El partido FARC y la Convergencia por la paz, la vida y la democracia, radicaron proyecto de ley de tratamiento penal diferencial a pequeños agricultores de cultivos de uso ilícito
Como respuesta a la insistencia del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Defensa de recurrir a la erradicación forzada como principal estrategia para la lucha contra el narcotráfico, y dando continuidad a lo establecido en el Acuerdo de Paz, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común junto a la Convergencia por la paz, la vida y la democracia, presentaron una propuesta, construida en diálogo con diferentes organizaciones sociales, que protegerá principalmente al primer eslabón de la cadena productiva, familias campesinas que no vieron más alternativa económica en un campo azotado por la crisis, que el cultivo de coca, marihuana o amapola.
El proyecto de ley permitirá el desarrollo de un “tratamiento penal diferenciado para pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de plantaciones de uso ilícito y las actividades conexas a este, de acuerdo con las disposiciones del punto 4.1.3.4 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera y el Artículo 5 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”.
De igual manera, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos -PNIS- identificará a quienes puedan beneficiarse del tratamiento penal diferencial y que deberán cumplir los siguientes requisitos. Entre otros, cuando se trate de la comisión de alguna de las conductas punibles previstas en los artículos 375, 376, 377 y 382 de la Ley 599 de 2000.
“El proyecto va dirigido a los pequeños agricultores o agricultoras, pequeños productores o los sujetos que tengan la calidad de intervinientes en el primer eslabón de la cadena de producción de cultivos de uso ilícito”, señalaron voceros del partido de la rosa.
Igualmente se aspira a que los primeros beneficiados por la ley sean aquellos campesinos que siendo acusados de narcotráfico, el ente investigador no pudo probar su pertenecía a grupos armados organizados, para así obtener su libertad. De lo que se trata es que los campesinos acusados de hacer parte de grupos armados y al tiempo sean considerados narcotraficantes por el simple hecho de habitar lugares de desarrollo de los cultivos ilícitos, como ha venido sucediendo en la actualidad, no sean acusados de concierto para delinquir y hasta ser sujetos de extradición.
Se verán beneficiados los campesinos acusados de narcotráfico con algunos condicionamientos. Dice la bancada de la FARC: “los que manifiesten de manera voluntaria ante la Dirección del PNIS, o quien haga sus veces, o ante cualquier autoridad estatal, su deseo de acogerse a los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, y oportunamente suscriban un acta de compromiso ante las autoridades administrativas competentes. Y que no se reincida en la comisión de las conductas punibles. Así mismo se exonerará de sanciones penales a pequeños cultivadores que hayan manifestado la voluntad de sustituir sus cultivos y se priorizará en la atención a mujeres en condición de pobreza y a los pueblos étnicos”.
Se espera poder aprobar este proyecto y así dar confianza y garantías a las familias que ya están participando en los programas de sustitución concertada y que necesitan una inversión social comprometida con el desarrollo y los derechos de las comunidades.
