Jornada de protesta carcelaria
Presos de la penitenciaría de Valledupar realizaron el pasado 2 de junio una protesta carcelaria debido a la grave situación que viven, a la que ninguna autoridad le ha prestado atención. Los detenidos allí denunciaron nuevamente los tratos crueles, inhumanos y degradantes. La falta de atención médica, educación y la escasez de agua hacen que la situación constituya una violación sistemática de los derechos humanos. Los presos también rechazaron la judicialización de la protesta de junio de 2011 por parte del director de la Tramacúa, Jorge Alberto Contreras con la resolución 728 del 22 de abril de 2013, que se traduce en una violación al derecho a la protesta pacífica.
Comisionado llama la atención por discriminación
Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su profunda preocupación por los constantes ataques verbales y discriminatorios de los últimos días en contra de sectores de la población LGBTI, y en contra de las mujeres en este país.
“Nos preocupan las declaraciones vehementes de los últimos días que estigmatizan tanto a la mujeres como a los integrantes de la población LGBTI, y que desconocen las normas internacionales y nacionales de protección y respeto de los derechos humanos. Dicha estigmatización pone a las personas en grave riesgo y crea un entorno inseguro tanto para las mujeres como para los integrantes de sectores LGBTI”.
“El Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de seguir la implementación del convenio de derechos civiles y políticos, le pregunta con frecuencia a los Estados y a sus autoridades: ¿Qué están haciendo para combatir estos prejuicios en la sociedad, que constituyen obstáculos de facto, para el pleno disfrute de los derechos de la comunidad LGBTI? Y los Estados deben responder sobre la aplicación de sus políticas públicas”.
La clase de alcalde que nadie quiere
La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño rechazó las declaraciones hechas por el alcalde del municipio de Segovia (Antioquia), Johny Alexis Castrillón Salazar, en las que indica que: “en el pueblo no hay prostitución porque las mujeres son muy calientes y no necesitan que les paguen”. Según la organización de derechos humanos, estas desafortunadas afirmaciones degradan la dignidad de las habitantes del municipio, las estigmatiza y las continúa haciendo vulnerables a hechos de violencia que atentan contra su condición de mujeres.
