El conjunto de propuestas de supuesta reforma política no toca ni de lejos los elementos de la agenda de La Habana ni mucho menos las exigencias del movimiento popular y la izquierda que reclaman garantías reales de una apertura democrática que permita aclimatar de verdad un proceso de paz.
Jaime Caycedo Turriago
El presidente Santos planteó desde un comienzo una reforma política “para restablecer el equilibrio de poderes”, la cual se basaba en tres ejes fundamentales: eliminar la reelección presidencial; unificar y ampliar los periodos de los alcaldes, gobernadores y del Jefe de Estado; y acabar la circunscripción nacional de Senado.
Junto con la reforma tributaria que centra las preocupaciones en mirar hasta dónde se seguirá recargando en ingresos del trabajo y no del capital, la reforma a la Justicia y la discusión sobre el proyecto de ley estatutaria del marco jurídico para la paz constituyen un paquete que da la impresión de que el ejecutivo no estuviera pensando en un gran giro histórico alrededor de la paz con justicia social. El conjunto de propuestas de supuesta reforma política no toca ni de lejos los elementos del punto 2 de la agenda de La Habana ni mucho menos las exigencias del movimiento popular y la izquierda que reclaman garantías reales de una apertura democrática que permita aclimatar de verdad un proceso de paz con justicia social y libertades.
La relación Gobierno-parlamento mantiene la misma complicidad que exhibió con el primer Santos. La ley estatutaria del marco jurídico para la paz puede ser aprobada, como lo fue éste y el referendo, a espaldas de acuerdos con la insurgencia. “Con FARC o sin FARC”, la paz proyectada como “victoria total” pretende ser impuesta, suave y sin dolor, para luego ser ratificada en referendo. Manes de la experiencia de Guatemala. Pero también reciclaje del viejo Frente Nacional: el “acuerdo” de los de arriba se lleva a referendo, para incubar la nueva tragedia del final del siglo XXI.
El parlamento surgido del 9 de marzo no tiene ni la más mínima idea de las condiciones para abordar con seriedad los cambios que el país reclama. Sus mayorías de derecha y ultraderecha, sus expectativas, sus contradicciones, sus vínculos con la corrupción y los límites que le imponen a la libertad de sus debates son un retrato real del régimen dominante. Las voces independientes y de izquierda hacen más notoria esta característica.
Porque, en realidad, nuevas expresiones de la rebeldía del pueblo están madurando la necesidad de importantes reformas. Las exigen la construcción de la paz, la creación de otras formas de convivencia con igualdad y derechos democráticos, el establecimiento de garantías para la Unión Patriótica y el Partido Comunista pero, ante todo, las condiciones para la incorporación masiva al quehacer político de millones de ciudadanos del común, excluidos por las insoportables presiones de la persecución política y el “relato oficial” de una falsa e inaceptable “democracia”, cundida de genocidios. Hay que decir “¡Basta ya!”.
Santos fue rescatado de su derrota electoral por el voto responsable y exigente de la izquierda y los movimientos populares. Las reformas esenciales que reclama el país están respaldadas por todas las acciones, resistencias y luchas organizadas de los movimientos agrarios, rurales, urbanos, de los derechos humanos, la salud, los trabajadores, los artistas, la universidad, y correlacionadas con las propuestas de izquierda sobre estatuto de oposición, reforma electoral, garantías para las protestas sociales, verdad, justicia y reparación para las víctimas. Justamente, el Frente Amplio por la paz con justicia social reúne simpatías alrededor de varias coincidencias que ponen en marcha acciones comunes.
Las luchas contra las reformas sin reforma, al ajuste cosmético del fin del reeleccionismo presidencial y los mayores cerramientos del sistema electoral, como la imposición de las listas cerradas, la reducción de la circunscripción nacional o el proyecto uribista de voto obligatorio, en las actuales condiciones de antidemocracia, todo eso legitima la necesidad de una asamblea nacional constituyente.
