Es necesario que las centrales sindicales se sacudan el marasmo en el que han caído en lo que atañe a la presión que es necesario ejercer sobre empresarios y gobiernos para lograr un resultado exitoso.
Carlos Fernández*
A partir del 7 de diciembre, empresarios, trabajadores, pensionados y gobierno volverán a reunirse para discutir el incremento que se debe aplicar al salario mínimo para que comience a regir a partir del 1º de enero del próximo año. Esta negociación no deja de tener un carácter ritual, toda vez que, por regla general, en la Mesa de concertación salarial y laboral, no se logra el consenso de sus integrantes y el gobierno debe proceder a fijar por decreto el crecimiento del mínimo. La experiencia muestra que, cuando se fija por decreto, la decisión gubernamental se acerca más a las propuestas de los empresarios que a las de los sindicatos.
Algunas precisiones necesarias
La negociación es una puja por lograr que los trabajadores cuya remuneración ronda el mínimo, se apropien de una parte mayor de la plusvalía que genera su trabajo. Según el código sustantivo de trabajo, los integrantes de la Mesa deben tener en cuenta los siguientes factores para su fijación: el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y las condiciones de cada región y actividad. Si no se llega a un acuerdo en la Mesa, el Presidente deberá decretar su aumento teniendo en cuenta las siguientes variables: la meta de inflación del siguiente año, fijada por la Junta del Banco de la República y la productividad acordada por el comité tripartito de productividad que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; además, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del producto interno bruto (PIB) y el índice de precios al consumidor (IPC).
Conceptualmente, se define que existe una remuneración mínima vital que debe cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud y educación del trabajador y su familia. Sin embargo, en Colombia, el monto del salario mínimo no alcanza a cubrir dichas necesidades, ni siquiera para el trabajador solo.
Si bien el monto del salario mínimo fijado en el período 2001-2015 ha estado por encima del crecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior, al aplicársele un factor de productividad, tenemos que en este factor de productividad radica uno de los puntos álgidos de la metodología, toda vez que la política económica ha conducido al debilitamiento de los sectores productivos más importantes, como lo son la agricultura y la ganadería, cuya capacidad de innovación se ha rezagado respecto a países de desarrollo similar y no se han diseñado políticas que permitan que los trabajadores se apropien de una mayor proporción de los aumentos en productividad que, de todas maneras, se consiguen.
Condiciones de la próxima negociación
El argumento básico de los empresarios para menospreciar las propuestas de los representantes de los trabajadores es el encarecimiento de los costos de las empresas. Añaden a la argumentación que, como el salario mínimo implica prestaciones adicionales de hasta el 50%, al aumento que se acuerde o se fije debe añadírsele esta proporción. Lo que no dicen es que, con las últimas reformas laborales, se han venido desmontando tales prestaciones, lo cual genera una ampliación de las condiciones para su acumulación. Las equivocadas políticas que han afectado a la industria y a la agricultura se han visto reforzadas por la baja capacidad de compra de la población, producto, a su vez, del sesgo antipopular de la política económica.
Un elemento clave que va a pesar en la próxima negociación es la aceleración de la inflación. Mientras el incremento del salario mínimo, a partir de enero, fue de 4,60%, al finalizar octubre, el IPC había crecido, en términos de variación anual, en 5,89%, siendo el rubro de alimentos el que incidió más en ese comportamiento. Ya se vaticina que la inflación alcanzará el 6%.
Otra realidad que no puede soslayarse es la que hace referencia a la cantidad de trabajadores que ganan el mínimo. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2006-2007, aproximadamente el 75% de las personas ocupadas por esas fechas no alcanzaban a ganar el mínimo. No ha pasado tanto tiempo como para que esa situación se haya reversado.
Siendo así, es necesario que las centrales sindicales se sacudan el marasmo en el que han caído en lo que atañe a la presión que es necesario ejercer sobre empresarios y gobiernos para lograr un resultado exitoso. Del cumplimiento del ritual de las reuniones de negociación y concertación se debe pasar a la movilización de los directamente implicados en el asunto.
* Investigador del CEIS.
