Un reajuste salarial muy inferior a las alzas en combustibles, transportes, alimentos y pensiones escolares, que en enero ya afectan la economía de millones de hogares
Alfonso Velásquez
En la última semana del mes de diciembre pasado se conoció el incremento del salario mínimo legal (SML). En esta ocasión con el concurso de una parte del sindicalismo gobiernista y de la Confederación de Pensionados fundada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y por el vicepresidente de la República. También con constancias de varios sectores de la CUT, unos a favor y otros en contra, y una Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) que siempre ha hecho lo que le indica el presidente de la CGT.
Lo cierto es que el gobierno, en su afán reeleccionista, andaba muy atareado al final del ejercicio de “la concertación”, con manifestaciones demagógicas, diciendo que es el incremento más alto y lo calificó de “histórico”.
Obviamente, recibió el beneplácito de sus aduladores en el sindicalismo y los aplausos furibundos del empresariado que, por la vía de la reforma tributaria, recibió un pequeño regalo de 7.5 billones de pesos. Y del sector financiero que ha recibido utilidades en el año anterior por nueve billones de pesos. Además, del apoyo incondicional de la mayoría del impopular Congreso de la República cuyos integrantes lograron lamer una mermelada por casi ocho millones mensuales.
Al pueblo nunca le toca
Pero en el pueblo de a pie -como dicen por ahí-, la cuestión es bien distinta. A la semana de la noticia del incremento se produce el ajuste de la totalidad de los precios en gasolina, transporte, peajes. Ahora vendrán los ajustes de matrículas, pensiones escolares, alimentos, etcétera. Se acabaron los $8.884 diarios del aumento o sea, $26.527 mensuales.
Así ha sido durante todos estos años. La cuantía del SML parece ser un factor para la medición de las multas de tránsito y otros indicadores, y al no haber garantías de su aplicación, a la inmensa mayoría de las personas les importa cada vez menos estas noticias. Al fin y al cabo se revierte más en su contra que a su favor; el 70% de los colombianos que tienen alguna ocupación son empleos precarios que ni siquiera se regulan por la ley.
En el caso de los trabajadores estatales hay 509 mil con el salario mínimo y seguirá en aumento por cuanto el incremento acordado por las centrales sindicales estuvo por debajo del incremento de final de año, que fue de 3.44 %. Ahora, ¿qué le dirán a esas personas? ¿Cómo recuperar confianza en el ejercicio de la concertación? Quienes acuerdan esos asuntos ni siquiera son contraparte sino una sola parte.
Más afectados
Los otros damnificados siguieron siendo los pensionados, a quienes se les incrementa únicamente el IPC manipulado por el gobierno para mantenerlo más bajo que los reajustes al mínimo, y acumulan un déficit mayor a 20 puntos desde la expedición de la norma que reguló ese incremento anual y la pérdida de la mesada 14; además del pago injusto de 12% en materia de salud, después de cotizar al sistema durante toda su vida laboral.
Toda esta situación generará que el año 2014 sea para un grito de rebeldía frente a tanta mentira y demagogia oficial. Que los trabajadores y el pueblo, al momento de decidir su voto, hagan memoria de los representantes y senadores corruptos, neoliberales y clientelistas que han votado para incrementar la miseria, el desempleo y la pauperización de la inmensa mayoría de conciudadanos.
Que voten por aquellos candidatos que siempre han estado de lado de los sectores populares, que luchan en difíciles condiciones contra el modelo entreguista y empobrecedor.
