Corrales, Boyacá, bajo abusos permanentes de la transnacional Omega Energy
Aída Avella
La hermosa población de Corrales, situada sobre el sistema montañoso del páramo de Pisba, en la cordillera Oriental, resultó hace algunos años ser un “centro petrolero escondido”. Sus montañas fueron sorprendidas por la exploración sísmica y ahora por la explotación petrolera. La empresa Omega Energy, tiene una zona de exploración de 3.150 hectáreas, pero aspiran ampliarla a 10 mil en el llamado Bloque Buenavista, que cobija los municipios de Floresta, Gámeza, Mongua, Corrales, Nobsa, Sogamoso, Tópaga y Busbanzá. Se explota petróleo de la mejor calidad.
Subiendo por la cordillera se encuentra esta “republiqueta petrolera” y un letrero que advierte al visitante, “propiedad privada, se prohíbe la entrada a particulares”; más abajo se observan las instalaciones, nueve pozos de 15 que expulsan llamaradas permanentes, producto del gas. Dicen los habitantes que estas tierras son propiedad de Acerías Paz del Río y de una transnacional brasileña Votorantim. La Agencia Nacional de Hidrocarburos entrega poca información sobre la exploración petrolera porque hay grandes problemas en toda la Provincia de Sugamuxi.
La gran minería ni siquiera deja trabajo, sólo daños. Las fuentes de agua se reducen todos los días, la agricultura ha disminuido, los ambientalistas han advertido, tiempo atrás, los daños al ecosistema. ¿Cuál es la inversión social? La mano de obra local es excluida, la gente se queja de la falta de empleo, los boyacenses no tienen derecho a la riqueza.
Los habitantes de Corrales han formado una pequeña empresa transportadora para llevar el crudo, cada viaje cuesta más de cuatro millones a Vasconia y hace un año, aproximadamente que no se paga este servicio, por lo que dicen estas 70 familias, estar casi en quiebra y no pudieron volver a prestar el servicio desde la última semana de octubre.
Dicen los afectados que la empresa que los subcontrata les debe cerca de tres mil millones de pesos pero afirman que están mal de dinero porque Omega Energy no cancela sus servicios para cubrir la deuda.
El sábado 31 de octubre fueron amenazados de suplantar sus carrotanques por otra empresa y amenazaron subir escoltados por el Ejército y la Policía. Los transportadores se enteraron de que la empresa Impalma compró el crudo a Omega Energy en la puerta del pozo, es decir que se encargarán del transporte.
Esta empresa a su vez tiene una flotilla de tractocamiones que extrañamente pueden trabajar a pérdida. Desde luego esto será mientras sacan a los pequeños transportadores oriundos de esa región, porque como dicen los lugareños, lo que cobran ellos no alcanza ni para los fletes.
Impala es una subsidiaria de la multinacional Trafigura, que según algunos artículos periodísticos tiene demandas por contaminación en Europa, África y otros problemas en el Perú. Esta empresa puede tener hasta 10 ramales camuflados bajo otros nombres. También dicen que su accionar es igual en Barranquilla y otras ciudades del país. Es una transnacional de la trampa y el robo.
Pero los problemas no son solo de transportadores, se extienden a otros ciudadanos de la región. La empresa Proinco subcontrató a una pequeña empresa para llevar materiales de recebo gravilla y transporte de suministros, la propietaria invirtió y no le pagan hace meses. Está en la bancarrota. Al parecer esta empresa también tiene sede en Barrancabermeja y sus propietarios les han manifestado que Omega Energy no les paga. También en los restaurantes se produce el no pago de los servicios prestados.
La empresa Omega Energy está sacando parte de la riqueza de Boyacá a escondidas del país, no le paga a las empresas que contratan y éstas a su vez a los subcontratistas, formando un entramado de abusos que llega hasta el chantaje, porque quien se queja no vuelve a tener trabajo. La transnacional ha elevado a delito el derecho a reclamar los derechos constitucionales, no les basta con sacar la riqueza nacional que se alberga en parte de la cordillera oriental sino que imponen su ley, el que se atreva a reclamar también es acusado ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue.
Solicitamos al gobierno nacional, con los entes que tiene a su alcance, una investigación urgente a los desmanes y abusos de la Empresa Omega Energy, así como a sus brazos contratados, y si es el caso suspender los contratos, al constatar que vienen a sacar nuestra riqueza y a abusar de la población en general. Los impactos ambientales que está ocasionando los dejamos para un próximo artículo porque si así va a ser la locomotora minera, este país estará en manos de los abusadores tramposos y asaltantes de la riqueza nacional.
Nos preguntamos ¿quién impone las reglas para la explotación minera, el Gobierno Nacional de Colombia o las transnacionales?
