Luis Alfonso Mena S.
La sanción del procurador Alejandro Ordóñez al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es una venganza de la oligarquía colombiana, y especialmente de la bogotana, contra la posibilidad de que un gobierno de izquierda pudiera avanzar en la implementación de políticas de protección de lo público.
Fue un fallo arbitrario fundado en una ideologización de la sanción disciplinaria, pues castiga a Petro no por incurrir en un acto de corrupción, sino por poner en marcha una medida orientada a evitar el monopolio de la recolección de basuras por parte de capitalistas particulares que lo usufructúan en detrimento del beneficio de la sociedad.
Es más, ya un juez de la República falló positivamente sobre la legalidad de la actuación del alcalde cuando expidió el decreto 564 de 2012, mediante el cual ponía en marcha los cambios en el sistema de recolección, providencia que desvirtúa aún más la inhabilidad que por 15 años profirió Ordóñez contra Petro.
La acción disciplinaria, que no judicial, contra el alcalde de Bogotá fue ocasionada, entonces, por la interpretación que hizo el Procurador desde su posición de derecha, según la cual prima el derecho de los particulares a la libre empresa sobre el interés general representado, en este caso, en la posibilidad avizorada por Petro de la prestación del servicio de aseo a menores costos y con tarifas menos gravosas.
Así, se configuró un gran adefesio jurídico por parte de Ordóñez, que convirtió el desarrollo de una medida de administración pública en un acto sancionable, con lo cual hace, como decían los abuelos, una vía y dos mandados: cercena la posibilidad de que Bogotá tenga un gobierno alternativo, de un lado; y saca de la arena política a uno de los líderes de la izquierda más importantes y con mayor futuro, del otro.
De esta forma, el mensaje que envía la oligarquía colombiana es nefasto en momentos en que se dialoga con la insurgencia la posibilidad de un acuerdo de paz: en Colombia cuando no se desaparece de la escena política a la izquierda por la vía de las armas se hace por la vía de la muerte política.
Ahora la clase dirigente que quiere ver fuera del ‘ring’ como sea a Petro, se rasga las vestiduras por las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reclaman la suspensión de la aplicación de la sanción por parte del presidente Juan Manuel Santos hasta tanto ella produzca una decisión de fondo.
Dicen que es una intromisión en el sistema jurídico interno y sacan ases tramposos de todas sus mangas, como lo hicieron este miércoles 19 de marzo los candidatos presidenciales Martha Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga y Enrique Peñalosa, al lado del acomodado ministro de Justicia, Alfonso Gómez, y de otros “respetados juristas”, ex funcionarios y burócratas de las altas cortes.
Olvidan a propósito que otros fallos de la Justicia internacional han tenido que ser acogidos por el Estado colombiano, pues éste incorporó a la CIDH como parte de su sistema jurídico interno y sus solicitudes son de obligatorio acatamiento.
Es falso que Petro tuviera otras vías dentro del sistema judicial interno para salvaguardar sus derechos políticos fundamentales, pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el Código Contencioso Administrativo y la revisión eventual en la Corte Constitucional del fallo del Consejo de Estado que acaba de negar una veintena de tutelas a favor del alcalde no suspenden su destitución y sus fallos tardan en el tiempo: años, en el Consejo de Estado; y meses, en la Corte Constitucional.
Así que mienten quienes así quieren manipular a una opinión pública confundida y desinformada por los grandes medios de comunicación de las élites, que esperan como aves de rapiña el cadáver político del alcalde para acabar de despedazar una posibilidad más de lucha civilizada y democrática de un líder político procedente de la insurgencia e incorporado a la legalidad.
Esperemos a ver qué decide Santos.
