andrés Rugeles, secretario de transparencia de la presidencia como alcalde encargado de Santa Marta, mientras se elige un encargado de la terna que Fuerza Ciudadana radicó una semana atrás, la cual fue desconocida por el presidente. El nombramiento de Rugeles no cayó bien en el distrito, se reconoce como una clara imposición del poder centralista y presidencialista, además de una violación a la participación política de los miembros de Fuerza Ciudadana que hoy gobiernan la ciudad.
Al nombramiento del lunes, sobrevino el día martes 2 de abril el anuncio de la inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Carlos Caicedo, líder de Fuerza Ciudadana y hoy aspirante a la gobernación del Magdalena, decisión que es apelable y por tanto sus efectos están momentáneamente suspendidos. En palabras de Caicedo se le está sancionando sobre la base de declaraciones emitidas por funcionarios de Metroagua Inassa.
Caicedo y Metroagua Inassa
Como bien se sabe, fue Caicedo quien lideró la lucha para que Inassa saliera de Santa Marta mediante una acción popular que interpuso y fue fallada a favor de la ciudad. El procurador Carrillo, de visita en Santa Marta, anunció una cascada de inhabilidades en el Magdalena que fueron recibidas como un mensaje de continuidad en las sanciones contra el gobierno de izquierda y sus líderes.
Esta sanción impuesta a Caicedo fue impulsada por Marta Castañeda, viceprocuradora de Alejandro Ordóñez y de fuertes vínculos con la familia Diazgranados, quien se llevó el proceso a Bogotá y desde allá le dio el impulso que hoy se traduce en un intento de sacar de la competencia electoral a quien amenaza el poder de las familias tradicionales en el Magdalena.
El jueves 4 de abril, Andrés Rugeles se posesionó ante notario como alcalde encargado de Santa Marta, en acto acompañado por opositores del alcalde Rafael Martínez, y por asesores que han trabajado con la familia Diazgranados y familiares del parapolítico condenado, Poncho Campo Escobar.
Viernes de lucha
El viernes 5 de abril inició con las movilizaciones y concentraciones a las que llamó la convergencia democrática del Magdalena para expresarle al señor Rugeles el profundo rechazo que hay en la ciudad con su nombramiento. Esta paralizó amplios sectores de Santa Marta durante el día, y son el inicio de una respuesta sostenida popular en defensa de lo conquistado en las urnas que hoy está secuestrado por el uribismo.
Avanzada la mañana se conoció el control excepcional que decretó el contralor Carlos Felipe Córdoba en Santa Marta por “graves denuncias” de corrupción, hecho que se suma al linchamiento mediático, judicial, disciplinario y fiscal desatado en contra de la izquierda en Santa Marta. Estas acciones, más un informe con rasgos de entrega de cargo solicitada para el lunes 8 de abril por el alcalde (e) Rugeles a los miembros del gabinete desató una airada reacción en medio del primer consejo de gobierno en la cual secretarios como Raúl Pacheco, Francisco García y Luis Guillermo Rubio rechazaron el actuar sincronizado de los entes de control con el encargado para dejar en el ambiente la sensación del combate a la corrupción cuando la ciudad es testigo de lo contrario.
El modelo que gobierna a Santa Marta desde hace siete años es el que más ha invertido recursos en obras y bienestar para los menos beneficiados como lo reconocen la mayoría de ciudadanos, quienes durante cuatro años han valorado al alcalde Martínez como uno de los tres mejores en el país. El viernes cerró con la visita del presidente Iván Duque a la ciudad, quien se reunió con el alcalde (e) Rugeles en la casa finca de la familia Diazgranados, en la cual estuvieron a manteles con otros representantes de la clase política tradicional del Magdalena, quienes celebran que la tenaza contra la izquierda esté funcionando bien.
Marta Lucía y su movida
En los círculos políticos ha trascendido que Andrés Rugeles es cuota de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ha estado activa en otros encargos impositivos que violentan la voluntad popular como el caso de San Andrés. Además lo envió con un asesor personal que ha sido director de su campaña en el Magdalena, y con el sobrino de un parapolítico conservador. Parece que entre las muchas funciones en Casa de Nariño asignadas a la vice está la de desconocer la voluntad popular en los territorios que se oponen al uribismo.
