Una reestructuración de fondo que tocará intereses de grandes poderes económicos, ha provocado una campaña mediática de estigmatización contra la ministra de Salud y el propio proyecto
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@aurelianolatino
“Nos corresponde con responsabilidad responder al país las mentiras, tergiversaciones e infundios que se han lanzado a la opinión pública, de manera irresponsable, sin fundamentos sobre situaciones del presupuesto y la financiación de la salud”.
Así lo dijo con vehemencia hace dos semanas la ministra de Salud Carolina Corcho en rueda de prensa, ante la desinformación que ha circulado en los medios de comunicación corporativos y por la edición y descontextualización de un video, por parte de un partido político de la oposición. Invitó a dar un debate argumentado y con altura.
Y es que desde los grandes medios se han difundido ideas en relación a que los colombianos cuentan con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, además, que fue uno de los sobresalientes en atender la pandemia de Covid-19, y que el actual gobierno lo quiere desfinanciar y provocar una crisis.
No obstante, no hacen el mismo eco a los grandes escándalos de corrupción y la liquidación de las EPS, los paseos de la muerte, la falta de acceso y hasta la investigación por corrupción que implican más de tres billones de pesos en pandemia.
En ese sentido, luego de un debate sobre el sistema en febrero, el senador Gustavo Bolívar expresó vía Twitter que había que acabar las Entidades Promotoras de Salud, EPS, porque se robaron la plata de la salud y dejaron morir a cientos de miles de personas negando citas y tratamientos a tiempo. Asimismo, que entre 1998 y 2011 hubo 1.427.135 muertes evitables y 90 mil tutelas en 2020.
Cobertura sin acceso
En la misma exposición de la ministra participó el superintendente de Salud Ulahy Beltrán López, quien expresó que existe una población vulnerable que en teoría se encuentra protegida por estar afiliadas a las EPS, pero que realmente no reciben los servicios. Asimismo, dijo que no hay suficiencia de cobertura de baja y alta complejidad en varias partes del territorio.
“El principal rol que tienen las EPS, garantizar la atención en salud, no lo están cumpliendo, sin embargo, reciben recursos públicos para cumplir con esa obligación”, indicó el superintendente.
Por otra parte, sobre los argumentos del Establecimiento, de que el de Colombia es uno de los mejores sistemas del mundo, el presidente de la Federación Médica Colombiana Sergio Isaza explicó a VOZ que hay una cobertura en carnets o de afiliación al sistema de más del 95%, pero en la realidad no hay acceso en atención a buena parte de la población. Evidenció el bajo acceso en las zonas marginadas como Chocó, la Amazonía, la Orinoquía y La Guajira.
“Una cosa es nivel de afiliación y otra el acceso real. Hay negación de servicios. Por ejemplo, hay miles de personas que estaban en una EPS liquidada, los pasaron a otra y la provisión de medicamentos se perdió durante un tiempo, y durante esas semanas o meses tuvieron que comprarlos”, comentó el galeno.
De la misma manera, invitó a tener en cuenta a muchos pacientes que ante la falta de citas deben pagar de manera particular, o que al no haber acceso en los servicios regulares, se acude a los servicios de urgencias, lo que produce saturación.
La crisis recibida
Acerca de las acusaciones de haber disminuido el presupuesto para salud, la jefe de la cartera explicó que el Ministerio recibió de la administración anterior un déficit fiscal que se proyecta a 5,7 billones de pesos. Y, en ese contexto se proyectó un presupuesto de 8,1 billones, que al sumarse a la deuda darían 13.8, más de la mitad de la reforma tributaria.
Uno de los ejemplos que mostró la ministra Corcho para evidenciar que ya existe una crisis y no que sería creada por la reforma, es que la Unidad de Pago por Capitación, UPC, es decir, el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud, es menor en zonas dispersas y rurales (900 mil o un millón), justo donde hay que pagar más a los médicos y donde hay gastos de transporte para que el paciente pueda ser atendido. Mientras en Antioquia, por ejemplo, es de 1,2 millones. “Se indujo una inequidad que costó vidas porque la mortalidad infantil es tres veces superior en esas zonas”.
La ministra comentó que hay reportes de clínicas y hospitales que muestran que les adeudan más de 20 billones de pesos por la prestación de servicios, aunque las EPS ya hayan tenido los recursos que salieron del fondo Adres, y que en 2022 no reciben un adecuado control prenatal 108 mil gestantes, de las cuales 30 mil no tienen ninguna atención.
Para el presidente de la Federación Médica, hay una campaña contra la ministra porque ha logrado evidenciar la crisis del sistema y entre las soluciones también se apunta a las EPS porque son donde están los mayores focos de corrupción, control, de no abastecimiento y no flujo de recursos.
Un nuevo modelo
La campaña mediática contra las propuestas de cambio, asegura que se volverá al sistema anterior, al existente antes de la Ley 100. Isaza manifiesta que es falso e inventado por quienes han detentado el control del dinero, porque eso no se ha planteado. “Evocan cosas antiguas superadas para meterle miedo a la población y creer que vamos a volver a la barbarie, lo que se busca es superar esta barbarie que lleva 30 años”.
En primer lugar, es necesario aclarar que la propuesta de reforma que circula es de la sociedad civil, formulada en un proceso de más de seis años con la colaboración de una gran cantidad de organizaciones de la salud, con discusiones en 17 regiones, y con una cumbre nacional con más de 1.700 delegados, a la que asistieron sindicatos, asociaciones médicas y de usuarios, quienes luego la entregaron al Ministerio.
En esta se propone lo contrario a lo que se difunde, un sistema de redes integradas en servicios e integrales en cuanto a la resolución de las enfermedades de la gente, redes que rompen el fraccionamiento actual de la prestación de servicios.
Cambiar lo malo
También se plantea un sistema integrado nacionalmente, con una fuerte y amplia estrategia de promoción de la salud y de prevención y control de la enfermedad, para lo cual establecerá una gran cantidad de puestos de atención primaria con especialidades básicas como atención en pediatría, medicina interna, ginecología y obstetricia. Nada similar a lo existente antes de la Ley 100.
Habrá un fondo único de recaudo de pago administrado por la Adres. Se harán los pagos directos a los territorios, a los proveedores, a los hospitales y clínicas públicas y privadas, controlado todo en cada región por la participación ciudadana a través del diseño de políticas, de acuerdo con las necesidades y particularidades económicas, epidemiológicas y las patologías de distintas enfermedades de las poblaciones en una misma región.
En segundo lugar, la ministra aclaró que la reforma es el otro semestre y que el proyecto será debatido por los ciudadanos con encuentros regionales, el Congreso de la República, las EPS, las clínicas y los hospitales.
Sobre la negativa al cambio por parte de sectores poderosos de la sociedad, el médico Sergio Isaza expresó: “Hay que cambiar donde está el problema, donde se pierde el dinero, ¿Dónde se pierde el dinero? ¿Todos los desfalcos adónde apuntan, a los hospitales y clínicas públicas y privadas, o a las EPS?”.
