Ante la aguda crisis de violencia política y la falta de medidas de protección del Estado para las comunidades, se realizó un refugio por la vida, llamando a Duque a respetar el derecho a la paz y a eliminar su política de guerra
Carolina Tejada
@carolltejada
El Refugio Humanitario, se convocó desde diferentes organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, así como de las organizaciones políticas y populares. Las delegaciones con un estimativo de dos mil personas de departamentos como Cauca, Antioquia, Putumayo, Caquetá entre otros, llegaron el día 28 de abril a la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá, con un mensaje por la vida, como una respuesta al actual contexto nacional en el cual la violación de derechos humanos y la ausencia de garantías para la seguridad de las comunidades campesinas vienen en aumento.
Las razones del refugio humanitario
VOZ dialogó con Olimpo Cárdenas, de la organización Congreso de los Pueblos, quien junto a otras personas estuvo al frente de la coordinación de este importante evento. Él relató a VOZ la lectura sobre el actual contexto que ha caracterizado como nefasto para el país y que es la justificación del refugio: “Estamos saliendo de un ciclo de la solución política negociada del conflicto social, político y armado a una tercera edición de la Seguridad Democrática. El Gobierno de Duque cambia ese ciclo de la solución política por el enfoque militar con toda una doctrina de copamiento a los escenarios de la vida nacional”.
En ese mismo orden de ideas, Olimpo asegura que, “el aparato militar está manejando cifras astronómicas para entrar en la inversión en territorios y hacer sus campañas cívico-militares de cooptación del tejido social. Y, en medio de esa práctica, el enemigo interno vuelve a surgir como surge también el tema del terrorismo, y es en ese ambiente en donde la libertad, la vida y los proyectos sociales y populares se ven amenazados y empiezan a sufrir la salida militar del Estado”.
Un celular no garantiza la vida de un líder social
Desde el movimiento social han expresado su preocupación por los altos índices de violencia militar en el campo y ciudades, asimismo, la ausencia de mecanismos de protección. Solo en el caso FARC, más de 134 excombatientes han sido asesinados y 29 de sus familiares también. De ahí que, en el marco del refugio humanitario exigieron garantías para la vida desde las instancias que tiene hoy el país y también se manifestarán sobre cómo el nuevo gobierno ha acondicionado la protección de las y los líderes sociales. Para las organizaciones, las medidas son insuficientes en tanto lo que se quiere no es que se garanticen elementos como chalecos, celulares o escoltas sino que se garanticen las condiciones de vida de las comunidades, es decir, que se piense en prevención y no sólo en un enfoque de protección logística.
Para Olimpo, el enfoque de protección colectiva es clave en este proceso. Se refiere a las guardias indígenas, cimarronas, campesinas etc., además, ve como necesaria la búsqueda de salidas a la situación de violación de derechos humanos en los territorios y que el gobierno comprenda la necesidad de atender desde las particularidades regionales, cada realidad local, por ello se planteó que, “es necesario que el gobierno simplifique los escenarios de interlocución y los concentre en los territorios, en donde haga presencia la comunidad internacional como veedora, esto es, el Ministerio Público y las organizaciones sociales, para avanzar en una política de protección regional”.
Además, también, durante el evento, se exigieron los resultados de las investigaciones sobre las denuncias que han puesto las organizaciones sobre las múltiples violencias contra la población: “Estamos exigiendo los resultados de la fiscalía, pues antes de entregar información o dar con los autores intelectuales de los hechos de victimización de este genocidio que se está dando, hay una persecución a los líderes sociales, y en el algunos de los casos, solo hay información de los autores materiales”.
Por otra parte, comenta Olimpo, a nivel internacional están exigiendo que se apliquen los mandatos de la declaración universal de los DD.HH. y de la declaración de Ginebra, pues, “el Estado no solo está llamado a proteger la vida y los DD.HH. de sus connacionales sino también es el llamado para hacer que los respeten. Ellos deben exigirle al Estado colombiano que desarrolle políticas para detener este genocidio en el país”. También se refirió a la necesaria renuncia del Fiscal General de la Nación, pues asegura que insta a la justificación de la violencia contra las comunidades y excombatientes.
Refugiados en busca de derechos
Tan pronto llegaron a la Plaza de Toros, las personas asistentes se vincularon a diversas actividades culturales y políticas, además de adelantarse diálogos con diplomáticos de las embajadas de Alemania, España, Francia y de la Unión Europea.
VOZ también dialogó con Leandra Becerra, dirigente de la Juventud Comunista, quien contó que además del refugio se convocó una audiencia pública de control político y social en el congreso sobre “La implementación de la política pública y los mecanismos de garantías de seguridad para las lideresas y líderes sociales”, contando con la presencia de algunos integrantes de la bancada alternativa, la comunidad internacional y la fiscalía. Además, asistimos a un plantón frente a la Fiscalía General de la Nación, exigiendo la no judicialización de líderes sociales”.
El dos de mayo, luego de la jornada de refugio, se realizó un encuentro nacional de, “líderes y lideresas sociales por la vida, la dignidad y la libertad, el cual se llevó a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional, donde se buscaba establecer mecanismos para la autoprotección”. La participación de jóvenes de diferentes organizaciones del país fue notoria por su liderazgo y alegría: “En el marco de la audiencia pPública presentamos un balance sobre la situación de los jóvenes y los estudiantes en el país y sus propuestas para garantizar la vida, el liderazgo social y la libertad. Dentro de esas propuestas está la del desmonte del Esmad y la desmilitarización de la vida juvenil”, afirmó Leandra.
De este proceso quedó un informe con los patrones de criminalidad, enfoques territoriales, situación del proceso de reincorporación de los excombatientes de FARC, exigencias al Estado colombiano y solicitudes a la comunidad internacional.
Leandra asegura que es el momento de que la juventud “siga sumando por la paz, por la vida, como también se rehaga el movimiento juvenil por la paz. Estamos invitando a vincularse a la III Brigada Internacional Juvenil por la paz de Colombia que se llevará a cabo en la región del Catatumbo, en julio de este año, con la intención de rodear a las comunidades que están viviendo de cerca el nuevo escalamiento de la guerra y el conflicto social y político. Necesitamos visibilizar ante el mundo la situación que vive el país”.
