La pandemia del covid-19 ha marcado el inicio de una nueva era en el mundo y las expresiones de la sociabilidad, las sonrisas y gestos amables, se mimetizan en aquello que, otrora, pudiera confundirse en medio de las multitudes marchantes en las calles, con la capucha; hoy, el tapabocas se funde en nuestros rostros como símbolo de vida y será con él, nuevamente en las calles, que se combatirá la profunda arremetida del sistema capitalista en el país, el cual desde la pre-pandemia, avanzaba a pasos agigantados para concentrar la riqueza, eliminar los derechos, asesinar a la oposición y a toda costa, beneficiar a los empresarios y sectores más poderosos del país, sin contemplar la miseria que deja como secuela.
En medio de la pandemia, las medidas del gobierno nacional, develan un Estado que antepone los intereses económicos de los grupos industriales, comerciantes y financieros sobre la vida humana. Con este fin reconfiguran reformas tributarias, pensionales, laborales, a favor de la élite poderosa con el fin de mantener la hegemonía y superar la crisis económica, sin afectar sus arcas.
El decreto de Estado de Emergencia económica, social y ecológica, fundamentado en el artículo 215 de la Constitución Política, emitido tanto en su primera, como en la segunda fase, son la cortina de humo empleada por el gobierno para ocultar los escándalos relacionados con la compra de votos en la pasada eleccción; el asesinato sistemático de líderes sociales y de oposición; la crisis carcelaria (que antes de la pandemia, ya alcanzaba índices aberrantes de hacinamiento y corrupción); el recrudecimiento de las interceptaciones ilegales del Ejército nacional (las chuzadas para perseguir al enemigo interno); el millonario contrato con dineros de la paz, para intentar mejorar la imagen del presidente, entre otros.
El gobierno de Duque ha saboteado la posibilidad que el congreso se reuna, ha configurado una dictadura del ejecutivo para evitar el control del congreso, ha emitido decretos legislativos, en campos que directamente no están orientados a la mitigación y atención de la emergencia, como es el caso de los decretos referidos a los juegos de azar, la extradición, la reforma pensional, y reglamentación tributaria que favorecen al transporte aéreo, la extracción minera, principalmente. Además, se habilita para adquirir nuevos empréstitos multimillonarios con la banca internacional.
Las medidas del gobierno ante la emergencia han profundizado la política neoliberal, arrasando los derechos fundamentales, legalizan los despidos masivos y lesionan las condiciones del empleo digno, atacan la educación pública estatal, promoviendo su privatización y la venta de activos de la nación, sabotean las posibilidades de la paz con el constante incumplimiento del Acuerdo de La Habana; levantan parcialmente la cuarentena por la presión del empresariado, sin tener en cuenta las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, para evitar el rebrote del covid-19, sin dar solución a las deficiencias estructurales del sistema de salud, el cual, hace más de 30 años viene siendo desmantelado, privatizado y tercerizado, por lo cual no cuenta con la infraestructura tecnológica, cobertura y capacidad instalada necesaria para atender los índices de contagio actuales y los previsibles, a partir de la apertura de los sectores de la construcción y manufactura, mucho menos, para la eclosión de afectados, consecuencia del reingreso al trabajo de los demás sectores económicos del país.
Los derechos laborales se encuentran en gran peligro, ante el anuncio de una reforma laboral y pensional, que niega los logros alcanzados por la clase trabajadora. El escenario de la post-pandemia marca la urgente necesidad de fortalecer la unidad de la clase trabajadora, la resignificación del sindicalismo clasista, como articulador de la lucha que transite de lo gremial a lo político y que se sume a todos los sectores populares, de izquierda, alternativos y democráticos para enfrentar nuevamente en las calles al sistema económico, que hoy reconfigura su modelo y utiliza la cuarentena como mecanismo de desarticulación del movimiento social.
Desde hoy, hacemos un llamado a todos los sectores sociales, populares, sindicales, indígenas, de las mujeres, estudiantil, a la clase trabajadora y a los sectores políticos democráticos a reiniciar la movilización en las calles como escenario de la lucha social. Esta vez tendremos que salir pensando en la vida como imperativo, guardando la distancia y con los protocolos de bioseguridad que impidan un contagio masivo, pero que visibilicen la explosión social contra el hambre y la desigualdad que padece el país.
Hoy más que nunca urge la organización y la movilización, para defender los derechos ya conquistados e imponer mediante la lucha unitaria y masiva la renta básica universal, ante los estragos que deja la emergencia sanitaria. Dicha renta debe ser financiada con el traslado de los recursos de las reservas internacionales acumuladas por el Banco de la República, y el monto destinado al pago de la deuda externa. Es el momento de estimular y consolidar formas audaces de convocatorias para la acción sostenida, constante, nuevos repertorios de la movilización y diseñar y gestar un nuevo sistema y un nuevo modelo que priorice la eliminación de la pobreza del país, que haga realidad la justicia social y logre la paz definitiva, estable para todos, derrotando los propósitos guerreristas del Gobierno. Solo la lucha unitaria hará posible los cambios que el pueblo necesita y exige.
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