El recetario neoliberal acecha a los trabajadores y su derecho a la pensión. El aseguramiento público se pretende acabar por completo
Ya se venía ventilando en corrillos políticos la intención del gobierno de Juan Manuel Santos, de presentar una reforma pensional al Congreso. La pasada semana se hizo efectivo el anuncio en cabeza del ministro de Trabajo Rafael Pardo, quien socializó ante la Mesa de Concertación Laboral, es decir, ante empresarios que calificaron la iniciativa como equitativa y generosa, y ante sindicatos que rechazaron sus nefastas intenciones.
La cara de la reforma
En marzo iniciará el Congreso su segundo periodo legislativo y allí se debatirán, entre otros, la reforma al régimen pensional y la reglamentación estatutaria en salud. Las opiniones de los legisladores conocidas públicamente van en un sentido y en otro.
De una parte, la bancada de la Unidad Nacional ha manifestado acompañar todos los proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo y por supuesto esta reforma pensional presentada con abrigo de oveja pero que guarda en su naturaleza dientes de lobo, no es la excepción. En la otra orilla se encuentra la oposición, dispuesta a dar un debate más allá de las constancias en el Capitolio, como ya es costumbre, y dar la pelea en las calles con las organizaciones sociales, sindicales y con la generalidad del pueblo que rechaza la reforma.
En Colombia y a partir de la Ley 100 de 1993, se considera un nuevo sistema pensional basado en un subsidio estatal más una liquidación pensional debitada del porcentaje de salarios de los últimos 10 años y sobre la liquidación de un 70% de ese salario. En aquel año se estimaba que la edad para acceder al derecho sería para los hombres de 60 años y 55 para las mujeres.
De otra parte el aseguramiento público en cabeza del Instituto de los Seguros Sociales, en la práctica es un fondo común solidario de aportes para el pago de pensiones; contrario al sistema de ahorro individual a cargo de los fondos privados cuyos rendimientos dependen de la fluctuación de la economía y los riesgos del mercado. En el ahorro individual aunque el capital ahorrado es de la persona se deben cumplir unos mínimos para acceder a la pensión.
El híbrido pensional se revaluó en una primera reforma con la Ley 797 de 2003, que elevó dos años más la edad, quedando en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres a partir del año 2014, junto a una liquidación de 1.300 semanas cotizadas en 2015 como las dos premisas fundamental es para acceder a la pensión.
“Yo no estaría de acuerdo en ninguna reforma que empeore aun más el régimen pensional de los colombianos y mucho me temo que hay muchas iniciativas incrustadas en la reforma que pueden precarizar las posibilidades de las personas que después de una vida de trabajo quieran tener un retiro digno”, fue la primera impresión del representante Iván Cepeda, al respecto.
Las cifras
Dos décadas han pasado luego de la imposición de los regímenes y los resultados de cobertura son nefastos. Para dar un ejemplo sólo el 31% de los trabajadores cotiza regularmente a pensiones. Solamente 1.3 millones de colombianos mayores de 60 años reciben una mesada pensional excluyendo del sistema a 4.8 millones de colombianos de la misma edad sin posibilidad de hacer efectivo su derecho.
Aun cuando poco se sabe de la letra menuda de la propuesta, se conocen hechos relevantes anunciados por el Ministro de Trabajo. El primero está relacionado con el traslado de todas las competencias de aseguramiento público de los colombianos a los fondos privados de pensión.
De acuerdo con esto Colpensiones solamente velará por aquellos trabajadores que quieran una pensión de un salario mínimo o menos, mientras que la única opción para acceder a más de una salario solamente lo podrán hacer los colombianos bajo las reglas del ahorro individual en los fondos privados de pensiones. De ahí la afirmación del representante Cepeda: “Ya en Colombia tener una pensión es sinónimo de hecho milagroso”.
Fondos privados
Para un experto consultado por VOZ, los fondos tampoco son, ni serán la salvación de los trabajadores pues según proyecciones económicas cada colombiano para acceder a su pensión debe haber ahorrado entre 136 y 150 millones de pesos a 2012; sobre esa cuantía podrá acceder a un salario mínimo de pensión, lo que quiere decir que hoy un colombiano para acceder a su derecho debe ahorrar al menos 185 mil pesos mensuales durante 60 años.
Justamente Armando Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, llama la atención al gobierno para impulsar de manera pronta una reforma discutida ampliamente y con las cuentas claras.
De hecho, ese interés no es nuevo, pues en un seminario de protección social en marzo de 2012 manifestó Montenegro: “No me cabe duda, que por motivos de sostenibilidad del sistema pensional y en aras de la justicia social, debemos volver a abrir esta discusión y darle la posibilidad a millones de colombianos de tener un seguro en la vejez”.
Palabras que evidencian el lobby ante la reforma con el ánimo de buscar mejores dividendos para los fondos privados. El poder de los fondos se expresa en un grado de cinismo sin precedentes al evidenciar su poder económico que se encuentra alrededor de 122 billones de pesos en la Bolsa y afirmar contundentemente que los colombianos son grandes inversionistas de compañías importantes en el mundo a través suyo.
La estrategia del gobierno ha sido clara. Anunciar una reforma con un diagnóstico real pero amañado sobre la crisis pensional en Colombia, por un lado condena algunos privilegios pensionales de servidores públicos mientras en la reforma pretende zafarse de la carga pensional y dejarla en los hombros de los trabajadores a expensas de los fondos privados.
“Una vez más están equivocados los que califican a Santos como progresista. Entregarle a los privados el negocio de las pensiones en el país es una receta clásica del neoliberalismo aplicada con mano dura”, manifestaron voces de la oposición advirtiendo el interés del proyecto.
