No tiene presentación que cuando todo el mundo aspira a la paz con justicia social, el Gobierno presente este tipo de proyectos que complementan la precariedad social del anunciado presupuesto nacional de 2017.
Editorial del Semanario VOZ
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, presentó el proyecto de reforma tributaria a nombre del Gobierno nacional, anunciado desde hace varios meses y publicitado por la “gran prensa”, sobre la base de las recomendaciones de un grupo de expertos, designados por el propio ministro, que justifican el esperpento alcabalero con el mismo argumento de siempre: “Estamos en momentos de crisis y de necesidad de que el Estado y la sociedad se amarren los cinturones”. Agregando que la crisis petrolera y la depresión mundial obligan con mayor razón a proteger el equilibrio fiscal y el funcionamiento de la Administración y del gasto público.
Aunque como siempre la definen como reforma estructural, es del mismo corte de las que acostumbra el poder cada año o al menos cada cierto tiempo. Es en el mismo sentido de las anteriores, de corte neoliberal, de salvación del capital financiero, industrial y de la gran empresa privada, porque son los consumidores, esto es: los trabajadores, los que reciben el principal impacto de las medidas tributarias. No es nada estructural, ni encaminada a gravar más los grandes capitales y a impedir la evasión de los poderosos, porque al contrario, en la reforma, el capital cuenta con la misma protección de siempre, con el argumento falaz de que hay que estimular la inversión y el empleo.
Con la anotación, en este caso, de que penalizan a los grandes evasores, aunque está por verse que la medida sea aprobada en el Congreso de la República, donde se mueven tantos intereses y son los grandes evasores los que financian las campañas de los partidos tradicionales y del establecimiento. Al menos ya cuentan con un aliado, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien salió con la tesis peregrina de que “penalizar a los grandes capitales estimula la evasión de los pequeños”. Una historia como para Ripley.
Entre las medidas de la reforma tributaria están la vinculación al sistema de 500 mil personas más a la tributación, porque los ingresos mensuales a partir de $2.750.000 tendrán que declarar renta desde 2017. En la actualidad está en $3.400.000. El IVA tendrá un incremento del 16% al 19% en los mismos productos; impuestos nuevos a los combustibles y a las bebidas azucaradas cuyo pago se trasladará a los consumidores con un gran impacto en alzas como el transporte, en los fletes y en las gaseosas.
En ningún caso, como suele ser, los impuestos los asumirá el empresario. El cuatro por mil, que tiene origen en un impuesto temporal mientras se refinanciaba la crisis de hace veinte años o más del sistema bancario, se convierte en permanente. Igualmente, las publicaciones tendrán IVA de 5 por ciento. El aumento tributario también toca a la vivienda.
Entre tanto, el impuesto de las empresas bajará de 43% al 32% y se elimina el de la riqueza. Y las personas jurídicas, organizaciones sin ánimo de lucro, serán sometidas a inquisitivo control que limitará el cumplimiento de la función social y la naturaleza altruista de sus objetivos. La finalidad es vincularlas al sistema tributario.
La reforma tributaria beneficia a los poderosos, hasta el punto que los influyentes gremios de la producción la apoyan, al tiempo que afecta a los trabajadores y al pueblo. El economista Eduardo Sarmiento Palacio, con sobrada razón, dijo que la “reforma reduce el salario de los trabajadores para arreglar los desajustes del sistema económico”. Como quien dice: es la acostumbrada decisión de echar sobre los hombros del pueblo las crisis económicas del régimen.
Con la carga alcabalera llegarán la cascada alcista y la depreciación del salario que reducirá su capacidad adquisitiva sin ninguna medida de protección. Es dable recordar que en la República Bolivariana de Venezuela cada vez que hay una medida similar viene acompañada del aumento salarial. Aquí no, en la “democrática” Colombia, donde se hace el esfuerzo para allanar el camino de la paz con la hostilidad de las medidas neoliberales del Gobierno de Santos.
Las centrales sindicales y los trabajadores tendrán que responder con la movilización y la presión popular para que este esperpento antipopular no sea aprobado. No tiene presentación que cuando todo el mundo aspira a la paz con justicia social, el Gobierno presente este tipo de proyectos que complementan la precariedad social del anunciado presupuesto nacional de 2017.
